La tensión que actualmente existe en la península coreana evidencia una real amenaza a la seguridad internacional. Lo anterior, en virtud que la Guerra de Corea no terminó en 1953, sino que se encuentra dormida en una frágil tregua, la que -históricamente- ha dependido de líderes autoritarios por el Norte y líderes que responden a los intereses geopolíticos de Washington por el Sur.
En ese contexto, la destrucción que llevó a cabo Pyonyang de un edificio que servía -desde el 2018- como un espacio destinado para generar encuentros políticos entre las dos Coreas, y que se ubicaba en territorio norcoreano, ha provocado la reactivación de la tensión entre ambos Estados.
La decisión de destruir este edificio de enlace se hizo en respuesta a la potencial inacción de Seúl a la hora de evitar que grupos de desertores norcoreanos sigan enviando -a su país de origen- folletos contrarios a Kim Jong-Un y por los cuales se le acusa de violar los derechos humanos de la población norcoreana.
Ante esto, y en una dinámica clásica de la autocracia, el gobierno de Pyonyang ha entendido que el resguardo del honor del líder es una obligación, por lo que las decisiones que se adoptan en aras de asegurar este fin resultan siempre justificadas. Así entonces, y ante la incertidumbre y amenaza que genera el modelo norcoreano, Seúl ha reaccionado sometiéndose, estableciendo medidas que no se dirigen contra Corea del Norte, sino contra los grupos desertores, ya que su accionar alimentaría las tensiones transfronterizas.
Así entonces, y en virtud de lo débil que han sido -históricamente- las reacciones de Corea del Sur ante las amenazas de Corea del Norte, es esperable que en el breve tiempo el régimen de Pyonyang refuerce su posición a través de acciones que vulneran la tregua y que condicionan la paz, tales como la reanudación de maniobras militares en la zona desmilitarizada, el lanzamiento de cohetes sobre el Mar de Japón o la reactivación de sus ensayos nucleares.

Pedro Díaz Polanco
Docente del Instituto de Gestión e Industria
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile