#Eludieron a Contraloría
Papaya Gate: Fiscalía investiga fraude al fisco por $9.800 millones en Intendencia de Coquimbo
Fotografía: Foto: gentileza Diario El Día, de Coquimbo
La historia es así: el Gobierno Regional decidió comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos. La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Sin embargo, a principios de julio pasado y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados. Por esta razón, se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la perseguidora regional de Valparaíso para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella. En tanto, la intendenta Lucía Pinto (UDI) confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida por Lucía Pinto (UDI)- debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
La decisión adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.
Las razones para ello se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.
La entidad que dirige Bermúdez descubrió también que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye.
Lo más grave, detalla la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.
Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto -y eventualmente a otros funcionarios- ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.
El insider
Dentro de los hechos que hoy están en la mira de la fiscal Perivancich, es que al interior del GORE trabajó durante todo 2019 como asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini. Este último es hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron los paños por la cifra aludida, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés.
Otro detalle en que puso hincapié la Contraloría en su presentación al Ministerio Público es que si bien se pagó por más de 60 mil metros cuadrados, las escrituras establecen que la propiedad cuenta con 10 mil metros cuadrados menos.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío solicitó una entrevista con la intendenta Pinto. Si bien accedió en primera instancia, luego cambió de opinión. Por esta razón, se le entregó un listado de preguntas que no contestó, enviando de vuelta una descripción del proceso detrás de la adquisición, que el organismo fiscalizador estima irregular y la fiscalía indaga como delito.
Lo que sí confirmó Pinto es que efectivamente el terreno se compró sin el control de legalidad de la Contraloría.
Todo en orden
La autoridad, indicó que se realizó un nuevo estudio de antecedentes, que a su juicio indican que todo el proceso mantuvo siempre “absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado”.
En su defensa dijo que se analizaron otros sitios que eran más caros, pero no respondió por qué se pagaron $5.800 millones de pesos por sobre la primera tasación.
Respecto al funcionario que mantenía un conflicto de interés y la estrategia usada en una notaría local para pagar los 9.800 millones sin la toma de razón, no hubo explicaciones.
Sin embargo, aseguró: “(…) se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de Contraloría. Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”, concluyó Pinto.
Lea las preguntas a la intendenta que no contestó y las declaraciones que envió
“Extrema gravedad”
Este medio consultó a la Contraloría que a través de un breve comunicado explicó: “Aun cuando en cuatro ocasiones, la Contraloría declaró ilegal el trato directo para la compraventa de un terreno destinado a la construcción de un centro deportivo, el Gobierno Regional llevó a cabo la operación con un particular, sin la toma de razón correspondiente”.
Y agregó: “Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República, cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad. Por ese motivo, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho”.
Desde el Ministerio del Interior, superioridad jerárquica de la intendenta Pinto, se indicó que había pleno “conocimiento que la Contraloría (…) ha instruido una investigación administrativa, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades y eventuales sanciones que en derecho corresponda”.
“En ese orden de ideas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública expresa su más completa disposición a colaborar con la investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República, así como cualquier otra eventual investigación (la del Ministerio Público) que en el futuro sea instruida por los órganos competentes”, sigue la declaración.
Por esta razón, se le ordenó a Pinto enviar un informe detallado explicando los alcances de sus resoluciones.
En materia procesal, el Ministerio Público enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que evaluará si presenta una querella por fraude al fisco.
La carta
El proceso para la compra y que hoy está en la mira de la fiscalía, comenzó en enero de 2019, cuando el GORE recibió una “carta de intención”, en la que un grupo de sociedades inmobiliarias manifestaba su intención de vender seis lotes por $9.819 millones. Estos correspondían a 61.874 MT2 a un precio de 5,8 UF por metro cuadrado.
Ese mismo mes de enero, el GORE solicitó dos informes de tasación independientes para definir cuánto valían los terrenos. El primero entregó $4.000 millones de pesos como precio, mientras que el segundo poco más de $3.972 millones.
La idea de adquirirlos buscaba resarcir a la Municipalidad de La Serena, ya que donde se ubicaba un antiguo centro deportivo, hoy se erigirá un Hospital de Referencia.
