por Hernán Leighton y Héctor Cossio 22 septiembre, 2020
Por más de 40 años, el silencio y la impunidad se impusieron sin contrapeso en la congregación educacional de los Hermanos Maristas. Los abusos sexuales eclesiásticos, según Eneas Espinoza - una de las primeras víctimas en hacer público su testimonio el 2018- formaban parte de una cultura del hacer y del esconder. A dos años de que se destapara el escándalo del caso Maristas, y que junto a este, muchos otros casos de abusos de parte de religiosos estuvieran en la primera línea del interés público, Eneas acusa hoy total abandono de parte del Vaticano y traición de parte de los enviados papales -Bertomeu y Scicluna- quienes llegaron a Chile prometiendo celeridad en la colaboración con las autoridades nacionales y que, tras revelar en el famoso informe Scicluna, que en el país existía una cultura del "abuso y el encubrimiento", lo único que se aceleró -denuncia- fue la intención de la Iglesia católica de "echarle tierra a los casos" y de "dar vuelta la página" sin verdad ni justicia.
La gran preocupación, rabia y desconsuelo, sin embargo, no está en la actitud de encubrimiento que aún reina en la jerarquía de la iglesia apostólica y romana, sino en la "burla" y "complicidad" que aseguran sentir las víctimas y sobrevivientes de estos crímenes de parte del Ministerio Público, que para no avanzar en las causas se escudan en el contexto de la pandemia.
La impunidad y la Fiscalía
"Se nos informó desde Fiscalía que las demoras se debían a la pandemia, lo cual nos parece absurdo. La justicia chilena no se ha detenido en estos meses ¿por qué las causas que apuntan a la Iglesia católica sí? Pareciera como si el virus se hubiese sentado exclusivamente sobre los expedientes de las causas de abusos sexuales eclesiásticos y nadie pudiera tocarlas. De este modo entonces, queda la impresión para los sobrevivientes y sus familias que el contexto de la pandemia se usa para retrasar, demorar, no realizar diligencias claves, todo lo que facilita el retraso de imputaciones que finalmente determinan que la impunidad en torno a estos crímenes se mantenga", denuncia Espinoza, quien fue agredido sexualmente desde los 7 años por parte de religiosos del Instituto Alonso de Ercilla y de sacerdotes, como el expulsado Cristián Precht.
Luego que las investigaciones sobre los abusos a menores así como los de los delitos de encubrimiento tuvieran un impulso vehemente cuando la jerarquía eclesial estaba bajo la lupa del fiscal Emiliano Arias, el ímpetu inicial comenzó a desinflarse en la mismo periodo en que a Arias le quitaron los casos cuando comenzaba a pisar la sotana de los más altos prelados chilenos.
"Esto está pasando en todas causas, porque estamos en comunicación permanente a través de la Red de Sobrevivientes con otros casos, mediáticos y no mediáticos, de Santiago y de regiones; y todos están en la misma situación", denuncia el ex alumno marista.
En su caso en particular, Eneas Espinoza advierte que "primero hubo demoras más allá de lo razonable en la entrega del informe de la PDI que contiene apenas una sucesión de testimonios. El resto de las diligencias no sabemos dónde están y en qué estado de avance se encuentran. Los avances iniciales con allanamientos a dependencias de la Congregación de los Hermanos Maristas, la recopilación de antecedentes económicos, historial, traslados y hoja de vida de los religiosos denunciados, mucho material de prueba que ahora desconocemos su destino".
Ante nuestros pedidos formales sobre el estado de avance de los casos, Eneas confiesa que los fiscales responden "como si recién se vinieran a enterar ahora que hay carpetas abiertas en sus propias oficinas sobre abusos que involucran a miembros de la Iglesia Católica en Chile".
"Y estamos hablando de causas que estremecieron al país, nadie puede hacerse el sorprendido. Esa actitud es la que más nos preocupa. El Estado de Chile es responsable de impartir justicia siempre, pero especialmente cuando lo que tiene entre manos no es la investigación de crímenes aislados. El panorama que nosotros como sobrevivientes podemos mapear es uno que muestra una evidente responsabilidad institucional de la Iglesia católica y de las congregaciones educativas. Los antecedentes en manos de la fiscalía chilena hablan de encubrimiento, de silenciamiento, de décadas de echar tierra para evitar el escándalo avalando impunidad y abandonando a víctimas y sobrevivientes. La propia Iglesia Católica reconoce este panorama, desde el Vaticano lo han señalado públicamente. Acá estamos hablando de responsabilidad institucional y si el Ministerio Público no entiende la gravedad de no completar las investigaciones de estas causas y establecer una verdad jurídica es que entonces no está a la altura de lo que la sociedad le demanda".
