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miércoles, 1 de junio de 2016

DECLARACIÓN PÚBLICA.

Cascos Azules
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Con profunda inquietud la opinión pública nacional e internacional está siendo testigo de una campaña internacional contra la defensa de los derechos humanos, contra la legislación existente y contra los observadores y defensores de los derechos esenciales de la persona humana. Por este motivo, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH, Chile expresa lo siguiente:
Infortunadamente nuestro país no es ajeno a esta maquinación mundial que se ha venido imponiendo por parte de grupos recalcitrantes, que no han trepidado en asesinar, torturar, desaparecer personas y hasta comunidades enteras, así como reprimir en todas sus formas a la gran mayoría de la población para conseguir sus espurios objetivos.
Como visualizó acertadamente la periodista y escritora canadiense Naomi Klein, la denominada “guerra contra el terrorismo”, no ha estado enfocada al combate contra el terrorismo, sino que ha servido de coartada para restringir las libertades individuales y al mismo tiempo reprimir a los defensores y observadores de derechos humanos que atestiguan sus abusos en distintos rincones del planeta: Israel, Palestina, México, Colombia, Siria, Indonesia, Filipinas, Afganistán, Irak y muchos otros lugares, incluido nuestro país.
En Chile esta campaña se ha gatillado con especial saña contra lo que han denominado “ideología de los derechos humanos” y directamente contra sus activistas, esto es, contra la legislación internacional de los derechos humanos junto a su inclusión en la Constitución Política de la República y a nuestra legislación vigente, así como a los defensores y observadores de derechos humanos que velan porque estas normativas jurídicas se cumplan, específicamente el compromiso del Estado de garantizar el respeto a los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales que nuestro país ha firmado.
En efecto, tomando como excusa la trágica muerte del trabajador Eduardo Lara Tapia (72) el día 21 de mayo, en un proceso que debe ser investigado hasta dar con los verdaderos responsables de este condenable hecho, estos grupos de poder se han lanzado en una orquestada campaña pública que ha incluido a los medios de comunicación hegemónicos, las redes sociales y todo cuanto esté en su poder para atacar con inusitada furia a quienes ejercen las prerrogativas que contempla la legislación internacional y la propia institucionalidad nacional vigente, demostrando con estos viles acometidas su nulo compromiso y/o respeto por la ley y los derechos humanos.
Por esto queremos aclarar que:
1) Nosotros, como organización de la sociedad civil voluntaria, no somos parte del Estado, nos amparamos en el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), así como en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, de las Naciones Unidas, conocida como la “Declaración sobre los defensores de los DDHH”, y también en documentos específicos de trabajo de la ONU, como el denominado: “Un manual para la sociedad civil” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 2008), donde se expresa: “Una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, así como conocedora y entendida en materia de derechos humanos, es fundamental para consolidar una protección sostenible de los derechos humanos en el ámbito nacional. Así pues, los actores de la sociedad civil son socios importantes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas”. También se fundamenta nuestra legitimidad en otros documentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como el Informe denominado “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” (PNUD, 2004), que promueven la participación de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil en su rol de defender los derechos esenciales.
2) Reiteramos que no participamos y tampoco apoyamos actos delictivos, al contrario, nuestro rol consiste precisamente en evitar que sea el propio Estado, por medio de sus funcionarios, quien incurra en actos que lesionan la legislación vigente. Creemos firmemente que nadie debe estar por sobre la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho, eso significa que ninguno de nosotros se encuentra sobre la obligación de respetar las leyes, las que deben regirnos en igualdad de condiciones a todos. 
3) Apoyamos a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, (INDH) Lorena Fries, así como a todos los miembros del Estado y a todas las instituciones que promueven un mayor respeto a los derechos humanos de todas las personas, especialmente el derecho a la vida. Como es sabido, la directora del INDH ha sido declarada objetivo central en una lucha insensata, orquestada precisamente por organizaciones que tienen un funesto historial entre sus integrantes en lo que se refiere a violación de los derechos humanos, así como en la complicidad de los crímenes cometidos y pactos de silencio con relación a los detenidos desaparecidos. Son los mismos que ponen en el primer lugar de sus intereses buscar beneficios para los peores criminales, verdaderos asesinos en serie que han deshonrado al país y a sus instituciones republicanas.
4) Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando con más fuerza, voluntad y convencimiento para que la legislación que promueve el pleno desarrollo de los derechos humanos para todos sea una realidad. Demandamos al mismo tiempo a las autoridades competentes para que avancen en la tipificación del delito de la tortura, en la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el término del decreto de la Ley de Amnistía, entre otras tareas pendientes que como país debemos lograr para el beneficio de todos quienes son parte de este territorio en un abrazo de hermandad con todos los pueblos.
Muy fraternalmente
ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.
Santiago de Chile, 31 de mayo de 2016

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