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viernes, 27 de septiembre de 2019

OPINIÓN


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La Constitución sí importa

por  27 septiembre, 2019
En estas líneas intentaremos explicar por qué es necesario concordar entre todos una nueva constitución y por qué este tema no es una materia de corte académico o sólo de preocupación de algunos intelectuales, sino que debiera ser de interés para todos los chilenos.

Las anomalías constitucionales de nuestro país nos acompañan desde la independencia. La actual es haber transitado desde una dictadura a una democracia protegida que aún perdura, no obstante numerosas enmiendas constitucionales. Lo normal hubiera sido acordar un mecanismo democrático para adoptar una nueva constitución, por ejemplo, a través de una asamblea constituyente.
En estas líneas intentaremos explicar por qué es necesario concordar entre todos una nueva constitución y por qué este tema no es una materia de corte académico o sólo de preocupación de algunos intelectuales, sino que debiera ser de interés para todos los chilenos.
Existe un profundo malestar en la sociedad chilena, sobre todo en los sectores pobres y en la clase media baja que es, en el fondo, pobreza encubierta. Más de dos tercios de los chilenos viven en la angustia y en la precariedad. En nuestro país casi todo se ha privatizado, por ejemplo, bienes públicos como el agua, la salud, la educación o la seguridad social son tratados como negocios particulares, todo se paga y los chilenos, aunque trabajen, son pobres o de esta clase media de mentira que los obliga a pedir préstamos para comprar en el supermercado o atenderse en el médico. En este contexto resulta difícil sentirse pleno o realizado.
Y este marco de una sociedad neoliberal en el límite de lo inhumano no es una creación espontánea, sino de nuestra constitución y de las leyes. La sociedad, el mercado, u otras instituciones no se basan en acuerdos espontáneos entre las personas, sino dentro del marco legal que las establece, regula y dispone qué se puede hacer y qué no.
Por tanto, si se desea tener una previsión de verdad, o una salud gratuita y de calidad, o educación de primer nivel para todos los niños y niñas sin importar su origen socioeconómico, o cultura accesible, son necesarias las enmiendas legales que lo permitan y hagan realidad, por ejemplo, brindando excelentes servicios estatales gratuitos y cobrando impuestos a los más beneficiados dentro de nuestra sociedad. En efecto, toda sociedad requiere de impuestos para funcionar desde que existe la civilización, pero estos impuestos siempre eran pagados por los pobres y los sometidos. El cambio radical a este respecto, en la modernidad, fue que los ricos también pagaran impuestos, contribuyendo como todos al soporte social, mal que mal, sin leyes, ni estado, ni infraestructura, entre otras prestaciones públicas, no podrían haber hecho su fortuna, así que pagar impuestos es su deber y no una mera liberalidad. Esto es aún más atingente en el caso de nuestro país, dado que el dinero de todos los chilenos permitió avalar la deuda en la crisis de 1982 (sobre todo el 10% que se rebajó a todas las pensiones), y es el dinero de todos los chilenos por medio de las AFP que permite la estabilidad financiera a nuestro mercado, y es el dinero de todos los chilenos el que permite operar a pro chile, a becas chile y a otras muchas instituciones y subsidios utilizados generalmente por el 10% más rico de la nuestra sociedad. Y este dinero estatal es recaudado por el IVA que golpea a los sectores más precarios y por el impuesto a la renta pagado por grupos medios altos. Por tanto, ser rico y pagar impuestos es pagar una deuda y generar respeto social.
Sin embargo, todo lo dicho no es posible en Chile, ni con mayoría parlamentaria.
¿Por qué? Porque en nuestra constitución se establecen diversos mecanismos que dificultan los cambios, como quórum más altos de la simple mayoría, iniciativa exclusiva del presidente o un control de un tribunal constitucional que por simple mayoría puede desechar una ley aprobada por mayoría calificada (cuatro séptimos) por los representantes de los chilenos.
Además, este mecanismo es verdaderamente antidemocrático, si consideramos que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo (Lincoln).
En consecuencia, no importa quién sea presidente, senador o diputado, o que coalición gane, etc., sea como sea, las cosas seguirán igual. Y esto beneficia siempre a la oposición, es decir tenemos una democracia que en realidad es una forma antidemocrática de gobierno de la minoría, por la minoría y para la minoría.
¿Qué podemos hacer? Exigir a los políticos que nos representan que se comprometan con la redacción de una nueva constitución. Por ejemplo, aprobando una enmienda constitucional al capítulo XV de reforma de la constitución de 1980, que permita su reforma por mayoría y no por tres quintos o dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. Esto debiera exigirse a todos los candidatos de derecha a izquierda. Y si no se comprometen, o luego en el poder no dan su voto, debiéramos no volver a votar a esa persona y a ese partido. Es necesario e imprescindible hacer un seguimiento de nuestros candidatos, en esta era de la información, no debiera ser tan complicado.
Por ello, lo que dice o no dice nuestra constitución es un problema que nos incumbe a todos y que, por cierto, no resolverá todos los problemas pero al menos permitirá reconocer la mayoría de edad de la sociedad chilena. Por lo mismo, este tema no es un debate académico sino más bien ciudadano.
Es hora de que los chilenos nos organicemos y exijamos a nuestro representantes seriedad y compromiso democrático, si deseamos que nuestro diario vivir cambie y que nuestra sociedad adopte valores humanistas para dejar de cosificarnos entre todos.
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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