por Natalia Espinoza C 2 septiembre, 2022
Créditos: Foto de Agencia Uno
Ha pasado un año desde el reportaje de El Mostrador Braga, que develó las inconsistentes investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ante casos en donde los agresores son personajes “VIP”.
Uno de los testimonios de dicha nota corresponde a M.I.S., quien transitaba un proceso judicial por violencia intrafamiliar interpuesto en contra del diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, hijo del entonces alcalde de El Bosque, Sadi Melo, quien ocupó ese cargo en la municipalidad por siete períodos consecutivos, desde 1992 hasta las pasadas elecciones de 2021.
M.I.S., por miedo a una sobreexposición que aumente en varios grados la revictimización a la que ya se ha visto expuesta, prefiere identificarse solo con sus iniciales y cuenta, que se vio en la obligación de levantar una presentación ante el Tribunal Regional del Partido Socialista, poniéndolos en conocimiento de su situación como víctima de violencia económica.
Según el documento presentado al tribunal del PS, al que tuvo acceso El Mostrador Braga, el diputado Melo no ha cumplido las condiciones y pago íntegro de la pensión alimenticia del hijo de ambos, determinado por el Primer Juzgado de Familia de San Miguel desde mayo de 2022, el cual corresponde al 12% de sus ingresos. Escandaloso, considerando que, según transparencia, un diputado en Chile recibe un salario bruto de $ 7.012.388.
Este hecho representa una cruel ironía, ya que el diputado Daniel Melo votó a favor de la ley contra los “papitos corazón”, que establece el pago efectivo de las pensiones de alimentos, a través de la fijación de montos mínimos y la persecución de los deudores por parte de los Tribunales de Familia.
En relación con la presentación ante el tribunal del partido, M.I.S. detalla que efectivamente existe un proceso judicial por alimentos, porque “solamente aporta abonos. Nunca, ningún mes ha dado cumplimiento de la resolución y, cuando yo lo he interpelado y le he hecho consulta, me sale con que va a descontar del pago un montón de cosas, por ejemplo, el Spotify -que el mismo ofreció-, el plan del teléfono del niño, incluso el paracetamol que le tuvo que dar cuando se enfermó bajo su cuidado. Esa es la justificación que me da ante el no pago íntegro de la resolución”.
Además de los descuentos injustificados, también comenta una falta en los compromisos de las visitas y los horarios, teniendo ella que correr por su hijo al colegio en ocasiones donde le correspondía a Melo.
Luego de recibir tal justificación, el día miércoles 17 de agosto M.I.S. decide poner en conocimiento de lo ocurrido al PS. “Tengo un derecho y un deber, que es velar porque se cumplan los estatutos”.
Para M.I.S., esta situación es un ejercicio de “poder, control y de violencia económica”, porque los alimentos dictaminados corresponden a no más del 12% de su renta. “No es que no tenga para pagar, es que no quiere hacerlo. Él quiere tener el control y decidir lo que se paga y lo que no, y si tú estás bien con él, perfecto. Y si tú estás mal, te castiga”.
Agrega que, “él votó a favor de la ley y encuentro que eso está muy bien, pero está muy mal que no parta por casa. Hay una especie de caricatura, como si las mujeres estuviéramos tomando caipiriñas con la pensión y nos fuéramos a la playa con el pololo de turno nuevo, cuando la realidad no podría estar más alejada”.
Desde El Mostrador Braga, nos acercamos al equipo de comunicación del Partido Socialista para consultar el por qué, hasta la fecha, no se ha acusado recibo de la presentación de M.I.S., además de confirmar qué protocolos que se activan en este tipo de casos, pero no obtuvimos respuesta.
“Respecto de la cuestión del partido, yo tengo mucha esperanza en que se cumplan los principios declarados de un partido feminista. Todavía no obtengo respuesta del tribunal y tampoco se han comunicado conmigo, ni la vicepresidenta de la mujer, ni nadie. Pero yo me imagino que habrá alguna decisión o algún procedimiento que haga ver que estas cosas no pueden ocurrir, menos en el partido de Bachelet, la primera y única presidenta de este país”, comenta la ex pareja de Melo.
La fe de M.I.S. se sustenta en que cuando ella hizo hace años atrás, otra presentación sobre violencia de género, la conformación del tribunal era diferente. De hecho, en esa oportunidad el presidente del tribunal era funcionario del municipio de El Bosque, mientras el alcalde de la comuna era el padre del denunciado.
“Él no se inhabilitó porque no hay normas que obliguen. ¿Qué justicia podría yo haber esperado del tribunal anterior? Si el presidente era el jefe jurídico de El Bosque y no se inhabilitó como una mínima decencia en un caso que involucraba al hijo de su jefe?”, narra.
El testimonio de M.I.S. revela un secreto a voces que es una lamentable parte de la cultura de nuestro país: el cómo la violencia de género se puede dar de diversas formas, por ejemplo, lo económico.
