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miércoles, 14 de diciembre de 2016

Carmen Hertz, abogada de DD.HH., y dichos del ministro de justicia sobre beneficios a internos de Punta Peuco:

“En esta lucha contra la impunidad el ministro Campos nunca formó parte”

por  14 diciembre 2016
“En esta lucha contra la impunidad el ministro Campos nunca formó parte”
La ex abogada de la Vicaría de la Solidaridad afirma que existe una campaña para instalar el tema de que la vejez y enfermedades de violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco son argumentos para entregarles beneficios. Plantea que el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien afirmó que tiene compasión por los moribundos, no ha leído la legislación internacional, y afirma que el Gobierno debe cumplir sus compromisos en dicha materia, como cerrar Punta Peuco. En conversación con El Mostrador, Carmen Hertz, asegura que el mensaje que dio el titular de Justicia es tóxico. 
Está molesta y se nota. La abogada de derechos humanos Carmen Hertz cree que dar beneficios carcelarios a personas condenadas en Punta Peuco está fuera de todo escenario judicial internacional. La ex directora de DD.HH. de la Cancillería afirma que quienes están en el recinto de Til Til no cumplen con las condiciones mínimas para ello, que a ojos de la legislación extranjera no todos los reos son iguales y que forzar dicho panorama en favor de los sentenciados por delitos de lesa humanidad es una falta de respeto para las víctimas y sus familiares.
Por eso las declaraciones del ministro de Justicia a El Mercurio, donde planteó que los condenados enfermos terminales pudieran acceder a la libertad para pasar sus últimos días en arresto domiciliario, fueron reprochadas por la abogada. Jaime Campos dijo que no solo se refería a los violadores de derechos humanos sino a todos los reos en esa condición, afirmando que “es un tema de la máxima importancia y en Chile no hemos tenido el coraje para abordarlo”,  junto con añadir que “los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”.
-¿Qué le parecen las declaraciones y posterior aclaración del ministro Campos?
-Sin duda estamos frente a una campaña, a una operación mediática que empezó hace un tiempo, que encabezan El Mercurio y La Tercera, en la que están involucrados dignatarios, los cuales han logrado declaraciones totalmente imprudentes como las del presidente de la Corte Suprema en su momento y las de ahora del ministro Campos. Esto es una campaña que dice relación no solo con otorgarles beneficios carcelarios al margen de cualquier requisito que se exija a los criminales de lesa humanidad, sino a los que están viejos, a los que tengan alguna dolencia. O sea, el rango, en definitiva, de otorgar estos beneficios sin que se cumplan los requisitos que la legislación internacional exige y hace imperativo a cualquier Estado, significa un indulto enmascarado, esto enmascara una suerte de indulto.
-¿Les molestaron, les dolieron a ustedes, como familiares de víctimas, esas palabras de Jaime Campos?
-Cuando el ministro Campos dice que hay que tener valor y coraje para abordar el tema de los enfermos, es un chiste, porque para lo que hay tener que valor y coraje, y que no ha tenido ningún Gobierno que se ha sucedido desde el fin de la dictadura, es exigirles a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército y Carabineros, que entreguen todos los antecedentes que se tienen sobre el destino final de cada una de las víctimas. Hemos estado acostumbrados a un camino muy arduo, muy difícil, donde se interponen intereses muy poderosos para imponer el olvido y para imponer la impunidad. A mí, más que dolerme, creo que argumentos así son un chiste. En esta lucha contra la impunidad el ministro Campos nunca formó parte, pero tampoco se ha enterado de lo que significa y lo que ha significado la lucha contra la impunidad, por eso es capaz de expresar opiniones tan ligeras, livianas y que adolecen de un desconocimiento de cuáles son las exigencias para esta situación que él abordó respecto a los beneficios carcelarios para los criminales de lesa humanidad.
-Pero se ha instalado el tema desde hace algunos meses respecto a beneficios carcelarios como las libertades condicionales. Es un discurso que está sobre la mesa.
-El tema que se ha instalado es un tema artificiado, se ha tratado de amañar como si se dividiera entre los partidarios que son tan buenas personas frente a estos viejitos, que son tan humanitarios, frente a quienes no quieren entregar beneficios, que es gente tan resentida, mala y vengativa. La comunidad internacional, a lo largo de décadas, ha logrado establecer normas y un sistema regulador contra el genocidio, porque son los crímenes que atentan contra la condición básica del ser humano y contra la dignidad del ser humano. Ese es el bien jurídico que se protege. Por eso no se puede amnistiar ni prescribir. Este es el marco que se debe discutir. Poner cualquier otro marco, como es el que sufren, que lloró, eso es toda una manipulación grosera que es intolerable, donde finalmente caen dignatarios, ministros y curas.
-Algunos abogados de oficiales condenados apelan a la edad y a las múltiples enfermedades de carácter terminal. El ministro Campos dijo que tenía compasión por los moribundos. ¿Cómo recibe esa opinión personal que expresó el secretario de Estado?
-Aquí no es un tema de ser más o menos buenos con estos viejos que están en Punta Peuco. Hay requisitos que el derecho internacional ha impuesto. Por ejemplo, que la pena que se haya aplicado sea proporcional al delito, cosa que en el 90% de los casos en Chile no se cumplen. Más de 180 agentes condenados no han pisado una cárcel por ser penas remitidas. Algunas penas son irrisorias. Le pongo un ejemplo: Arredondo, coronel de Ejército, subdirector de la Academia de Guerra que personalmente, corvo en mano, mutiló a 75 presos políticos indefensos en octubre de 1973 en el norte del país. ¿Qué pasó con este individuo? Hace siete meses por primera vez se dicta una sentencia. Tiene 90 años y la pena fue de 10 años. Diez años para una persona que martirizó, matando a 75 presos políticos. Y a ese sujeto, claro, está viejo, pero ha pasado 43 años en la impunidad y ahora como está viejo esa impunidad se la seguimos alargando. Otro requisito es que esos criminales hayan cooperado. Para eso deben haber cooperado desde el inicio de la acción judicial y de forma continuada. Algo que no ha ocurrido con ningún preso de Punta Peuco. Y, por último, el arrepentimiento eficaz. Esto no significa ir a llorarle a un sacerdote, no significa arrepentirse en la consulta del siquiatra ni ante la señora en el living de la casa, significa haber entregado información que permita desbaratar la organización criminal a la que perteneció. Ninguno de estos sujetos lo hace. El alto mando de Naciones Unidas en materia de derechos humanos dijo que instalar el tema de beneficios a violadores de derechos humanos de esta forma es un mensaje tóxico.
"El padre Montes, a juicio mío, entró en una serie de apreciaciones equivocadas, como señalar que el perdón evitaba la venganza. El citó al perdón como la contención de la venganza. El perdón es un concepto doctrinario, religioso, un concepto premoderno. Lo que impide la venganza es la justicia, la justicia es la fuente de memoria, no como dice el padre Montes".
-¿Es para usted un mensaje tóxico lo que plantea el ministro Campos?
-Toxico, absolutamente tóxico, inapropiado, improcedente, lleno de concepciones erróneas. Incluso, decir que no se respetan los derechos humanos de los internos de Punta Peuco, cómo es posible que diga una barbaridad de ese tamaño cuando de hecho sí se han respetado los derechos humanos de estos sujetos. Parece que el ministro no ha leído los tratados internacionales, porque los beneficios carcelarios nunca han sido considerados un derecho humano, los beneficios son beneficios administrativos. Hay que decirle al ministro que lea el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Todo lo confunden, todo se manipula de una manera que es grosera.
-No solo ha sido el ministro Campos el único en hablar de beneficios carcelarios a condenados en Punta Peuco. Antes fue el padre Fernando Montes y también el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que se han mostrado favorables o al menos abiertos a ese camino. 
-El padre Montes, a juicio mío, entró en una serie de apreciaciones equivocadas, como señalar que el perdón evitaba la venganza. El citó al perdón como la contención de la venganza. El perdón es un concepto doctrinario, religioso, un concepto premoderno. Lo que impide la venganza es la justicia, la justicia es la fuente de memoria, no como dice el padre Montes. Respecto a Hugo Dolmestch, a quien respeto mucho, me parece que cuando opinó de este tema es un error. Me parecieron imprudentes sus declaraciones, porque, si le toca eventualmente decidir, no puede cuestionar dicho escenario. Eso es estar cuestionando uno de los fundamentos de la jurisdicción, que es la imparcialidad, o sea, si este señor da un opinión sobre un tema que va a debatir en el tribunal, no corresponde.

