El pasado 29 de abril se produjo un nuevo retraso para que el Poder Judicial cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de iniciar una investigación por la tortura que sufrieron en la Academia de Guerra Aérea los camaradas del general Alberto Bachelet (padre de la Presidenta), quien murió por los tormentos en los días posteriores al golpe del 73.
Sucede que la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado solicitó información a la Cancillería -a través del oficio 131- para determinar si procede la presentación de una denuncia que inicie un proceso por el delito mencionado.

Hasta allí esta petición nada tendría de particular, salvo por un detalle: todos los datos solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) se encuentran en el máximo tribunal: una parte la tiene el presidente Sergio Muñoz -el informe de fondo del Estado chileno a la CIDH, la denuncia de los ex FACh y las recomendaciones del organismo interamericano- y la revisión de los casos de DDHH que realizó el ministro Hugo Dolmestch como jefe de esa comisión dentro de la Suprema.

De esta manera, la fiscal Maldonado resolvió la “vuelta larga”, en momentos en que tomó vacaciones, quedando como subrogante la prosecretaria de la Suprema, Rosa María Pinto, quien debido a la relevancia del tema no tomará determinaciones.
Un ministro consultado consideró “innecesaria” la petición, mientras que otro explicó que Maldonado buscaba dejar cubierto todos los posibles flancos antes de resolver.
Si bien Maldonado tiene una facultad para decidir por sí y ante sí la presentación de la mentada denuncia, algunos supremos han manifestado que el asunto debiera ser materia del “pleno”, lo que de ocurrir, demorará aún más el inicio de una indagatoria.
Todo mal
Hay que recordar que la CIDH envió en noviembre pasado recomendaciones, tal como lo reveló este diario en enero pasado. Entre ellas está investigar, juzgar y sancionar a los torturadores y a quienes no hicieron justicia en su momento.
Cuando la Cancillería recibió el documento lo envió de inmediato a la Suprema, que hasta ese momento era presidida por Rubén Ballesteros. Este último respondió las consultas, fundamentalmente respecto a las causas que se tramitan por delitos cometidos contra los ex FACh, tal como lo reveló este medio.
Pese a la gestión de Ballesteros, el nuevo presidente de la Suprema, Sergio Muñoz, quien asumió los primeros días de enero sólo supo de la existencia del documento el 20, aún cuando es conocida la relevancia del tema.
Sin embargo, pese a los meses transcurridos, el Poder Judicial incumplió las recomendaciones y el plazo de CIDH, por lo que la demanda de los peticionarios se “elevó” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH). Este último órgano puede condenar al Estado por denegación de justicia, no sólo de forma pecuniaria a favor de los recurrentes, sino también a través de modificaciones legislativas. En suma el papel de antecedentes de Chile queda “manchado”.
En lo interno, los procedimientos que vienen serán la respuesta de la Cancillería a la Suprema y esperar que resolverá la fiscal Maldonado.
En lo interamericano, el Estado debe responder ahora a la COIDH y adoptar una decisión: se allana a un acuerdo reparatorio o continúa hasta el final con el juicio.
En cualquier caso el tema preocupa en La Moneda, ya que se trata del padre de Bachelet y la decisión que adopte el Estado -es lo más probable- podría ir en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Mega cambio
La determinación que debe adoptar Maldonado no es menor. Si dictamina que la justicia chilena está obligada -tal como sostiene la CIDH- a investigar los casos de tortura de los colegas del general Bachelet, abrirá una Caja de Pandora para que las agrupaciones de DDHH ingresen cientos -e incluso miles- de querellas por las personas que fueron apremiadas desde la égida de la DINA hasta el fin de la CNI.
Hay que recordar que hasta ahora el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el continuador de la Comisión Rettig, tiene a cargo los procesos en el sistema antiguo por casos de desapariciones y homicidios calificados, es decir, donde el cuerpo de una víctima tiene destino conocido y ha podido ser exhumado.
Sin embargo, para los delitos de tortura hasta ahora no está claro si podría intervenir, abriendo un flanco judicial que prolongará los casos de este tipo, pero permitirá dejar acreditada una verdad procesal con nombres y apellidos de torturadores hasta ahora desconocidos.
Largo camino
La historia de los ex FACh comenzó en 2001 cuando solicitaron a la Suprema que anulara las condenas del proceso 1-73 que inició la justicia aérea por sedición y traición a la patria. El máximo tribunal ta fines de 2002 y rechazó la petición.
Lo argumentado por la Suprema en esa oportunidad fue que carecían de competencia para revocar sanciones aplicadas bajo el fuero militar. Se trata del mismo criterio connivente que arguyeron los ministros que integraban el máximo tribunal de los primeros años de la dictadura, -en dos amparos, uno de 1973 y otro de 1974- de acuerdo al Informe Rettig.
Por esta razón los ex oficiales recurrieron a la CIDH para exigir sus derechos en el sistema interamericano.
Este diario intentó obtener una versión de parte del abogado Ciro Colombara, quien patrocina a los recurrentes, pero declinó hacer comentarios. Igual situación ocurrió en la Corte Suprema.
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