El diputado Leonardo Soto (PS) presentó una denuncia penal ante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por el denominado caso FACh Gate.
Esto luego de que la Contraloría General de la República descubriera graves irregularidades en las comisiones de servicios al extranjero, fletes, viáticos y pasajes aéreos de la Fuerza Aérea de Chile, entre 2017 y 2018, que no tienen respaldo y que ascienden a US$ 1,3 millones.
Según el diputado, autor de la solicitud que llevó a Contraloría a iniciar esta auditoría en la FACh, “se detectó un mecanismo utilizado por la FACh para transferir recursos públicos a altos oficiales, con la finalidad de financiar sus viajes al extranjero, mediante un procedimiento institucional aún más informal, ilegal y facilitador de la corrupción que el empleado por el Ejército”.
Asimismo, agregó que “se les transfirieron dineros por más de US$ 1,3 millones, sobre la base de simples cotizaciones de pasajes aéreos de agencias de viajes, con valores inflados, por sobre los reales y sin exigir la rendición que la ley establecía para los gastos realizados, entre otras graves irregularidades reñidas con la probidad”.
Soto precisó que “el informe advierte coincidencias entre las fechas de los viajes de algunos funcionarios con el de sus cónyuges, que no se pudo acreditar por la informalidad y el ilegal descontrol institucional, señalando el Sr. Contralor que ‘existe el riesgo de que los viajes de las cónyuges hayan sido financiados total o parcialmente con recursos públicos'”.
A juicio del legislador, “la gravedad y multiplicidad de irregularidades detectadas por la Contraloría y su similitud con delitos similares cometidos en el Ejército, constituyen antecedentes graves que pueden configurar una posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos, fraude al fisco y otros delitos de corrupción por parte de altos oficiales, que justifican perfectamente ser investigados penalmente, para la determinación de las responsabilidades y el establecimiento de las sanciones penales de todos quienes resulten responsables”.
Para Soto, “estamos hablando de más US$ 1.3 millones de recursos públicos, que llegaron a los bolsillos del alto mando de la FACh, para compra de pasajes aéreos al extranjero sobrevaluados y gastos de fletes y embalajes cuya rendición de cuentas nunca la hicieron. Se agregan viáticos por comisiones de servicio que eran costeadas por los anfitriones o en las que los militares preferían pernoctar en el avión y dejar para sí los recursos destinados por la institución para el cometido”.
“Es de suma importancia que la ministra Rutherford, la jueza anticorrupción, pueda iniciar esta arista investigativa en la misma línea que lleva la indagatoria con el Ejército, estableciendo responsabilidades si procediere y con ello, de alguna forma, frenar y castigar estos escándalos de corrupción que avergüenzan, debilitan y dañan a la inmensa mayoría de funcionarios honestos de las ramas de las Fuerzas Armadas y generan una brecha de desconfianza con la ciudadanía que este país debe acortar”, concluyó el diputado PS.
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