por El Mostrador/ EFE 27 febrero, 2020
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una "fuerte" represión policial.
Asimismo la ONG aclara en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en América que “las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo".
“No es un buen balance. El informe anual este año lo que hace es un balance de toda la región de las Américas. Y vemos que hay una tendencia que apunta a gobiernos cada vez más intolerantes, cada vez más restrictivos de derechos, y en particular la preocupación a lo que refiere al derecho a la protesta y al derecho a requerir asilo. Y, lamentablemente, en ambos temas vemos que Chile también se ha sumado a esa lista de gobiernos intolerantes en que el actuar represivo de las protestas desde el estallido social de octubre, e incluso antes también, era algo que se ha venido viendo y que nos hace sumarnos a esta triste tendencia en la región”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, en entrevista con La Tercera.
El informe de AI que incomodó al Gobierno
Cabe recordar que en noviembre pasado Amnistía Internacional emitió un duro informe que concluyó que en Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y que se usó excesivamente la fuerza con la intención de "castigar" a los manifestantes.
La organización dijo que tanto el Ejército como a los Carabineros cometieron "ataques generalizados" y aseguró que las violaciones a los derechos humanos "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación”. Tras el reporte, el Gobierno, Carabineros y las FF.AA. rechazaron categóricamente las conclusiones del organismo.
Para Ana Piquer, “efectivamente la reacción inicial fue más bien de criticar en vez de acoger las recomendaciones y ver qué de eso podía servir para hacer algo distinto. Lo interesante es que los informes posteriores en su mayoría tenemos grandes coincidencias, en el sentido que sí ha habido graves violaciones a los derechos humanos, que en ningún caso son hechos aislados, que no se puede decir que esto no sea algo generalizado o masivo. Todos los han dicho de alguna forma, tal vez fraseándolo diferente. Pero la tesis que estos son hechos aislados que tienen que llevarse ante la justicia y que esa sea la única respuesta, es absolutamente insuficiente y así lo demostraron los informes. Entonces espero que al tener esta batería completa de informes mostrando esto, de alguna manera el Gobierno pueda tomar la bandera de tomar medidas reales para impedir que siga sucediendo”.
La criminalización de la protesta
La ola de protestas que vive Chile estalló el pasado 18 de octubre en respuesta al aumento de la tarifa del metro y se convirtió luego en un reclamo contra el Gobierno de Sebastián Pinera y un modelo económico que propicia la desigualdad y no garantiza servicios básicos como la salud y la educación.
Según Piquer, la violencia policial o de la criminalización de la protesta en general ha sido transversal a todos los gobiernos “pero sí vemos que desde que asumió el Gobierno del Presidente Piñera ha habido una profundización de ese tipo de medidas. Y desde que se inició el estallido social en octubre, un empeoramiento aún más grave. De hecho, tanto así que la Oficina para las Américas de Amnistía Internacional toma la decisión de enviar una misión de respuesta a crisis para poder documentar lo que estaba pasando en terreno. Y lo que se vio es realmente muy grave, muy generalizado y lamentablemente no vemos que vaya a mejorar”.
Para asegurar el resguardo de los derechos humanos durante los meses que vienen y que se pronostican como críticos la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile dijo que “primero, el poder tomar medidas reales para asegurar que Carabineros cumpla con los protocolos y que cumpla con los estándares de derechos humanos de uso de la fuerza. El Gobierno ha explicado muchas de las medidas que ha ido adoptando, órdenes que ha dado, la existencia de protocolos, pero lo que uno ve en terreno es que se siguen no cumpliendo incluso con los mismos protocolos que Carabineros tiene, y menos aún con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, desde una perspectiva de derechos humanos”.
“Entonces lo que urge es un control real de parte del Gobierno en términos de asegurar que el actuar policial esté a la altura de los estándares de derechos humanos. Y eso es lo que no hemos visto. Y tampoco hemos visto por parte del gobierno una condena efectiva de la violencia policial. Siempre se ha, de alguna manera, intentado justificar, siempre se ha intentado minimizar por la vía de decir que son casos particulares, que hay que dejar que la justicia actúe, que por supuesto hay que dejar que la justicia actúe, pero esa no puede ser la única respuesta. Porque al nivel de gravedad de lo que estamos viendo, es una respuesta absolutamente insuficiente, y eso es lo que esperamos ver. Queremos ver que ese mismo escándalo que nos producen los hechos de violencia, uno lo vea cuando son agentes del Estado los que están atacando a personas que se están manifestando en forma pacífica” agregó.
En estado de emergencia aumentaron los abusos
La organización, que envió una misión de observación de al país a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad “aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado” y que a finales del año “las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros, se contaban por miles”.
Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos "de manera injustificada, generalizada e indiscriminada", ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó AI.
Con respecto a las reformas anunciadas por el gobierno en Carabineros, Piquer indicó que “un ejemplo de ello – de las transformaciones- es la creación de la Unidad y luego Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, que uno lo puede ver como algo que es positivo, que es interesante, pero que en la práctica del actuar de fuerzas especiales en terreno no ha tenido ninguna diferencia. Y en ese sentido es que nos preocupa. Que ojalá estas sean reformas que efectivamente generen una diferencia en el actuar policial en terreno, y que las personas que se manifiestan pacíficamente lo puedan hacer de forma segura y sin que su principal temor sea el actuar de agentes del Estado”.
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