La-telaraña-de-sociedades-que-tejió-el-PC-en-la-Universidad-Arcis_ALEJANDRO-OLIVARES
Medio año en crisis -con paros, huelgas y sueldos impagos- soportó el Sindicato de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
Los trabajadores esperaron hasta junio para recibir los pagos de abril y mayo, suscribiendo un contrato colectivo al mes siguiente. El compromiso, sin embargo, no fue respetado y aún las autoridades adeudan a los trabajadores las remuneraciones del mes de julio.
En total son 120 millones que tienen a los trabajadores con los bolsillos pelados. A tal punto ha llegado el descalabro que, Patricio Martínez, profesor de la carrera de Ciencias Políticas, recibió un cheque de 2.079 pesos por una parte de su sueldo (ver foto).
La completa incertidumbre respecto a la cancelación de sueldos llevó al Sindicato a presentar una demanda en contra de la Corporación Arcis por el no pago de sus remuneraciones durante el mes de julio. La acción judicial fue acompañada por una investigación realizado por las abogadas patrocinantes, Karla Varas y Gabriela Cisternas, que busca dilucidar las responsabilidades más allá de la Corporación, representada por la rectora Elisa Neumann, y la Inmobiliaria Libertad, que la controló por 10 años y era representada legalmente por Patricio Palma.
La demanda, en rigor una causa de tutela para proteger el patrimonio de los trabajadores, busca determinar la unidad económica de las sociedades, todas ellas vinculadas directamente con el Partido Comunista. En total son siete: Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas (representado por Pablo Monje); Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ical (representado por Juan Andrés Lagos); Ediciones Ical e Ical Capacitación (representadas por Luis Espíndola), Servicios Ical y ONG Ical (representadas por Claudio De Negri) y Arrayán Seguridad y Aseo (representada por Patricio Palma). Todas las sociedades figuran domiciliadas en Cumming 350, dirección del Partido Comunista de Chile y al que pertenecen todos sus representantes legales.
Aunque el PC y el Ical se retiraron en enero de este año de la institución, la investigación jurídica, a la que tuvo acceso The Clinic, plantea la responsabilidad de todas estas empresas, unidas económicamente a través del PC, sobre los sueldos y cotizaciones de los trabajadores. A la vez, solicita el congelamiento de sus cuentas y el pago de una multa, según el artículo 507 del Código del Trabajo, por haber realizado acciones tendientes a ocultar el patrimonio de la universidad.
La expansión del PC en Arcis
En 2004 se creó la Inmobiliaria Libertad para sacar de la crisis a una universidad desfinanciada por una expansión regional fracasada. La sociedad quedó constituida por cuatro socios, cada uno con cerca del 25% de sus acciones: Max Marambio (mediante sus sociedades Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.), Ediciones Ical Limitada, Inversiones Salvador S.A. (formada por académicos para esta instancia) y Corporación Universidad Arcis.
Ediciones Ical, según establece el estudio, habría sido creada poco antes, en diciembre de 2003. Fue constituida por Óscar Azócar y el ahora diputado Daniel Núñez, ambos miembros del PC y socios de la Corporación Arcis. Este fue el comienzo de una serie de acciones entre otros miembros de la Corporación y el PC, quienes formaron varias sociedades paralelas que se desprenden del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), think tank del PC fundado en 1983, y que en el transcurso de la permanencia del partido en la universidad, recibieron pagos o ejecutaron acciones en representación de la casa de estudios.
La primera de estas sociedades fue Ical Capacitaciones, creada el 22 de agosto de 2006 por los socios constituyentes Gastón Quezada, Rolando Álvarez y Marta Godoy. Luego, el 3 de marzo de 2008, Patricio Palma y Juan Andrés Lagos, quien ocupó cargos directivos en la Corporación desde 2004 hasta enero de este año, formaron el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz Sociedad Anónima.
El estudio también establece que miembros de la Inmobiliaria Libertad, representada por Patricio Palma, Jorge Cárcamo y Pablo Monje, constituyeron, el 31 de marzo de 2011, el Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas. Y el 4 de septiembre de 2013, Inmobiliaria Libertad, representada por el propio Palma, constituyó Arrayán Seguridad y Aseo S.A, junto a la socia Camila Vergara. Ambas sociedades también con domicilio en Cumming 350, sede del PC.
