El Presidente de la organización, Carlos Margotta, asegura que este tipo de actos no solo atenta contra el trabajo de la Comisión, sino que es también "una ofensa a la memoria de las víctimas".
Claudia Carvajal G.
Desde octubre de 2019 a octubre de 2020 son cuatro las veces que el edificio que alberga a la Comisión Chilena de DD.HH y al sitio de memoria ex Clínica Santa Lucía ha sufrido robos y daños.
En los primeros ingresos se llevaron los computadores con la información contenida sobre “víctimas de violación de derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre, respecto de los cuales nosotros hemos tomado el patrocinio. Luego ingresaron en dos oportunidades más y han hecho registro, pero no se han llevado nada más porque no había nada más que llevarse”, explicó Carlos Margotta en conversación con nuestro medio.
“Nos parece grave porque no creemos en las coincidencias, no creemos que en la madrugada del 26 de octubre, en medio del toque de queda, muy cerca de una comisaría y con un gran despliegue policial en toda la ciudad se haya producido un ingreso tan fácil de desconocidos a nuestra sede. Pensamos que a algunos les molesta el trabajo que venimos desarrollando con mucha fuerza, porque nos debemos a nuestro mandato institucional de defender y proteger a las víctimas frente a los graves atropellos de los derechos humanos”.
En cuanto a si este nuevo atentado a la propiedad afectó a la información sensible de las personas que ellos patrocinan, el abogado señaló que tales datos ya habían sido puestos en un lugar a salvo luego del primer robo ocurrido el 15 de diciembre.
“Si ellos buscaban información respecto de las causas que llevamos, entonces fracasaron completamente porque eso está resguardado. Hay un dato relevante acá y dice relación con que este inmueble nos fue entregado en concesión en 1992 y durante 28 años nunca sufrimos ningún tipo de ataque ni ingresos de desconocidos, sin embargo a partir del 18 de octubre ya llevamos cuatro, siendo el último el sufrido luego que se supieran los resultados del Plebiscito, entonces esto no es casual”.
Margotta ahondó en la responsabilidad que le cabe al Estado en la protección de los edificios que son monumentos nacionales.
“Luego del primer ataque nosotros pusimos en conocimiento de lo ocurrido a la Municipalidad de Santiago, a Carabineros, al Consejo de Monumentos Nacionales y al Ministerio de Bienes Nacionales, porque este inmueble es un monumento nacional en categoría de histórico declarado así por el Ministerio de Educación en el año 2015 porque fue un centro de detención y tortura conocido como la Clínica Santa Lucía. En consecuencia, la responsabilidad, cuidado y debido resguardo del inmueble y de lo que hay allí le corresponde al Estado sobre los organismos competentes. Estamos preocupados porque éste es un nuevo atentado a nuestro trabajo y también un atentado y una ofensa a la memoria de las víctimas y sus familiares”.
En el mismo lugar que se encuentra emplazada la sede de la Comisión Chilena de DD.HH. se ubica el sitio de memoria ex Clínica Santa Lucía. Lautaro Videla, presidente del Directorio de la Asociación a cargo de ese lugar relató a Radio Universidad de Chile lo sucedido en las últimas dos oportunidades que el inmueble ha sufrido robos por parte de sujetos desconocidos y criticó la falta de avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público.
“En el robo de agosto, el tercero de los atentados contra la propiedad, se le quedó al delincuente una mochila en la que habían antecedentes como un papel de autorización para salir en periodo de cuarentena, por lo tanto, la PDI pudo acceder al nombre del sujeto y supimos que esta persona tenía antecedentes delictuales. Lo sorprendente es que pese a haber detectado al delincuente, han pasado ya más de dos meses sin que la Fiscalía nos haya informado de ninguna iniciativa que dé cuenta de lo que se ha logrado con las indagaciones”.
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