El abandono de Roma
Eneas Espinoza recuerda que cuando los enviados papales -Charles Scicluna y Jordi Bertomeu- vinieron a Chile, recibieron antecedentes de distintos casos, no sólo del caso Maristas. Recuerda que hablaron de avanzar en las investigaciones con celeridad, que se comprometieron a colaborar con la justicia nacional. Salvo la expulsión del estado clerical de los curas más mediáticos como Fernando Karadima y Cristián Precht, no se hizo nada más. Según la víctima en el caso Marista, los hechos terminaron por demostrar que la Iglesia de Roma no buscaba ocuparse de los casos, sino que dar la sensación de ocuparse de los abusos sexuales eclesiásticos. "Ese fue el foco de toda la actividad desplegada coordinadamente desde el Vaticano. Miren el actuar de los obispos chilenos, hasta la fecha siguen encubriendo. Cuando consultas en Santiago en la oficina que dejó funcionando Scicluna por la situación te dicen que todo está en Roma y cuando consultas en Roma te dicen que todavía no llegó todo desde Chile. Es casi una burla".
"Notamos que dentro de la Iglesia Católica en Chile todo vuelve a donde estaba antes de la visita del Papa", agrega Espinoza. "No hay cambios sustanciales y las modificaciones cosméticas empiezan a descascararse. Si ellos mismos reconocen la cultura del abuso y el encubrimiento no hicieron nada para cambiarla. En cambio sí han dedicado tiempo y recursos para dar la sensación de que la crisis de la los abusos en la Iglesia está terminando. Quieren dar vuelta la página desde lo mediático, desde la imagen".
Para Espinoza, la Iglesia quiere imponer una verdad oficial sin escuchar a los sobrevivientes, sin reconocer una Memoria Histórica. "Muchos obispos, laicos y religiosos han optado por el negacionismo de estos crímenes y de obstaculizar todo intento por escuchar a los sobrevivientes, colaborar con la Justicia o promover espacios de reparación. Prefieren asegurar cuotas de poder y defender un mal entendido prestigio y lealtad, antes de solidarizar con el dolor y sufrimiento de tantas familias traicionadas".
El Estado como cómplice pasivo de los abusos
Eneas Espinoza confiesa que el interés en que avance el Caso Maristas, "además de la obvia necesidad personal de justicia", tiene una motivación muy fuerte en conseguir un "Nunca Más Abusos a las Infancias en contextos eclesiásticos".
"La justicia chilena es clave en esto, si no es ella la que acciona sobre la Iglesia Católica, sobre la congregación de los Hermanos Maristas en este caso, entonces se establecerá un precedente muy peligroso para otros casos y otros criminales", señala.
Como una manera de prevenir que se siente tal precedente, Espinoza adelanta que las víctimas del caso Marista se encuentran preparando una acción civil que presentará en breve plazo y que tendría como propósito motivar dos efectos. Por un lado, reafirmar la responsabilidad institucional y, por el otro, despertar a la Iglesia católica en la necesidad de que trabaje verdaderamente para terminar con estos crímenes y su encubrimiento al interior de los espacios que controla. Pero para alcanzar aquello, reconoce que se necesita que "el Estado haga la pega".
"Las casillas de email de la Red de Sobrevivientes están incendiadas ante la situación de los expedientes en Fiscalía. La expectación crece y preocupa mucho que la pandemia sea el camión de tierra que necesita la Iglesia católica para tapar sus crímenes. Si el Estado de Chile no hace la pega, avanzaremos a las cortes internacionales. Necesitamos un Estado garante de los DDHH y no un Estado cómplice pasivo de crímenes. Llegaremos donde tengamos que llegar en memoria de todos aquellos que han muerto sin posibilidades de acceder a la justicia y a la reparación justas y necesarias. Solamente en el caso maristas este año fallecieron dos personas víctimas de estos crímenes en sus infancias sin ver justicia", concluye.
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