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miércoles, 26 de febrero de 2020

El regalo de la mayoría parlamentaria en 1989

Traicion

El "progresismo" chileno está habituado a usar las votaciones para traicionar a quienes dice representar y, partiendo, a la democracia. No otra cosa es el "Acuerdo" que lleva al Plebiscito que supuestamente decidirá, sí o no, cambiamos la constitución espuria de la dictadura. De ahí las voces que se alzan para llamar a votar en las urnas y en la calle. Porque la traición, cuando triunfa, la llaman Concertación. Solo el pueblo es soberano, así lo entendieron los fundadores de la democracia, en Atenas, hace 25 siglos... Una nota de Felipe Portales.


Judas
Judas entregando a Jesús con un beso...



Felipe Portales - Sociólogo y escritor - 25 de febrero 2020


Se ha convertido en un verdadero tabú el sólo mencionar el virtual regalo de la mayoría parlamentaria, efectuado por el liderazgo de la Concertación a la Derecha, en 1989, mediante el acuerdo de Reformas Constitucionales concordado con Pinochet y ratificado por un plebiscito, el 31 de julio de ese año.
Dicho regalo consistió en modificar los artículos originales de la Constitución del 80 (65 y 68) que le permitían, al gobierno que estrenaría la Constitución permanente (obviamente, pensando en que Pinochet sería ratificado en 1988) disponer de mayoría parlamentaria simple, teniendo solamente mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. En efecto, Pinochet habría tenido, con seguridad, mayoría en el Senado, con los nueve senadores designados; y habría alcanzado, de más, a tener un tercio en diputados, gracias al sistema electoral binominal.
Pero, como el Dictador perdió el plebiscito de octubre del 88, aquel prospecto se revertiría, beneficiando también, con seguridad, al próximo Presidente de la Concertación, Patricio Aylwin. Esto, porque la Concertación habría tenido, de más, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (lo que, en efecto, ocurrió) y habría logrado, igualmente, con plena certeza, el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original estaba integrado por 26 senadores electos, correspondientes a las 13 regiones de ese entonces; y por los nueve designados, es decir, por 35 miembros. Y, siendo el tercio de 35, 12 y considerando que la Concertación –en el peor de los casos– elegiría uno por región, aquello significaba que terminaría, al menos, con 13.
Y, aquí, vino lo insólito, pero que quedó ocultado por el hecho de que el acuerdo entre la Concertación y Pinochet fue de un ‘paquete’ de 54 reformas que se plebiscitó como tal: el liderazgo de la Concertación aceptó que se elevaran los quórums para las leyes simples –¡a mayoría absoluta en ambas cámaras, pero sin eliminar los senadores designados!– con lo que, evidentemente, perdería la mayoría parlamentaria segura. Como hay muchos que, por ignorancia o malicia, niegan que haya ocurrido lo anterior, es importante que el lector conozca de primera mano el tenor del principal de aquellos dos artículos de la Constitución original, el 65:
“El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios presentes”. El cambio del Artículo 68 constituye un simple derivado de aquel.
Explicar aquello por el temor es absurdo, porque nadie le regala más poder al adversario que teme. Además, como el propio Boeninger lo reconoció en su libro, de 1997, DEMOCRACIA EN CHILE. LECCIONES PARA LA GOBERNABILIDAD (Editorial Andrés Bello; páginas 347 y 349), no existía ninguna condición nacional ni internacional para intentar, siquiera, un nuevo golpe de Estado. Comprobación de ello fue la derrota total del amago de Pinochet en esa dirección en la madrugada del 6 de octubre del 88, debido a la frontal oposición a ello de la Armada, Aviación y Carabineros, y del conjunto de la Derecha, incluyendo al mismo Jaime Guzmán. Y menos, todavía, habría habido chance de ello ¡porque la Concertación se opusiese a un cambio de la Constitución impuesta por el propio Pinochet!
La explicación de fondo la revela el mismo Edgardo Boeninger, cuando señala que el liderazgo de la Concertación llegó, a fines de los 80, a “una convergencia [con el pensamiento económico de la Derecha] que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (página 369). De este modo, si la Concertación hubiese tenido ¡desde marzo de 1990! mayoría parlamentaria simple, habría quedado desnuda frente a sus bases en su falta total de voluntad de hacer cambios profundos en la legislación laboral, sindical, de salud, tributaria, universitaria y, en general, de todas las estructuras económico-sociales impuestas por la Dictadura y que no requerían de quórums supra-mayoritarios para modificarlas. En cambio, al regalar solapadamente aquella mayoría quedaba habilitada para culpar al hecho de no tener mayoría el que no se pudiesen hacer esos cambios. ¡Y esa fue, precisamente, la letanía que hemos escuchado durante treinta años!