La sede comunal estimó que los lotes ofrecidos por un grupo de inmobiliarias le permitiría instalar el nuevo Centro Deportivo San Ramón, por lo que solicitó al Gobierno Regional que la idea fuera incluida como “iniciativa de inversión”, atendida su importancia social.
Durante mayo de 2019, mientras se desarrollaba el análisis de la compra, Nicolás Bakulic Gorovic, ingresó como accionista -con un 25% de la propiedad- a las inmobiliarias Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA precisamente las sociedades que ostentaban la propiedad de los 6 lotes que aparecían en la misiva antes aludida.
Cuando ocurrió lo anterior, su hijo Nicolás Bakulic Albertini, llevaba más de un año prestando servicios a honorarios en el GORE como profesional de apoyo técnico “en materias de pre-inversión” y que mantuvo contacto estrecho con el análisis que se hacía de la adquisición.
El recinto deportivo fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social en junio del año pasado, previo Análisis Técnico Económico (ATE), dando el visto bueno al proyecto.
Principio y fin
El 9 de octubre de 2019 el GORE finalmente aprobó la adquisición, decisión que fue rechazada de inmediato por la Contraloría. Entre otros argumentos porque los terrenos no cumplían los requisitos mínimos para llevar adelante el proyecto.
La Intendencia Regional dejó sin efecto la decisión anterior y en su reemplazo dictó un nuevo documento, aprobando la compraventa. Sin embargo, en esta oportunidad, agregó dos nuevas tasaciones para rejustificar la operación. En números, la primera indicaba que el valor ascendía a $8.755 millones y la segunda a $9.180 millones. En otras palabras duplicaban el valor de las tasaciones de 2019.
La anterior determinación fue nuevamente representada por la Contraloría, como otros dos intentos posteriores.
Entre gallos
Como si sospechara que el dinero podía ser pagado eludiendo el control administrativo, la Contraloría fiscalizaba constantemente qué ocurría en la Segunda Notaría de La Serena y en el Conservador de Bienes Raíces de la misma comuna. Y esto para verificar si los vales vista por $9.800 millones eran o no entregados a los vendedores, debido a que el trámite de toma de razón estaba pendiente.
Por estos hechos la entidad de control tomó conocimiento que el 3 de julio pasado, el GORE y las sociedades vendedoras rescindieron un contrato previamente rechazado, pero el mismo día inscribieron uno nuevo, gracias al cual el 28 de julio, el dinero terminó en la cuenta corriente de las empresas.
Lea la resolución que dio inicio al sumario
Con los hechos consumados, la Contraloría requirió información a la Unidad de Finanzas del GORE, pero no obtuvo respuesta.
Por todo lo anterior, se inició un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, situación que está en pleno desarrollo.
No se puede
Para Pablo Andrés Alarcón, profesor de derecho administrativo de la Universidad Finis Terrae, y secretario del Consejo General del Colegio de Abogados, el GORE no puede saltarse a la Contraloría.
“Un Gobierno Regional, que es un órgano de la administración del Estado con personalidad jurídica propia y patrimonio propio (…) debe sujetarse (…) siempre al principio de juridicidad, o sea, actuar conforme a derecho (…). Por este alto monto (…) se debiera tomar razón. El Gobierno Regional no puede obviar ese trámite esencial, porque es parte del procedimiento administrativo”, explicó.
A su juicio, el camino adoptado por el organismo fiscalizador fue “el correcto”.
“Resulta un contrasentido si hubo cuatro veces que el Gobierno Regional intenta solicitar la toma de razón por la Contraloría, y las cuatro veces la Contraloría le dice que no, porque no corresponde y le da los argumentos, no resulta lógico que aparezca en una quinta oportunidad y ahora obviándose (la toma de razón). Ahí hay una (fórmula) que se conoce en la teoría del acto administrativo como una desviación de fin”, agregó.
El exdirector jurídico del Consejo para la Transparencia, y actual académico de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajevic, indicó que si se comprueba una operación para eludir la toma de razón de la Contraloría, sería una “conducta gravísima”.
“Lo que persigue la toma de razón es un control previo de legalidad de la actuación y debería dar origen a una investigación para perseguir las responsabilidad administrativas y penales, mucho más si hay un problema de perjuicio fiscal”, dice.
Sobre la gravedad, Rajevic comentó que “evadir la toma de razón yo creo que siempre es una conducta reprochable”.
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