por Mesa de noticias de El Mostrador 4 abril, 2023
Más de 80 abogados penalistas y académicos del derecho y la criminología criticaron duramente al Congreso por las recientes modificaciones al Código Penal, las cuales, según ellos, "minan" el sistema jurídico y aumentan la confusión sobre el uso de la fuerza policial.
A través de una carta firmada entre otros por la abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz; la académica de la Universidad de Chile y de la Sociedad Chilena de Criminología, Alejandra Mohor y la abogada especialista en DD.HH y Derecho penal Karinna Fernández, expresan su preocupación por la falta de claridad en las nuevas normas que regulan la legítima defensa y cómo esto afecta la labor policial y los derechos de las personas. Específicamente, señalan los alcances de la denominada Ley Nain-Retamal que se discute en el Senado y que busca reforzar y proteger la función policial.
Todos apuntan a la segunda hipótesis de la nueva "legítima defensa privilegiada" que extiende el alcance del permiso sobre uso de armas de servicio, lo que deja la cuestión entregada a un criterio "puramente subjetivo" del agente. También, manifiestan su preocupación ante la confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, lo que aseguran pone en riesgo la integridad de las personas y retrocede en el esfuerzo para que las policías puedan hacer un uso adecuado de su armamento.
Además, en la misiva a la que también adhieren el abogado de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce y la ex jefa de asesores del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Lucia Dammert, se menciona la alteración a la regulación de los delitos de tortura y apremios ilegítimos, y se expresa la preocupación por la restricción del alcance del delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, limitándolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo, entre otras limitaciones. También, se menciona la introducción de una norma de impunidad para el superior jerárquico que "no impide o hace cesar" la aplicación de apremios ilegítimos.
En la carta se subraya que se ha perdido una oportunidad valiosísima para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía con medidas que sean eficaces y sostenibles en el tiempo. Además, se destaca que la seguridad es una prioridad y que las policías cumplen una función esencial en un Estado Democrático de Derecho, pero se requiere la creación de un estatuto que dote de dignidad y certeza a las formas aceptables del uso de la fuerza para que las policías puedan cumplir con su labor en la comunidad de manera adecuada y sin incertidumbre.
Carta de penalistas y criminólogos(as) acerca del proyecto de ley “nain retamal” by El Mostrador on Scribd
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