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jueves, 22 de mayo de 2014

Educación ocupó puesto central en mensaje presidencial

Secundarios obtienen demanda histórica y expertos critican falta de fortalecimiento de la educación pública

Ad portas de que las movilizaciones de los secundarios se radicalicen debido a las críticas a la reforma educacional del gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet lanzó una serie de anuncios que no estaban contemplados hace algunas semanas y que apuntan a demanda permanente de los secundarios, como la utilización de la Tarjeta Nacional Estudiantil los 365 días del año; algo que los estudiantes quieren, además, que sea gratuito. A pesar de los anuncios también hay cuestionamiento a la dirección de la reforma: “Es importante avanzar mucho más en la recuperación del Estado como garante de la educación pública”, dice Claudia Sanhueza, economista que integró la comisión de Educación de Bachelet.
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Hace un mes, tras una reunión con el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, los representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) cerraron la puerta diciendo que se encontraban “insatisfechos” después del diálogo. Quienes estaban presentes en esa reunión señalaron que el ambiente se tensionó cuando los estudiantes pidieron resolver puntos que el gobierno no estaba en condiciones de responder, sobre todo porque no consideraban que estuvieran entre las prioridades de la agenda.
Por eso, muchos se sorprendieron cuando la Presidenta Michelle Bachelet hizo ayer en Valparaíso dos anuncios que no se esperaban: la posibilidad de usar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) los 365 días del año –parte de las demandas históricas de los secundarios– y también la creación de un grupo que estudie el endeudamiento de las familias. “Quiero señalar que conformaré un equipo de expertos que estudie la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la situación de aquellos que tuvieron que endeudarse para estudiar”, dijo Bachelet.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo que “la tarjeta la estamos ampliando para todo el año, y esto tiene un costo importante, pero hay que conversarlo con el gremio de los proveedores del transporte público”, y agregó que será alrededor “de entre $10.000 y $20.000 millones, lo que es un gasto extra que pondrá el Estado”.
La diputada Camila Vallejo señaló, sobre la TNE, que se debe “garantizar que, detrás de este anuncio, este compromiso se haga efectivo que la tarjeta sea los 365 días del año, porque no puede simplemente quedar en un anuncio algo que ha sido esperado por muchos años por parte de los estudiantes secundarios”.

Terminar con el endeudamiento de los estudiantes por CAE o Corfo estaba entre las peticiones de los secundarios el día en que se reunieron con el ministro Eyzaguirre, a mediados del mes pasado; pero también es un tema que el fin de semana los estudiantes pusieron con fuerza en la agenda cuando la Confech decidió instalarlo como uno de sus ejes programáticos.
Pese a eso, Lorenza Soto, vocera de la Aces, es clara: “Nosotros pedimos condonación de la deuda y pase gratuito los 365 días del año. Tratan de arreglar las cosas resolviendo la mitad de cada demanda; pero está respondiendo al nombre de la situación no al apellido”. También anuncia que las movilizaciones de los secundarios se radicalizarán en los próximos días.
Las tomas del Instituto Nacional y el Darío Salas son sólo el comienzo.
“Acá priorizamos en todos estos proyectos la libertad del sostenedor por sobre el derecho a la educación. A los sostenedores, los empresarios, se les da 10 años para terminar con el copago. La crisis no puede seguir extendiéndose 10 años más”, comenta Lorenza. El lunes la Aces tendrá una nueva asamblea para decidir qué acciones seguirán.
Sobre el anuncio de una comisión de expertos que busque una solución al problema que enfrentan miles de familias, no sólo con créditos Corfo, también CAE, Fondo Solidario, créditos internos de las universidades o créditos de consumo educacional, Cristian Villagrán, vocero de Estafados por el crédito Corfo, señala que primero cree que son los afectados los que deben ser parte de cualquier comisión que se constituya. “Nuestro petitorio es claro, ya que pedimos la estatización de la deuda, no pagar más interés a los bancos que lucran con recursos provenientes del Estado y de nuestras familias, término inmediato de todas las acciones judiciales como embargos y remates de las casas de nuestros compañeros, retroactividad y universalidad y que no se continúe subsidiando a los bancos con dineros del Estado. Nuestras demandas son claras y esperamos que no se diluyan o vacíen de contenido por una comisión técnica que privilegie el negocio del privado por sobre el derecho a la educación de miles”, señala Villagrán.
Sobre esto último, el ministro Eyzaguirre señaló que “esto no está sacado de ningún sombrero. El programa de la Presidenta dice claramente en una de sus partes que se estudiará el caso de los estudiantes endeudados y eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

Educación pública

Sobre gratuidad, la Mandataria señaló que este será un proceso que tomará 6 años para cubrir a la totalidad de los estudiantes. “Durante mis 4 años de gobierno vamos a avanzar hasta abarcar al 70% más vulnerable, pero en el proyecto se contempla llegar al 100%”.
A pesar de estos anuncios, hay quienes creen que ha faltado mayor énfasis en un objetivo mayor. “El principal anuncio que todo Chile esperaba no se dijo ni ayer 21 de mayo ni el lunes cuando se anunció la primera etapa de esta nueva reforma educacional; me refiero al fortalecimiento de la educación pública. No hay nada de eso aún, nada en la dirección del fortalecimiento de lo público. Lo único que tenemos hasta el momento es más de lo mismo: regulación neoliberal al mercado de la educación, mantención del sistema de voucher, continuación de la idea de calidad educacional como resultado de la competencia de todos contra todos y ahora esto de la TNE, que no es sino una derivación más de esa política de bonos a la que nos tiene acostumbrados Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría”, señala Jaime Retamal, experto en educación de la Usach.
Sobre la reforma anunciada por el gobierno, Claudia Sanhueza, economista y ex miembro de la comisión de Educación de Bachelet, cree que ésta va por etapas y esta es la primera. “Sin embargo, falta una mirada sistémica e integradora. Se ve como una lista de proyectos en los cuales no se puede identificar claramente cuál es el norte. En esta primera etapa se está avanzando en desmercantilizar el sistema educativo en términos de avanzar en gratuidad y en recuperar el rol del Estado en la organización del sistema en dos temas: en un mecanismo centralizado de postulación a los establecimientos y un mecanismo aleatorio de elección que deberán usar los establecimientos, y se regula fuertemente la oferta para evitar que la educación sea un negocio”.
Sobre la educación pública, Sanhueza dice que “por un lado, eliminar el copago, en el largo plazo” la fortalece, ya que no se “segregarán los más pobres en ésta. Ya no serán las escuelas privadas subvencionadas las que recibirán más recursos porque tienen padres con mayores ingresos. Además, el fin al lucro pone un componente de regulación de la oferta de educación privada subvencionada y ya no será libre entrada de proveedores sin mayores exigencias, lo que también debería tener un efecto positivo sobre la educación pública”. Sin embargo, advierte Sanhueza, junto con esto es importante avanzar mucho más en la recuperación del Estado como garante de la educación pública: “Necesitamos un cambio en el financiamiento de las escuelas públicas (no vía voucher) y en regular mucho más la oferta privada, de manera de privilegiar la existencia de escuelas públicas paradigmáticas (laicas, integradas, cercanas a la casa). Ese sí sería un esquema en el cual lo privado colabora y no compite con lo público. Esa mirada no se ve reflejada de manera clara hasta ahora”.

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