La arremetida del Ical en Arcis continuó. Primero mediante modificaciones a la sociedad comercial de responsabilidad limitada Servicios Arcis, cuyo nombre de fantasía era Liberarcis y que fue creada por Jorge Arrate y Roberto Celedón y administrada por Sergio Trabucco en 2003. El 11 de julio de 2010, Jorge Echeverría cede el 100% de sus derechos a Ical Ediciones quedando ésta y la Corporación como únicos socios de Liberarcis, dejando como administrador a Pablo Monje. Un año después, el 25 de septiembre de 2011, la Corporación Arcis cede a Ical el 100% de sus derechos sociales (90% del capital social) en $900.000. Así, con la ONG Ical controlando el 90% de los derechos sociales e Ical Ediciones con el 10% restante, se modificó la razón social a Servicios Ical Limitada, pudiendo usar como nombre de fantasía Consultora Ical.
La presencia de Ical, desde entonces, quedó sin contrapeso en el Directorio de la Corporación. La presidencia fue asumida por Marcos Barraza, actual subsecretario de Previsión Social, quien entonces era director de Ical. Con Barraza a la cabeza el PC sumó seis directores –de un total de siete- controlando completamente la universidad.
A los dos lados del mostrador
Entre las conclusiones del estudio se plantean varios aspectos cuestionables: la complementariedad de giros entre Arcis y todas las razones sociales de Ical, la participación de personeros del PC en el directorio de la universidad, cruce de socios en las empresas relacionadas a Arcis, el mismo domicilio para diferentes empresas (todas con dirección en Cumming 350), y confusión patrimonial entre Arcis y ONG Ical.
Precisamente este último punto es una de las razones por las que en 2008 Arcis no habría participado formalmente cuando se firmó el Convenio de Asistencia Económica para el Desarrollo Educacional de la Universidad Arcis con el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES), el que acordó la entrega de US $9.060.000 a la universidad a cambio de servicios educacionales a estudiantes venezolanos en la naciente Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (ELAP), cuyo primer director fue Pablo Monje, experto electoral del PC.
La Universidad, en rigor, fue representada por uno de los socios en la Inmobiliaria Libertad, Nazareno S.A. de Max Marambio y también presidente de la Corporación (hoy fuera de la universidad); y la ONG Ical, representada por Óscar Azócar García, miembro del Comité Central del PC, ambos socios estratégicos y mayoritarios de Arcis. Aunque la contraprestación la realizaría Arcis, fueron Ical y Sociedad Nazareno, quienes recibieron el dinero en enero de 2008, mediante dos cuentas gestionadas por Max Marambio y Daniel Núñez, actual diputado del PC, para manejar fondos provenientes del extranjero. De ahí las dudas de los funcionarios respecto a las triangulaciones de dinero entre la Universidad y las diversas sociedades vinculadas al PC.
ONG Ical y Ediciones Ical, entonces, empezaron a tomar control de la universidad, contando en el directorio de la Corporación con cuatro miembros del PC: Patricio Palma, Jorge Insunza, Daniel Núñez y Juan Andrés Lagos (presidente del directorio). Los dos últimos participaron por la Inmobiliaria Libertad cuando la Corporación hizo el pago de $439 millones para recuperar los derechos sobre el contrato de leasing por el Campus Libertad, $70 millones más que cuando le traspasó esos mismos derechos a la inmobiliaria en 2004, según detalló hace unos días una investigación de Ciper.
Por otra parte, la demanda establece que Arcis ha pagado facturas mensualmente como proveedor a Ical Capacitaciones por cursos que, según indica el documento, no se realizaron. Tampoco hay claridad sobre la razón de algunos pagos realizados a Radio Nuevo Mundo, también perteneciente al PC, destinados al programa de Pablo Tellier, hijo del timonel del partido.
En el estudio, sobre la unidad económica y responsabilidad solidaria de la institución, se cita el artículo 3 del Código del Trabajo, cuyo inciso 4 establece que “dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común y existan condiciones como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”.
Finalmente solicita medidas precautorias respecto a la retención de dineros por concepto de Crédito por Aval del Estado, CAE. También sobre los dineros que existan en las diferentes cuentas bancarias de las instituciones demandadas y la prohibición de la Inmobiliaria a realizar contratos sobre inmuebles. Asimismo, exige a la Embajada de Venezuela aclarar si existiesen fondos por pagar y se oficie a instituciones estatales como ChileCompra, municipalidades y Sence, para saber si existen pólizas de garantía comprometidas.
La causa de tutela, que fue acogida el 7 de agosto de 2014 por el 2do Juzgado del Trabajo sin solicitar requisitos previos, busca asegurar el pago de los sueldos adeudados a los funcionarios pertenecientes al Sindicato de Universidad Arcis y, sin proponérselo, podría echar luz sobre las denuncias de lucro que el PC habría cometido en Universidad Arcis. Una historia que seguirá desenmarañándose a partir del 25 de septiembre, cuando se realice una audiencia con las partes demandadas.