Vivimos en una sociedad precaria y precarizada. La misma idea de sociedad es precaria. Una sociedad precaria instituye, norma, reproduce, segmenta, clasifica e induce la precariedad como una condición estructural para su delimitación y gobierno. Está, ha sido la forma de gobernar y ordenar a la población durante décadas. Se le ha despojado de su condición de derechos (“ciudadanía”) y se le ha convertido en persona de asistencia, clientelismo, consulta y subvención.
En otros casos, el ejercicio de la violencia militar y/o judicial ha primado, instalando la construcción de enemigos, de delincuentes, de extremistas. Todo sentido solidario había sido demonizado, exonerado y perseguido. En el centro de la sociedad precaria el peligro de la rebelión había estado presente desde su misma formación, y había ido forjando su génesis en el sufrimiento, el padecer y el ancho campo de sus resistencias. Allí se encuentran las bases del llamado “estallido social” de octubre de 2019.
Si bien, la precariedad se instaló como una condición instituida a partir de una serie de políticas y de equipamientos sociales, militares y culturales, la radicalización de su ejercicio es posible observarla en la actualidad a través de los efectos de la pandemia. El gobierno se rinde a las recetas de confinamiento, mientras el virus devora y ocupa los cuerpos de las y los más precarizados, de los más expuestos, de quienes viven hacinados, de los que no cuentan con las posibilidades de encierro, de cuidado de sí mismos y de cuidado de quienes aman ¿Por qué?
La respuesta ha sido respondida desde distintos actores compartiendo el filamento central de una demagogia que ha acompañado el cemento ideológico de la sociedad precaria: No podemos detener la economía. El templo económico montado en Chile hace ya más de cuatro décadas ha despojado a la población y a los pueblos que aquí habitan de la posibilidad de contar con seguridad social, protección y un sistema de garantías básicos/mínimos para la propia reproducción de la vida. Sus efectos se amplifican cuando la vida se encuentra en el centro de la crisis, cuando la dignidad sigue cantando su coro en esta impunidad, y cuando la obscenidad del gobierno sigue siendo la tendencia.
La precariedad ha sido instituida antes de la pandemia. El sistema de salud se encuentra divido en público y privado, alimentando un profundo proceso de segregación. Las alertas sobre la desigualdad y la indefensión que enfrenta la población más pobre del país estaban a la vista en listas de espera interminables y saturaciones del sistema público, y como contraste, las ganancias exorbitantes y la calidad del sistema privado. El dinero sería el dispositivo de entrada y garantía al resguardo de la salud, de la vida. Quien no cuenta con él, sería dirigido a los pasillos de la espera y la muerte.
Los trabajadores de la salud han denunciado históricamente esta situación. No sólo hoy. Han sido cientos de movilizaciones, ya casi convertidas en ritos anuales, que nos recuerdan las demandas de financiamiento a un sistema de salud entregado a la quiebra, a la gestión de la carencia y la necesidad. Hoy quienes deben enfrentar en “primera línea” este sistemático olvido de la salud como sistema solidario son las y los trabajadoras de la salud, exhibiendo como la institucionalización de la precariedad es circular en sus efectos.
No es difícil entender cómo se gobierna una sociedad precaria en una crisis. Las consecuencias de la precariedad se dirigen sobre los precarizados, mientras que el estado asiste clientelarmente a una población que no cuenta con derechos a la protección y la seguridad, pero si a la mendicidad y la asistencia. Esta asistencia es codificada en una nueva forma de ganancias, y se apuntalan nuevos acuerdos inter-empresariales para fijar precios a canastas de alimentos y créditos en medio de la carencia, el hambre y la miseria, mientras la policía y el ejército dan respuesta al “nuevo descontento social” del cual alertan organismos internacionales como la OIT y CEPAL.
Todo es posible para el templo neoliberal. Toda precariedad puede volverse tributo de la espiral de los negocios monopólicos. No hay vergüenza. El dinero pretende resolver la carencia, no el derecho. Los porcentajes, los vulnerables, etc., pasan a ser parte de una narrativa que maneja el hambre como quien maneja un banco, mientras las arcas financieras son alimentadas por fondos estatales. El desempleo crece expansivamente, creando una población en completa indefensión en la crisis, mientras las grandes riquezas siguen intactas y sin iniciativas redistributivas para el amparo solidario de la población.
¿cómo es posible que aún no exista una banda de precios a bienes de necesidad básica? ¿Cómo es posible que aún no se instale una discusión seria sobre una renta básica? ¿por qué no se han congelado los pagos de deudas hipotecarias y financieras? Estamos en medio de un huracán sistémico. La falta de iniciativa política, la carencia de transparencia con los datos e información, el manejo de crisis centrado en objetivos productivistas, está dando forma a una tormenta brutal que sólo se rige por los acuerdos y desencuentros entre las premisas neoliberales extremas y moderadas del gobierno precario.
Con este clima político las precariedades siguen expandiéndose y allanan el camino a una nueva rebelión. Nuevas expresiones de descontento, hambre, frío y malestar se combinan para dar respuesta a una crisis social y económica. La geografía de la precariedad construida por décadas está por dinamitar los nodos de pobreza, desempleo y desprotección. La desigualdad del poder muestra una cara obscena, la cara de una sociedad precaria que comienza a caerse a pedazos. Es hora de generar iniciativas solidarias, enfocadas en la protección y bienestar de la población, en un marco de derechos. Es hora de fracturar los consensos que dieron forma a nuestra querida sociedad precaria.
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