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viernes, 23 de junio de 2017

OPINIÓN


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Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche

por  23 junio, 2017

Nuevamente se derrama sangre mapuche al sur del Biobío. Cómo bien expresa la Comunidad de Historia Mapuchela bala que mató a Luis Marileo fue disparada mucho antes. La violencia viene de antiguo y está lejos de amainar, por más que llenen el territorio de policía militarizada y se intente instalar la idea de terrorismo. Al sur del Biobío hay una lucha por derechos, contra la discriminación y la marginación política.
Puede que suene panfletaria esta última frase, comprometida ideológicamente. Pues bien, veamos que dicen instituciones, tanto nacionales como internacionales, con reconocida trayectoria en defensa y promoción de derechos humanos, respecto al conflicto al sur del Biobío.
Comencemos con la ONU. El año 2009 advirtió al estado sobre las deficiencias en materia de consultas, derechos a tierra y explotación de recursos naturales. El año 2013, tras exhaustiva investigación, no solo afirmó que no había terrorismo en Chile, sino que el Estado debería abstenerse de usar la Ley Antiterrorista, o bien derogarla. El 2014 remarcó la necesidad de dar más atención a los temas que los Pueblos Indígenas plantean como prioritarios. El año 2015 señalo que estos Pueblos son el talón de Aquiles para Chile en lo que respecta a derechos humanos durante el siglo XXI, y finalmente, este año, llamó la atención por el uso excesivo de la fuerza y los abusos contra los mapuche.
Nadie quiere más sangre derramada. Los discursos incendiarios sobre terrorismo y violencia rural ahogan el diálogo político sobre los temas relevantes para el Pueblo Mapuche. Abonan la tierra para el enfrentamiento y la imposición. La paz sin justicia y diálogo verdadero no llegará, pues un Pueblo digno no vivirá sin luchar por sus derechos.  ¿Hay propuestas, candidatos?
Podemos continuar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año 2012 en un comunicado, condenó las heridas sufridas por niños y niñas mapuche producto de un desalojo e instó al Estado a esclarecer judicialmente estos sucesos y a evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos, respetando los derechos humanos. El año 2014 falló contra el Estado chileno que había condenado bajo ley antiterrorista a comuneros mapuche los años 2003 y 2004. Cuestionó la Ley Antiterrorista vigente en Chile por considerar que viola los derechos de debido proceso, libertad de pensamiento y expresión, y libertad personal entre otros.
Amnistía Internacional. El año 2013 expresó su preocupación por diversos temas, entre ellos: tipo de Ley Antiterrorista vigente y el uso de esta contra comuneros, el excesivo uso de la fuerza policial, la militarización del territorio, el desigual acceso a la justicia y los efectos nocivos sobre los niños mapuche. El 2016 llamó la atención sobre el acoso que recibe la abogada de causas mapuche, Karina Riquelme, por parte de efectivos policiales. En su informe  2016-2017 vuelve a llamar la atención por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones arbitrarias contra mapuche.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también se ha pronunciado. El año 2011 advierte que la Ley Antiterrorista impide un juicio justo. El año 2014 propuso modificar dicha ley para que cumpla con estándares de derechos humanos, consideraciones no acogidas, que llevo a reiterar el año 2016 que tal ley no garantiza un juicio justo. El mismo 2016 informaron que hasta ese momento han interpuesto ocho querellas contra carabineros por torturas a comuneros y sesenta recursos de amparo por uso excesivo de violencia contra mapuche.
La Iglesia Católica chilena ha seguido la misma línea de las anteriores instituciones. El año 2002 un documento de los obispos del sur afirmaba lo nocivo que ha sido el modelo neoliberal para el Pueblo Mapuche, e indicaba que la reconversión forestal ha transformado profundamente el ecosistema del territorio mapuche, y deja a las comunidades mapuche en deterioradas situaciones tanto económicas como ecológicas. El desarrollo de megaproyectos en territorio indígena es otro punto conflictivo (n. 24). El año 2016 en el informe La santidad de negociar sin miedo por una región mapuche plurinacional en paz, se pronuncia sobre las demandas mapuche, planteando entre otros puntos: que la militarización del territorio está lejos de aportar a la paz, la necesidad de negociar con todos los actores incluidos los clandestinos como la CAM, la necesidad que tanto Estado como empresas acepten que los mapuche tienen derechos como Pueblo-Nación y la necesidad de caminar hacia un Estado Plurinacional. El año 2017 la carta pastoral Construyamos el Buen Vivir en La Araucanía, se plantea que si bien se desea la paz y justicia para todos, no debemos desviarnos ni distraernos del objetivo principal, relacionado con la búsqueda de soluciones definitivas a los temas que están pendientes con el Pueblo Mapuche (n. 95),  lo que tiene que ver con las demandas por derechos que este Pueblo realiza hace décadas. También afirma la necesidad de superar la criminalización de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche, pues no puede ser la respuesta jurídico-policial la única vía para canalizar las demandas.
Si bien no son una institución, una serie de estas se han pronunciado sobre un tema urgente de atender: los niños. Internacionalmente, la UNICEF el año 2009 alertó sobre este tipo de violencia. A nivel nacional, el INDH el año 2013 llegó a tribunales por este mismo tema. A nivel local, una de tantos pronunciamientos lo hizo una red de instituciones en Tirúa el año 2016 acusaron la vulneración de los derechos infantiles.
Hasta aquí las instituciones con trayectoria en defensa de los derechos humanos. Ni terrorismo ni guerrilla ni violencia rural. Más bien, llaman la atención sobre las violencias padecidas por el Pueblo Mapuche fruto de la lucha por sus derechos. Sin embargo, hay una serie de instituciones que si afirman la existencia de terrorismo, ausencia de estado de derecho y violencia rural: las empresas.
El año 2016 la SOFOFA afirmó que en La Araucanía ya no imperaba el estado de derecho e interpeló al gobierno a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Inicios del 2017 la Multigremial exigió al gobierno que se declare La Araucanía zona de emergencia.
Tristemente, las acciones del gobierno parecen estar más en sintonía con este último grupo de instituciones. En enero del 2017 acogió el Informe de la comisión asesora para La Araucanía, catalogado como otra oportunidad fallida, pues se centra en la violencia rural y reparación económica para los afectados por la violencia mapuche; propuestas de desarrollo sin consulta indígena y una serie de propuestas hacia los mapuche sin tocar sus demandas centrales. El mismo año, a fines de marzo, el gobierno declaró la ley de seguridad del estado en dos casos contra mapuche.
Nadie quiere más sangre derramada. Los discursos incendiarios sobre terrorismo y violencia rural ahogan el diálogo político sobre los temas relevantes para el Pueblo Mapuche. Abonan la tierra para el enfrentamiento y la imposición. La paz sin justicia y diálogo verdadero no llegará, pues un Pueblo digno no vivirá sin luchar por sus derechos.  ¿Hay propuestas, candidatos?
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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