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sábado, 24 de junio de 2017

Ex presos de la dictadura inician movimiento “Hasta última instancia”: Abogado Roberto Ávila: “Piñera tiene un discurso cínico en DDHH”

24/06/2017 |
Por Mario López M.
Decenas de expresos políticos optan por tomarse las sedes del Instituto Nacional de DDHH en diversos lugares del país, en protesta por falta de respuesta a petitorios que incluyen abrir informes secretos de la Comisión Valech.

"Se trata de la acción más importante que se ha hecho, nos hemos tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en distintos lugares del país, en protesta por la no apertura de los informes de la Comisión Valech, que ampara los nombres de los violadores de derechos humanos, nuestros torturadores, por 50 años", señala a Cambio21 el presidente del organismo que los agrupa a nivel nacional, Braulio González.

Las peticiones de justicia y reparación por años no han sido oídas, alega, pues las pocas indemnizaciones que se pagan hoy a un reducido número de expresos políticos, es miserable, estiman ($170.000), aspirando a que se eleve en número de personas que la reciban (Se calcula en 40 mil las víctimas de torturas) y que aumente a unos $300 mil mensuales, asegura el dirigente.

Este y los anteriores gobiernos a lo más han establecido "mesas de diálogo, a la que le cojea una pata", indica González, señalando que no existe aún una respuesta legislativa que abra el informe y no siquiera una fecha cierta para que ello suceda.

"Hasta las últimas consecuencias"

Nuestro movimiento es hasta el final, asegura, aunque aclara que no mediará una huelga de hambre como la acontecida recientemente: "No podemos seguir arriesgando la vida de compañeros y compañeras que fueron torturados, encarcelados, que están enfermas", aclara. "Iremos hasta el final -insiste-, así dure un año la movilización que tiene siete sedes en el país en toma", dijo.

Para el dirigente de la Asociación Nacional de expresos políticos, "es inaceptable que mientras los criminales de Punta Peuco viven llenos de comodidades y recibiendo jubilaciones millonarias, miles de los torturados de la dictadura poseen un tratamiento de indigentes".

Reconoce que han tenido contactos con el ejecutivo, pero reclama que ha transcurrido casi un mes y aún no tienen en sus manos la propuesta que está preparando el gobierno. "El gobierno reconoce que hay deuda con los presos políticos que ni siquiera tuvieron reconocimiento en la Comisión Rettig, solo algunos pocos más tarde la obtuvieron en la Comisión Valech", señala.

Solicita de paso se reabra dicho informe para dar oportunidad a "los compañeros que no fueron considerados (22.000) para poder optar por alguna reparación y que fueron rechazados por el gobierno de Piñera sin ninguna excusa", afirma González. Nos sentimos engañados por Piñera, asegura.

"Lo peor que podría pasarle a los expresos políticos es que ganara Piñera", señala.

Abogado expreso político: "Piñera es un peligro para nosotros"
Roberto Ávila: "De lo que se trata es que en primer lugar, el Estado repare los efectos patrimoniales que provocaron los crímenes de lesa humanidad. Lo segundo es que se reabra la Comisión Valech para que la gente pueda repostular o bien plantear más antecedentes o argumentos para revertir el que fuera su petición rechazada".

Exaspera al profesional que en medio a la negativa a indemnizar a los expresos políticos, hoy los tribunales estén devolviendo bienes ilícitamente  obtenidos a la familia del dictador Pinochet.

"Es impresentable que se esté devolviendo lo que no les pertenece", señala a Cambio21, aunque reconoce que se trata de un resorte judicial, "ello no quita que las organizaciones sociales tengan una visión crítica sobre eso", dijo. "No es presentable que los efectos del delito vuelvan a la familia de los delincuentes", indica.

"Nadie transfiere más derechos que los que tiene", de tal manera que, según el profesional, aunque nuera el delincuente los bienes deben volver a su legítimo dueño y en este caso no es la familia del dictador.

"Piñera es responsable del perjuicio"
Para Roberto Ávila, el abogado que encarceló al exalcalde de Providencia Cristián Labbé, el mayor responsable del ostracismo que viven los presos políticos se debe a que bajo la administración Piñera se rechazó, sin motivos reales, a más de 22.000 víctimas de la represión. Sólo el estadio Nacional tenía los primeros días 30 mil presos políticos reconocidos", asegura.

Piñera tiene un doble discurso en delitos de lesa humanidad, "es un discurso cínico en materia de DDHH", afirma el profesional. "El exmandatario es un peligro para todas las personas que sufrimos violaciones a los DDHH si él terminara siendo Presidente de la República nuevamente", afirma.

Si bien reconoce que fue Piñera quien cerró el penal Cordillera que albergaba a los más connotados violadores de DDHH, Ávila asegura que no fue una medida pensando en hacer justicia a las víctimas de los que allí se encontraban, "sino que más bien fue un ajuste de cuentas personal. Hay que recordar que en su momento le secuestraron un niño cuando él había investigado respecto a quiénes le habían hecho la intervención telefónica en el caso ‘Piñeragate', en donde se condenó incluso a un oficial de Ejército por el caso", recuerda.

"En segundo lugar -afirma-, podemos decir que su política de DDHH es cínica, porque desmanteló en su gobierno la Brigada de DDHH de la PDI sacando a los funcionarios que más experiencia tenían, lo que es difícil de adquirir y los trasladó a otras unidades", concluye.

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