Opinión

Voto + calle

por Osvaldo Torres 28 octubre, 2020

Sin duda el triunfo del Apruebo y Convención Constitucional, ha sido otro rotundo mensaje de la ciudadanía sobre su decisión de participar activamente en el cambio del país; un país del cual habían sido excluidos y que parecía no pertenecerles. Se privatizó el agua, la salud, las pensiones, la naturaleza, los bienes comunes y también se pretendió concretar la máxima de privatizar la sociedad, transformándola en una suma de individuos. Este es el gran fracaso de la derecha en el plebiscito. La población se reapropió de su país.

El rotundo triunfo indica que la política del terror y las exigencias de “pronunciamientos” de condena a los violentistas, tampoco funcionó. Más bien hubo un rechazo a las violaciones de los derechos humanos y un reconocimiento a quienes hicieron posible este proceso, simbolizados en Fabiola Campillai, Gustavo Gatica, los presos y demás víctimas de la violencia estatal en contra de la protesta social. En este sentido, la juventud también demostró que sabe estar en las urnas cuando vale la pena decidir cuestiones clave. Hay una relación de afecto entre los luchadores callejeros y el electorado.

Hay un factor de la votación que aún se mantiene sin verbalizar, y es que el Gobierno también fue escrutado y salió derrotado. Esto se reflejó en el voto del Rechazo muy similar a su apoyo en las encuestas y en su pérdida total de credibilidad en la voluntad de llevar a cabo el plebiscito.

Sin embargo, también este resultado ha sido sorprendente. Ello implica que, si aún hay sorpresa en descubrir que el pueblo en un 80% no desea más la vieja política llena de privilegios y quiere nueva Constitución, es porque esa política sigue sin entender en profundidad el proceso político cultural en marcha, que está refundando el sistema político.

En este sentido, la vieja Concertación está en un proceso de deterioro electoral evidente y la proyección es que solo podría captar una minoría de los votos de la juventud popular e ilustrada que se ha incorporado al proceso electoral. De esto que su única alternativa para ser gravitantes en la Convención será renovar su plantilla de candidaturas lo más lejos posible de los Walker, Burgos, Escalona, Viera-Gallo, Auth y otros tantos.

El desafío fundamental está en iniciar un camino largo desde ahora, para recomponer la relación entre la política y la sociedad civil, entre los partidos de izquierda y los movimientos sociales, para fortalecer el sistema de representación efectiva de los intereses de la diversidad de desigualdades y discriminaciones que vive el pueblo. Para ello hay que trasferir, o más bien reconocer, que el poder está en la sociedad movilizada y que los partidos deben adecuarse a esta realidad, abriendo espacios a quienes gestaron esta nueva situación. De otra forma, el proceso de grave deterioro de la credibilidad en los partidos terminará con los actuales, abriéndose una situación similar a la italiana, peruana o brasilera, donde las referencias son pequeños partidos controlados por caudillos de intereses particulares.

Lo fundamental es que la Convención Constitucional sea expresión del anhelo ciudadano y no de la sola voluntad de los partidos, de lo contrario, implicaría la deslegitimación de la propia Convención  y llevaría a una menor participación electoral ante candidaturas vistas como continuistas del viejo sistema o a que su resultado exprese una ingeniería electoral y no la voluntad mayoritaria.

En este sentido, la nueva iniciativa de las alcaldías de promover la unidad tras contenidos transformadores, con participación territorial para la definición de candidaturas, es un camino posible. Otro puede ser el convocar a congresos distritales donde participen las organizaciones sociales (cabildos, asambleas, juntas de vecinos, ollas comunes, etc.) y fuerzas políticas que se comprometen a incorporar candidaturas definidas previa discusión programática, en un acto electoral masivo.

Junto a lo anterior, el resultado electoral está indicando que la ciudadanía quiere ser protagonista e incidente en las decisiones de la Convención Constitucional; la movilización social no cesará durante el proceso. Por ello, aquella se parecerá muy poco al actual Congreso, y su reglamento debiera asegurar la transmisión de sus sesiones, acceso a las comisiones en que se organice, rendición de cuentas periódica de constituyentes por distrito, audiencias públicas, entre otras normas de participación. Esta canalización de la energía participativa es la que puede ir trasformando la protesta social en propuestas sobre el país que se quiere; la calle seguirá siendo el espacio público de la deliberación y la exigencia.

La expresión ciudadana del 25 de octubre por una nueva Constitución, redactada íntegramente por delegados electos, implica un acto político fundamental. Por esto el movimiento actual no es antipolítico, es contra la “vieja política”, la que despreciaba “a la calle”, la que ha reprimido a los mapuche y que permitió que 3 comunas concentraran el ingreso per cápita más alto del país.

En esas comunas no conviven con industrias o mineras contaminantes, ni con plaguicidas de plantaciones frutales o incendios forestales –de lo que son sus dueños–, ni con los carteles de la droga y, por supuesto, no hay ni una zona de sacrificio, no circulan camiones aljibe, ni viven pensionados pordioseros, y el Fonasa es la excepción. Son las comunas del Rechazo al cambio constitucional. Esos privilegios se parecen a los de la mayoría de los políticos (grandes sueldos, escasa asistencia, rotación con puestos en AFP y directorios varios, coimas), que es lo que repudia la última elección.

La batalla que viene por tener constituyentes socialmente representativos, marcará la diferencia entre los partidos con la lógica del viejo régimen que agoniza, de aquellos que podrían perdurar en el nuevo.

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