- 18 septiembre 2019
El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $10.000.000 (diez millones de pesos) a Luis Ángel Rigoberto Bernal Catalán, detenido ilegalmente por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1987, y sometido a torturas en Rancagua y Santiago.
En el fallo (causa rol 31.790-2017), el juez Sebastián Pérez-Gazitúa Sánchez estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible penal y civilmente.
"Sin perjuicio de lo anterior, y como segunda reflexión en torno a la prescripción, ha de tenerse en consideración el instituto de la renuncia al derecho de reclamarla. En efecto, el artículo 2494 del Código Civil dispone que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente después de cumplida, siendo tácita cuando el que puede alegarla realiza un acto que implique reconocer el derecho del acreedor. Y lo cierto es que, en esta materia, el Estado de Chile no solo ha reconocido la violación sistemática a los derechos humanos a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, sino que también se han promulgado leyes reparatorias tales como la Ley N°19.992 del año 2004 y recientemente la Ley N°20.874 el 29 de octubre del año 2015", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "Por consiguiente, aun en el evento de estimarse que la acción intentada es estrictamente patrimonial, resulta ineludible concluir que la incorporación del demandante en la nómina de personas reconocidas como víctimas junto con la dictación de leyes reparatorias son todos actos que configuran una renuncia tácita a la prescripción, desde que el Estado de Chile ha reconocido a los demandantes su condición de víctimas y, obrando en consecuencia, ha intentado reparar el daño causado por vía de pensiones, beneficios y aportes, muy particularmente la reparación parcial de la Ley N°20.874".
"En virtud de lo razonado la excepción de prescripción tampoco puede prosperar, pues la normativa interna invocada por el Fisco resulta inaplicable al entrar en conflicto con tratados internacionales que estatuyen la reparación integral como un derecho en esta materia. Y, aun cuando se estimare que se trata de una acción puramente patrimonial, ha operado en este caso la renuncia tácita a la prescripción extintiva por parte del Estado de Chile", añade.
Por tanto, concluye que: "Se acoge la demanda de responsabilidad civil condenando al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000)"
En el fallo (causa rol 31.790-2017), el juez Sebastián Pérez-Gazitúa Sánchez estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible penal y civilmente.
"Sin perjuicio de lo anterior, y como segunda reflexión en torno a la prescripción, ha de tenerse en consideración el instituto de la renuncia al derecho de reclamarla. En efecto, el artículo 2494 del Código Civil dispone que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente después de cumplida, siendo tácita cuando el que puede alegarla realiza un acto que implique reconocer el derecho del acreedor. Y lo cierto es que, en esta materia, el Estado de Chile no solo ha reconocido la violación sistemática a los derechos humanos a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, sino que también se han promulgado leyes reparatorias tales como la Ley N°19.992 del año 2004 y recientemente la Ley N°20.874 el 29 de octubre del año 2015", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "Por consiguiente, aun en el evento de estimarse que la acción intentada es estrictamente patrimonial, resulta ineludible concluir que la incorporación del demandante en la nómina de personas reconocidas como víctimas junto con la dictación de leyes reparatorias son todos actos que configuran una renuncia tácita a la prescripción, desde que el Estado de Chile ha reconocido a los demandantes su condición de víctimas y, obrando en consecuencia, ha intentado reparar el daño causado por vía de pensiones, beneficios y aportes, muy particularmente la reparación parcial de la Ley N°20.874".
"En virtud de lo razonado la excepción de prescripción tampoco puede prosperar, pues la normativa interna invocada por el Fisco resulta inaplicable al entrar en conflicto con tratados internacionales que estatuyen la reparación integral como un derecho en esta materia. Y, aun cuando se estimare que se trata de una acción puramente patrimonial, ha operado en este caso la renuncia tácita a la prescripción extintiva por parte del Estado de Chile", añade.
Por tanto, concluye que: "Se acoge la demanda de responsabilidad civil condenando al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000)"
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