Bancada de Convergencia Social presenta proyecto de indulto para presos del estallido social
El proyecto de resolución busca la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido social, la orden del Presidente al ministerio del Interior de desistir en las querellas por ley de seguridad interior del Estado y la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa.
El 7 de julio del presente año el Ejecutivo informaba que habían presentado acciones judiciales contra 3.274 personas, todas incluidas en 1.914 querellas por delitos cometidos durante el proceso de estallido social. De ellas, un 55% (1.054) se basan en la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Asimismo, a principios de marzo de este año fueron detenidos por desórdenes graves 44 jóvenes pertenecientes a la denominada ‘primera línea’, de los cuales sólo cuatro contaban con antecedentes penales previos, por lo que el Juzgado de Garantía resolvió dejarlos con firma mensual. Sin embargo, tras una apelación del Ministerio del Interior invocando la recientemente aprobada Ley Antibarricadas, la Corte de Apelaciones resolvió que 28 de ellos quedaran en prisión preventiva.
Según cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se abrieron 17.483 causas relacionadas al estallido. La mayoría son por desórdenes públicos (6.462) y saqueo o robo en lugar no habitado (8.952).
De las causas cerradas, hay 931 condenas; 674 son por robo en lugar no habitado y, al 30 de junio de 2020, existen 87 causas con prisión preventiva o internación provisoria vigente.
Ante la cantidad de casos en que la gravedad de las medidas cautelares no tiene una explicación jurídica, y en donde las condenas se han aplicado más por criterios políticos que jurídicos, la bancada de Convergencia Social presentó un proyecto de resolución cuyo objetivo es, en primer lugar, solicitarle al ministerio del Interior que desista de las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Por otro lado, el proyecto persigue la idea de que las medidas cautelares de prisión preventiva sean revisadas con el fin de reemplazarlas por otras menos gravosas.
Finalmente, el proyecto propone la idea de una comisión conformada por organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes del Ejecutivo, para trabajar en la elaboración de un proyecto de ley de indulto general a los y las condenadas por delitos asociados a las manifestaciones sociales.
“Cuando vemos que son cientos los manifestantes que a 12 meses del estallido aún siguen en prisión preventiva, incluso sin antecedentes de ningún tipo, entendemos que detrás de esas medidas cautelares hay motivos políticos. Cuando vemos que hay condenados pagando con cárcel el hecho de haberse manifestado pacíficamente o de haber respondido ante la brutal violencia policial entendemos que detrás de esas condenas hay motivos políticos. Muchas de las medidas aplicadas se fundamentan en motivaciones políticas que buscan desincentivar la protesta disidente al Gobierno y eso es algo inaceptable para una democracia”, dijo el diputado Diego Ibáñez.
A propósito del proyecto, el diputado Gabriel Boric declaró que “durante muchos años ya, hemos sido parte y apoyado las movilizaciones porque entendemos que sin un pueblo organizado que se moviliza, la historia no avanza. Así nos lo ha enseñado la experiencia social del pueblo de Chile y tenemos la convicción de que hoy día se está utilizando herramientas como la prisión preventiva para castigar de manera injusta y arbitraria a muchas personas que decidieron levantarse para cambiar Chile. Eso es algo que nosotros no vamos a aceptar y no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante este tipo de políticas represivas que van más allá de lo que las mismas normas legales permiten”.
Matías Vallejos, director ejecutivo de la ONG Los Ojos de Chile, señaló que “no existe ninguna explicación jurídica o ética para que imputados por desórdenes, sin antecedentes, se mantengan en prisión preventiva por tanto tiempo sin que se desestimen sus casos. La medida cautelar más gravosa, que en contexto de pandemia presenta un riesgo hacia la salud y la vida de las y los imputados, no puede utilizarse como castigo y mortificación en casos que de probarse responsabilidad penal podrían constituir simples multas».
Asimismo, la diputada Gael Yeomans agregó que “este Gobierno pasará a la historia por las peores y generalizadas violaciones a los derechos humanos desde la recuperación de la democracia, con torturados, mutilados y asesinados por agentes del Estado. Y es este mismo Gobierno deslegitimado por la ciudadanía, el que ha metido en prisión preventiva a cientos de personas desde octubre del 2019, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso contraviniendo la recomendación del informe de la Comisión Interamericana de DD.HH., en contexto de una revuelta social que se produjo en todo el país”.
«El año pasado Chile vivió un estallido social por el profundo malestar que vive la ciudadanía, tenemos que buscar una salida política para los jóvenes que están encarcelados por las protestas. El gobierno apostó por enfrentarlo policial y penalmente y declaró la guerra a su pueblo. Las querellas del Estado pretenden hacer pagar a unos pocos por un descontento masivo y eso no es justo», concluyó el diputado Gonzalo Winter.
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