El rol del Gobierno

Aunque la vocera de Gobierno, Paula Narváez, desdramatizó la polémica por los dichos de Jaime Campos, asegurando que las palabras de este eran de índole personal, para la abogada Carmen Hertz la entrevista no se la hacen al ciudadano Campos, sino a un ministro de Estado que representa al Ejecutivo.
-¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno en materia de derechos humanos? ¿Cuál debería ser la postura tras esta polémica? Carmen Gloria Quintana, del caso Quemados, aseguró el año pasado que la Presidenta Bachelet dijo que Punta Peuco se iba a cerrar.
-Yo no soy partidaria de endilgarle a este Gobierno la responsabilidad de una opción política que fue la transición política, que ha ido determinando el comportamiento de todos los gobiernos en el tratamiento del tema de verdad, justifica y memoria y la relación con las Fuerzas Armadas.
-¿Qué espera de la Presidenta Bachelet respecto al discurso que se está instalando?
-Lo que espero es el cumplimiento de promesas como el cierre de Punta Peuco que, si bien es una cárcel, no como era el recinto cinco estrellas que era el Penal Cordillera... pero que se cumpla esa promesa y espero que todo lo que tenga que ver con beneficios carcelarios esté adecuado a la legislación internacional. Algunos sostienen que Chile, de hecho, está incapacitado de entregar beneficios porque Chile no tiene un control judicial, porque estos beneficios son entregados por una comisión, que vía recurso de protección podemos llevar el tema a los tribunales.
-Y respecto al discurso político de Bachelet en este tema, ¿cómo debe enfrentar estas palabras de un ministro, teniendo en cuenta que ella tiene vinculación directa a través de su padre en materia de derechos humanos? 
-Yo no puedo estar pauteando a la Presidenta a través de una entrevista. Soy una activista de los derechos humanos y lo que pretendo, no solo del Gobierno sino de todos los poderes del país en definitiva, es que el tema de la impunidad se aborde. Espero que el ministro de Defensa les exija a las Fuerzas Armadas la entrega de información y no seguir avalando la tesis peregrina de que no tienen información. Espero que el Congreso, de una vez por todas, apruebe el decreto de nulidad de la Ley de Amnistía que, por mucho que no se aplique, no puede ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y espero que los tribunales no sigan otorgando, por esta vía torcida, beneficios carcelarios a quienes no corresponde. Es decir, que toda la institucionalidad del país se adecue a lo que en este país ha ocurrido. Que concurran con lo que es necesario poner en el centro de la discusión, que es terminar con la impunidad. Ese trauma social solo se recupera por un camino de reconstrucción decente, no con el olvido ni la impunidad, ni con los silencios ni las mentiras ni distorsiones, porque se sigue alargando el proceso de reconstrucción.

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