por El Mostrador 23 septiembre, 2020
El Estado de Chile está funcionando en el vacío de una burbuja constitucional, creada bajo el argumento que el país vive una situación de catástrofe nacional por la pandemia del COVID-19. Hace pocos días, el Presidente de la República, sin mayores justificaciones, decidió extender por 90 días más el estado de excepción constitucional de “Catástrofe”, lo que –además de una mayor presencia de fuerza pública- conlleva militares armados en las calles y el peligro que esto implica, toques de queda, prohibiciones de circulación, de reunión y, la conculcación adicional de otros derechos fundamentales.
Lo más preocupante es que ningún órgano público ni representantes de partidos políticos tomen iniciativa -al menos- para pedir las explicaciones que correspondan al Ejecutivo, toda vez que se trata de restricciones de derechos fundamentales de la población; o hacer las prevenciones acerca de los procedimientos constitucionales que hay que cumplir o, derechamente cuestionar la medida realizando un análisis a fondo de lo que la decisión presidencial implica y sus riesgos para la ciudadanía y la democracia.
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Definitivamente, no se ve bien que el itinerario electoral para definir una nueva Constitución se transite bajo un régimen de excepción en materia de derechos constitucionales. Y es preocupante la omisión o silencio de la elite política sobre esto, con el Gobierno a la cabeza.
Es efectivo que una vez cumplidos 180 días desde la declaración original de Estado de Catástrofe, el Congreso Nacional tiene la facultad de dejarlo sin efecto si estima que las razones que la motivaron, hubieren cesado o fueren inexistentes. Pero la pasividad mostrada hasta ahora y el hecho que el Gobierno juega una estrategia entre la alarma y la desinformación en materia de salud pública, pudiere hacer presumir la existencia de un acuerdo tácito entre oficialismo y oposición para prorrogar el estado de excepción (por algún motivo no explicitado) o, simplemente, es tal el entontecimiento de la política, que ni siquiera le han puesto atención al tema.
En un editorial del 7 de mayo de 2020, este medio sostuvo que las medidas que se adopten en esta materia no pueden ser auto explicativas, sino que deben ser fundadas públicamente: “Una democracia sustantiva no admite que los derechos fundamentales se transformen en letra vacía y menos, que sean omitidos por quienes deben garantizar su plena vigencia, incluso allí donde, por excepcionalidad, deban experimentar restricciones”.
No puede ser que por una emergencia sanitaria nuestra democracia retroceda a “democracia tutelada”. Menos aún por los ineficientes resultados de la política de salud del Gobierno: Chile tiene más muertos que China con solo el 1,5% de su población.
Definitivamente nuestro país no requiere a sus fuerzas militares armadas para la guerra en las calles, lo cual es un peligro en sí mismo, además del enorme desgaste para las tropas, cumpliendo –ya por demasiado tiempo- funciones que no les son propias y para las que no están entrenadas.
Los derechos constitucionales conculcados con esta extensión del Estado de Catástrofe, son precisamente aquellos que nos aseguran autonomía frente al poder: la seguridad de la integridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de opinión y de conciencia, la libertad de reunión y de asociación, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a moverse de un lado a otro, entre otros.
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