Con los resultados de la elección, que tuvo efecto en el mes de octubre, quedó plenamente probado que Estados Unidos, la OEA y los militares y policías bolivianos, además del fascista Fernando Camacho, prepararon y llevaron a cabo el golpe de Estado, perpetrado contra el gobierno de Evo Morales quien, como candidato a la reelección como Presidente, había alcanzado más de un 40% de los votos, y un 10% de diferencia con respecto a su rival más cercano, Carlos Mesa, cifra exigida por la Constitución boliviana para ser Presidente en la primera vuelta.
La misión de la OEA en América Latina nunca ha sido objetiva. (Mi primera manifestación en las calles de Santiago fue para condenar la intervención de la OEA en República Dominicana). El actual Secretario de esa Institución, Luis Almagro, luego de decenios, ha pedido disculpas por dicha intromisión de la OEA.
Luis Almagro, (“Almugre para los amigos”), ex Canciller de José Mujica, y recomendado por él para Secretario General de la OEA, no tardó mucho para pasarse del Frente Amplio Uruguayo a ser un “yanacona”, al servicio de Estados Unidos. (Famosa es la carta de ruptura que le envió su antiguo mentor, el Presidente Pepe Mujica). A su vez, los Presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, “le cantaron las cuarenta a este Judas de a peso”.
El Secretario General de la OEA tuvo una actitud muy distinta ante el fraude electoral en Honduras: apenas se enteró que el Departamento de Estado Norteamericano reconoció como legítimo el triunfo fraudulento de Juan Orlando Hernando Hernández, no pasó un segundo sin que la OEA hiciera otro tanto.
El Secretario General sólo representa a los países que son miembros de la OEA, por consiguiente, no puede tomar decisiones en nombre de ellos, menos en forma arbitraria y discriminadora. En Bolivia, aprovechando un corte computacional del conteo rápido, se apresuró a declarar fraudulento el triunfo de Evo Morales en la primera vuelta, en las elecciones de octubre de 2019.
Con el pésimo desempeño de la Comisión de Observación de la OEA, dudo que un gobierno serio contrate a sus “expertos para decorar con legitimidad sus procesos electorales”.
La justicia a nivel internacional debiera investigar y castigar el actuar de Almagro quien, como Secretario General de la OEA, propició un golpe de Estado en Bolivia, lo mismo que su intervención en Venezuela, en el famoso acto de la ciudad de Cúcuta.
Cuando los militares le recomendaron al Presidente Evo Morales que renunciara a su cargo, no encontraron en el orden de sucesión quién lo reemplazara, entonces recurrieron a una rubia platinada, vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, representante del pequeño departamento del Beni.
Un militar le impuso la Banda presidencial y entró con una gran biblia en su mano diciendo que “Dios entraba en gloria y majestad al Palacio Quemado”, regentado antes por un aymara, y en nombre de la civilización occidental humilló la bandera indígena.
En el Alto de la Paz, en Cochabamba y en El Chapares, los militares, con orden firmada por la auto-proclamada Presidenta interina, se dieron a la tarea de masacrar a indígenas, (36 de ellos fueron asesinados en la localidad de Socaba y Serkata), y continuó sobrepasando sus funciones de interinato con el atraso de las elecciones por más de un año, so pretexto de la pandemia.
La señora Áñez, que se cree blanca, descendiente de europeas y, además, defensora de la civilización occidental, es bastante macuca: no en vano, debajo de su cabellera teñida de amarillo, tiene sangre aymara, que se ve claramente con solo observar las raíces de su cabellera, mal tinturada, sin embargo, ha mostrado nula capacidad intelectual y, mucho menos, preparación y cultura, por consiguiente, quien en la práctica manda es su Ministro de Gobernación, Arturo Murillo, una fascista y ladrón de tomo y lomo.
Para vergüenza de España y Chile, Francisco Franco, el mentor de su alumno Augusto Pinochet, ambos murieron en la cama con todos los cuidados, eludiendo la mano de la justicia, (en caso de Franco, los pactos de La Moncloa, permitieron la transición con la sola condición de que ningún colaborador con la dictadura, así fueran de brutales torturadores, no serían conducidos a la justicia; en Chile, Pinochet aprendió la lección y quiso asegurar “el atado y bien atado” de Franco, obligando a los “demócratas”, por medio de un pacto, que fue plebiscitado, mediante el cual, (como lo confiesa el mismo Jaime Guzmán Errázuriz), que así la oposición ganara las elecciones, harían lo mismo que en dictadura, pacto que la Concertación cumplió a cabalidad).
Como los tiempos han cambiado, Mike Pompeo, Secretario de Estado Norteamericano, está empleando una nueva estrategia, probada en Venezuela: se trata de acusar a los gobernantes que no sean del agrado de Estados Unidos de ganar en elecciones fraudulentas y, por consiguientes, usurpar el poder, y buscar un auto proclamado candidato o candidata que prometa llamar a elecciones, “bajo la tutela de la antigua democracia más antigua del mundo”. (En Venezuela, le ha fallado la estrategia, y es muy notorio que Juan Guaidó siempre ha estado aliado con paramilitares colombianos, pero también es despreciado por los partidos tradicionales, – ADECO y COPEI – que prefieren a Henrique Capriles y pactar con el régimen de Maduro y, por el otro extremo, reemplazarlo por Leopoldo López, que está ahora en España, junto a su familia. Por su parte, María Corina Machado sigue creyendo que Trump dice la verdad en cuanto a que va a invadir Venezuela.
Áñez y sus principales ministros, (Arturo Murillo y Karen Longaric), como malos alumnos de Pompeo, demoraron mucho en llamar a elecciones, sumado a la pésima gestión, hicieron posible que Luis Arce obtuviera más del 50% de los votos, (más que el 40% de Evo Morales, obtenidos el año anterior), además de elegir a un Presidente no caudillista, (defecto de la izquierda latinoamericana que no entiende cabalmente que la democracia favorece al socialismo).
Con el triunfo del MAS y de Arce en particular, se debiera aprovechar el hecho de que las dictaduras en nuestro continente queden impunes, y que el “nunca más” no sólo sea una frase de buenas intenciones, sino que el hecho de tomar el poder y asesinar a sus conciudadanos sea juzgado por los tribunales del país o, en su defecto, por los tribunales internacionales.
La Comisión Legislativa del Senado en Bolivia acordó iniciar un juicio de responsabilidad en contra de la Presidenta de facto, Jeanine Áñez, del Ministro de Gobernación, Arturo Murillo y de la encargada de la Cancillería, Karen Longaric, todos por delitos de lesa humanidad, genocidio, incumplimiento de deberes, solicitud de préstamos al FMI sin autorización del Senado, Asociación delictuosa y robos en la compra de ventiladores, (en este caso a España).
Ojalá la justicia nacional o internacional se decida a terminar con la impunidad de la cual gozan los dictadores, no pocas veces defendidos por los propios gobiernos democráticos – como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, especialmente con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Miguel Insulza, que evitaron que Pinochet terminara sus últimos días en la cárcel de Soto del Real.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
31/10/2020
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