El homicidio del joven de 16 años en 2011 por parte de un carabinero, mantiene a su familia en una lucha contra la Justicia Militar. Quienes han seguido el caso piensan que éste tribunal no tiene la competencia para referirse a temas en los que se ven civiles involucrados.
Este viernes 22 de agosto, a las 18 horas en la Plaza Miraflores (Miraflores con Alameda, entre Biblioteca Nacional y Cerro Santa Lucía) diversas
organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares de Manuel
Gutiérrez realizarán un acto conmemorativo por el estudiante asesinado
hace tres años por la policia en el marco de una protesta social. El
autor de los disparos sigue en libertad y el caso, radicado en la
justicia militar, permanece en la impunidad.Manuel Gutiérrez Reinoso (16) fue asesinado por carabineros hace tres años mientras los agentes enfrentaban una manifestación en la Villa Jaime Eyzaguirre en la comuna de Macul.
Durante la manifestación que se realizó el 25 de agosto de 2011, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue que ocurrió la muerte del joven, quien se dirigía a una pasarela junto a su hermano y un amigo camino a su casa. Cerca del lugar hubo una acción policial en contra de un grupo de manifestantes que instalaron una barricada en el lugar.
La familia del adolecente acusó que el disparo provino de un arma de Carabineros, lo que fue rechazado por la institución en una primera instancia. Luego los uniformados reconocieron que uno de sus funcionarios fue quien disparó el arma.
En la investigación se descubrió que los agentes policiales que actuaron en este caso ocultaron información para evitar sanciones por la muerte de Manuel. Por este caso se dio de baja al general Sergio Gajardo, al coronel Sergio Uribe, al comisario Roberto Contreras. A ellos también se sumó el capitán Carlos Castillo Ahumada y el mayor Roberto Contreras Silva, quienes siguen en servicio activo.
El suboficial (r) Miguel Millacura Cárcamo, fue procesado como autor de violencia innecesaria con resultado de muerte y lesiones graves en la persona de Manuel Gutiérrez Reinoso. Fue condenado a tres años de libertad vigilada. La exsubteniente Claudia Iglesias Luza fue acusada del encubrimiento del actuar del responsable del crimen, pero finalmente fue absuelta.
Con estos antecedentes cabe la duda sobre la competencia que tiene la llamada Justicia Militar en casos en los que se ven involucrados civiles.
Con respecto a este tema, Miguel Fonseca, coordinador del Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez, quien trabaja en conjunto con Gerson Gutiérrez, hermano del joven asesinado, en entrevista con Cambio21 declaró que "junto con la familia hemos evaluado que el caso de Manuel refleja lo anómalo que es la Justicia Militar en la competencia para investigar y juzgar casos donde hay víctimas civiles".
Sobre lo mismo se refirió, el diputado Felipe Letelier (PPD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que en conversación con Cambio21 comentó que "Chile está súper atrasado en materia de justicia y permanentemente tenemos quejas de la Corte Interamericana en que nos advierten que debemos reformar urgentemente el tema de la Justicia Militar. Este es un juicio que no debiera radicarse en ella, sino en la civil". A esto agregó que el diputado Letelier que "yo creo que llevar este tipo de casos a la Justicia Militar es un exceso y hay que cambiar esto. Hay que hacerle justicia a este joven por la vía que corresponde que son los tribunales ordinarios".
En cuanto a la posibilidad de trasladar el caso a los tribunales civiles, Miguel Fonseca explicó que "actualmente el caso de Manuel ya no se pudo trasladar. Lo que nosotros estamos reivindicando es que futuros casos que sean similares, sean tratados por la justicia ordinaria, por eso hemos tenido relaciones con el parlamento y hemos entregado cartas al nuevo gobierno instalando cuáles son los compromisos para derogar el Código de Justicia Militar actual y que empiece uno nuevo acotado a delitos castrenses".
Con respecto a la sanción de Millacura, la parte querellante presentó una apelación en la que "se pide el aumento de penalidad a cinco años y un día y prisión efectiva", la que se basa en las cinco agravantes que tiene el caso, dijo el coordinador del comité y agregó que "nosotros apelamos a la lógica del Código Penal, creemos que corresponde la presentación, ya que la familia no está de acuerdo con la sentencia, porque la penalidad no es proporcional al delito y la forma en que el delito fue calificado tampoco es lo que corresponde, porque la Justicia Militar lo calificó como violencia innecesaria siendo que se trata de un homicidio simple con agravantes".
Se espera que para septiembre puedan tenerse resultados sobre esta acción, es por ello que durante agosto se han realizado movilizaciones y difusión en la que se ha hecho una campaña comunicacional y social. Según contó Fonseca, la familia espera que Millacura no quede absuelto.
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