Violencia económica
Según cifras del Poder Judicial dadas a conocer en el Senado, el 84% de las pensiones en Chile durante la pandemia se encontraban impagas, hecho que salió a la luz en el contexto de la retención por deuda de los primeros retiros del 10% de las AFP. También, se identificó que 9 de cada 10 deudores son hombres.
Según explica la abogada de Familia y Fundadora del Círculo Defensa Mujeres, Valentina Lezana Rocco, el incumplimiento en el pago de alimentos tiene muchas aristas, puede ser que derechamente no exista pago, o que este se realice de manera parcial o tardía, como una forma de castigo contra la madre e indirectamente contra los hijos, también ocurre cuando se condiciona a determinadas exigencias, por ejemplo, “si sigues saliendo con determinada persona no te pago”.
Las víctimas son sometidas a un verdadero "viaje judicial" ante el no pago, como la solicitud de apremios, medida que no cumple su objetivo, pues “la mayoría de los incumplidores prefieren asumir su sanción, pero, continuar en deuda”, visibiliza Lezana.
Además, la situación se vuelve angustiante para las madres, pues, perseguir el cumplimiento de los alimentos es un proceso muy burocrático, el lenguaje es técnico y la plataforma de comunicación con el tribunal es engorrosa para personas que no tienen mayores conocimientos digitales, por ello, “perseguir el pago de alimentos en muchas ocasiones implica asumir nuevamente gastos en abogados”, explica.
Por otra parte, estas conductas no reciben mayor reproche social, “ya que se encuentran normalizadas dentro de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Esta normalización alcanza incluso a los Juzgados de Familia”, puntualiza Lezana, por el hecho de que tampoco existe mayor reproche judicial respecto a la negligencia de los padres incumplidores.
“Un padre que incumple sus obligaciones parentales, en la mayor parte de los casos recibe justificaciones, e incluso segundas y terceras oportunidades. A su vez, se les exige a las madres ser más ‘comprensivas’ con la situación económica de la contraparte, pero ¿quién las comprende a ellas y a sus hijos e hijas? Esto refleja que en tribunales no existe un análisis con enfoque de género”, analiza la especialista.
Presión y acuerdos
En su trayectoria profesional, la abogada ha experimentado una notoria condescendencia con los alimentantes -quien está obligado al pago de los alimentos- por parte de los Tribunales de Familia. Por ende, se espera que las mujeres lleguen a acuerdos sin pasar por un proceso judicial justo, digno y sin estereotipos, e incluso se les anuncia que es posible que “en un juicio les vaya peor”.
Justamente esto le sucedió a M.I.S., quien comenta haberse sentido presionada por los tribunales en ocasiones anteriores, a aceptar un acuerdo sin ir a juicio. “Cuando esto era presencial, te encerraban en una salita por horas, hasta que finalmente aceptas el acuerdo por desgaste”, narra.
Para la abogada, la ley tampoco representa un parámetro de justicia social, pues los montos mínimos legales de alimento no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas de niños, niñas o jóvenes en nuestro país: $160.000 en caso de un hijo y $120.000 en casos de padres que tienen más de 2 hijos, “lo que a todas luces nos indica que algo anda mal”. A su vez, respecto de los montos máximos legales de alimentos, la ley indica que el tope será el 50% de las rentas del alimentante, y que en casos excepcionales se podrá decretar un monto superior.
Otro asunto relevante es que no se potencia en tribunales el cumplimiento del principio de corresponsabilidad parental, por lo que se normaliza que sean las mujeres las encargadas de los cuidados y la crianza, a costa de sus proyectos laborales, profesionales, emprendimientos, etc. Las mujeres deben dejar de trabajar para cuidar, y en la mayor parte de los casos los padres no aportan con tiempo de calidad, ni con dinero para dichos cuidados.
“Muchas veces, cuando exijo que el padre contribuya al pago de un cuidador para que la madre pueda volver a sus labores, se me mira con extrañeza. Hay magistrados de familia que desconocen la realidad y exigen probar la escasez de medios económicos a través de peritajes privados, lo cual es un sin sentido, ya que los honorarios de un perito están sobre los $400.000”.
Ley contra los “papitos corazón”
La legislación sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos, que fue promulgada hace pocos días, busca justamente enfrentarse a este tipo de casos representativos de la realidad nacional, y consolidar maneras eficaces de cobro y de persecución efectiva que, incluso, podrán terminar cobrándose de los fondos de pensiones de aquellas personas deudoras. Para la abogada de AML defensa de Mujeres, Francisca Millán, esta ley avanza en corresponsabilidad estructural, en el sentido de que el Estado también se hace parte de este proceso.
Finalmente, para la abogada “se vuelve de toda justicia y dignidad que nuestro país vaya avanzando en orden a visibilizar la gravedad del no pago de las pensiones alimenticias y maneras eficientes de su cobro”. Millán coincide con Lezana respecto de la violencia económica que constituye la deuda, no solamente respecto del/la adolescente que tiene derecho a ser sostenido/a económicamente por ambos padres, sino que contra las mujeres que deben asumir la carga propia como cuidadoras únicas, y todos los costos que eso conlleva, “llegando incluso a significar para las mujeres altos niveles de precariedad”.
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