OPINIÓN

Nueva ley de financiamiento de la Defensa: “Pan por charqui”

por Eduardo Santos Muñoz 26 septiembre, 2019

Crédito: Agencia UNO

La nueva ley aprobada casi sin discusión en el Congreso vuelve a poner “la carreta delante de los bueyes” y no da respuesta a preguntas indispensables, como son precisar qué Fuerzas Armadas necesitamos, de cuál calidad y cómo las financiamos. Los grandes ganadores serán los militares que seguirán adquiriendo equipamiento del siglo XX, innecesario e inconsistente con la demanda de defensa que, se supone, trae el nuevo ciclo tecnológico digital.

La recién promulgada ley que establece un nuevo mecanismo para financiar las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional implica un verdadero cambio de “pan por charqui”, en lenguaje popular, y resulta un nuevo fiasco político para nuestro sistema democrático. El triste espectáculo de la Cámara de Diputados, que la aprobó prácticamente casi sin discusión, anuncia su nulo interés o comprensión futura de la Defensa Nacional.

El principal ganador sería el Ministerio de Hacienda, según lo expresado por el director de Presupuesto durante la tramitación parlamentaria, pues “el 10% (de las ventas del cobre) no puede ser eliminado totalmente debido a que cuando se calculan los ingresos (del fisco) se considera este porcentaje y con esos ingresos se determina la capacidad de gasto que tiene (…) si se eliminare (…) no sería posible cumplir con las metas fiscales”. Es decir, Codelco seguirá condenado a sobrevivir lastimosamente, pues se mantiene el 10% del Impuesto a “beneficio fiscal” por los próximos 12 años y seguiremos dependiendo de concentrados de cobre.

La recién promulgada ley que establece un nuevo mecanismo para financiar las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional implica un verdadero cambio de “pan por charqui”, en lenguaje popular, y resulta un nuevo fiasco político para nuestro sistema democrático.

De lo anterior resultaría un nuevo ganador que serían las Fuerzas Armadas, pues ellas obtuvieron un piso fijado de manera arbitraria (ahora llamado “aporte basal”) de US$500 millones anuales, sin relación directa con la Política de Defensa y la “Planificación para el Desarrollo de la Fuerza”. Además, se crea un “Consejo del Fondo Plurianual” con atribuciones principalmente financieras, pero sin capacidad real de gestionar y controlar de forma independiente las compras militares.

Es decir, en la práctica, los militares podrán seguir justificando ante sí mismos la necesidad de comprar equipamiento que, dado su atraso conceptual, todavía será del siglo XX, innecesario e inconsistente con la demanda de defensa que, se supone, trae el nuevo ciclo tecnológico digital.

Finalmente, los grandes y únicos perdedores serán los ciudadanos del Estado de Chile, pues esta ley vuelve a poner “la carreta delante de los bueyes”, nos llena de inercia, y dificultará una urgente revisión militar que, entre otras cosas, capitalice los “dividendos de la paz” con nuestros vecinos, dando tiempo a pensar las preguntas indispensables: ¿de qué deberemos defendernos en el futuro? y ¿cuánta defensa será suficiente y necesaria? Y para, a partir de ello, precisar qué Fuerzas Armadas necesitamos, de cuál calidad y cómo las financiamos.

Mientras no respondamos estas preguntas, seguiremos en la inercia de decidir tanto tenemos para gastar, veamos en qué lo hacemos, los gobiernos seguirán inventando nuevas “misiones militares” para justificar un gasto de defensa insulso y desmesurado, y las paradas militares seguirán siendo el momento de las medallas y los fuegos de artificio, mientras el país entra en emergencia de cambio climático. ¿Dónde radica la seguridad del país según nuestros estrategas?

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.