Y, por cierto, todo lo anterior explica la unanimidad y persistencia de dicho liderazgo en negarse, absolutamente, a mencionar el tema –¡ni siquiera para rebatirlo, las pocas veces que se ha mencionado!– para, así, no darle más luz al gas. De partida, uno de los mismos negociadores de la Concertación de aquellos acuerdos con Pinochet, el abogado y académico radical Carlos Andrade Geywitz, en un voluminoso estudio de 339 páginas sobre dichos acuerdos (Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Editorial Jurídica de
Chile, 1991), ¡se hizo completamente el leso respecto de aquello! (Ver páginas 229 y 230). Y así, hasta hoy.
Ni siquiera Boeninger –que había reconocido, crudamente, la derechización del liderazgo concertacionista y el engaño del gobierno de Aylwin de buscar no hacer justicia respecto de las violaciones de Derechos Humanos, salvo en el caso Letelier (Ver página 400)– se atrevió a reconocer la enormidad de lo que significaba, para el País, el haber regalado la mayoría parlamentaria.
Y el ocultamiento se ha mantenido, pese a los pocos que hemos mencionado el tema. Según entiendo, el primero en hacerlo fue Andrés Allamand, en su libro, publicado en 1999, LA TRAVESÍA DEL DESIERTO (Editorial Aguilar) cuando dijo, para justificar el Acuerdo de Reformas de 1989, que luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito, “ahora tocaría estar al otro lado del mesón [en la oposición] y era evidente la conveniencia de disminuir algunas de las exorbitantes facultades del Ejecutivo [insertas en la Constitución original del 80], como la de disolver la Cámara de Diputados, o aquella inaudita que le habría permitido aprobar leyes sólo con mayoría en una cámara y apenas un tercio de la otra” (página 180).
Y, luego, en 2000, lo hizo el suscrito en el capítulo tres de CHILE: UNA DEMOCRACIA TUTELADA (Editorial Sudamericana), titulado: EL “PACTO SECRETO”: LA ENTREGA DE LA MAYORÍA PARLAMENTARIA; y colocando en la contratapa el titular: “Chile: Una democracia tutelada. El libro que revela el ‘pacto secreto’ de la transición”. Y, posteriormente, también lo traté, en detalle, en 2006, en el trabajo LAGOS Y LA CONCERTACIÓN: ADAPTACIONES NEOLIBERALES Y RENUNCIAS DEMOCRÁTICAS que apareció en el libro colectivo GOBIERNO DE LAGOS: BALANCE CRÍTICO, de LOM, escrito, además, por Horacio Brum, Hugo Fazio, Claudia Lagos, Hugo Latorre, Rafael Otano, Magaly Parada, Manuel Riesco, Gabriel Salazar y Gonzalo Villarino. Asimismo, lo he mencionado en innumerables artículos para la prensa escrita y digital. Ciertamente que muchos académicos y periodistas han mencionado, también, este insólito y trascendental hecho de nuestra historia; pero, también –hasta la fecha– con escasa fortuna en cuanto a hacerlo conocido por la generalidad de los chilenos.
El punto es que ahora tiene todo el sentido del mundo sacarlo a la luz, en la medida que el pacto del 15 de noviembre pasado tiene todas las trazas de aquel: el de ser un nuevo regalo político del liderazgo de la ex Concertación a la Derecha, consistente en concederle un virtual poder de veto en la elaboración de la nueva Constitución, al establecer un quórum de dos tercios para tal efecto, teniendo en cuenta que en todas las elecciones, desde 1990 a la fecha, la Derecha ha superado, largamente, un tercio de los votos y de los congresales electos, con y sin sistema electoral binominal. Ello ‘obligará’ a la ex Concertación a concordar con la Derecha una Constitución al gusto de ella, ya que la alternativa que no se produzca acuerdo alguno –en el marco de una muy improbable izquierdización de los constituyentes de la ex Concertación– significará que se mantiene plenamente vigente la actual Constitución. Por lo tanto –así como la Concertación terminó culpando a la Derecha de no haber podido hacer cambios del modelo neoliberal en veinticuatro años de gobierno, porque no tenía mayoría parlamentaria– en el futuro la culpará, también a ella, de no haber podido aprobar una Constitución que permitiera sentar las bases de una sociedad genuinamente democrática y justa.
Como, bien, lo señaló el filósofo George Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.
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