por Marta Lagos 4 abril, 2023
A propósito de los humanos de los derechos, le escribo al presidente Alberto Fernández de cara a sus declaraciones sobre Chile y la justicia.
La justicia tiene mala imagen en América Latina, en Chile el 91% dice que el acceso a ella es malo, en Argentina es 80%. La confianza en la justicia en ambos países es solo del 16% (Latinobarómetro 2020).
Ha tocado usted un punto central de la queja de desigualdad en la región, que no suele ser abordado: la percepción de (in)justicia. Así como la pobreza, el maltrato, la discriminación, la inequidad socioeconómica, el racismo… que azotan la región, la deficiencia del sistema de justicia que acusan los datos es tanto o más importante. Y eso se extiende a los otros países de la región, no siendo Chile ni Argentina una excepción.
No porque abordarlos sea polémico se puede dejar de mencionar. Las máscaras de Octavio Paz se tienen que caer una a una. La máscara de la justicia tiene que caer, llegando a un sistema que sea admirado por nuestros pueblos. Reconocer sus debilidades y errores es el primer paso para ello.
El derecho es de una persona, no es etéreo, colectivo, ni grupal. La suma de esos derechos de muchas personas constituye sociedad, democracia, repúblicas, naciones. Sin el derecho individual resguardado no hay derechos. Al resguardar el derecho de una persona, se defienden los derechos de todos.
El que un presidente lo aborde lo pone en la primera línea de discusión. Esa es una manera de dejar caer las máscaras.
Gracias por abordar este gigantesco problema que tiene América Latina.
Respuesta del presidente Alberto Fernández: “Cualquiera que le interese preservar el Estado de Derecho entiende inmediatamente mi planteo. La defensa del derecho al debido proceso en tiempo y forma es parte de los derechos humanos cuya preservación es universal. No son temas de las naciones exclusivamente. Cuando dicen que ataco a la institución judicial en verdad encubren la violación a ese derecho al debido proceso. Así actúan las corporaciones”.
La frase que gatilla este intercambio es: “La justicia ralentizada, lo que provoca es una enorme injusticia sobre aquel que es juzgado, que tiene derecho a obtener un veredicto de inocencia o culpabilidad en tiempo y forma".
El caso de Marco Enríquez-Ominami y de Pablo Longueira, que llevan ocho años sin llegar a juicio, es un caso inhumano. Pero a quién le puede interesar el destino de esas dos personas. Pues bien, el Estado chileno debería resguardar sus derechos y no lo está haciendo. Es políticamente incorrecto defender en Chile el derecho, la presunción de inocencia de alguien que ya ha tenido el veredicto de la opinión pública: de Fuenteovejuna. En principio (casi) todos los políticos son corruptos (en Chile, según Latinobarómetro, el 80%). ¿Y por qué estos no lo serían? Ahí entramos en el derecho profundo, porque hay derecho a ser juzgado, el tiempo les ha quitado a ellos ese derecho.
Lo mismo vale para Carabineros, el juicio es de Fuenteovejuna. Pero en ambos casos, en los políticos y los carabineros, hay buenos y malos, sin que los buenos que se rigen por la ley tengan una oportunidad de existir en el imaginario colectivo. Su imagen está prendada de sus negativos.
La justicia no tiene derecho a prendar del tiempo la honra de una persona durante ocho años, es la negación misma de la justicia.
Es la misma discusión sobre la ley Naín, ¿hay quienes tienen menos derechos que otros? ¿El delincuente tiene el derecho a que un carabinero tenga sometida a escrutinio su actuación o puede actuar a discreción sin escrutinio? ¿Cuál escrutinio debe ser el correcto?
¿Qué es lo justo? ¿Acaso los que violan la ley no tienen los mismos derechos de los que la defienden? He ahí la madre de las preguntas.
Por cierto que la llamada “opinión pública”, la “ciudadanía”, muchos dicen, ya decidió: culpables. Da la impresión de que no importan los ocho años, o los derechos de los que reciben una bala de carabineros.
Por el otro lado, está el rol del Estado, ¿acaso no es notable abandono de deberes que el Estado mande a la calle a mantener el orden público a un cuerpo de Carabineros que en número, en equipo, en entrenamiento no está capacitado para combatir la violencia de nuestra sociedad? Solucionar el problema señalando que el portador de un arma puede decir “hice lo que hice” como justificación, solo nos retrotrae al Medioevo. Es lo mismo que tener un proceso inconcluso durante ocho años. Porque ambos no resguardan los derechos.
Aumentar las penas no es tan relevante como tener la capacidad de aplicarlas y Chile no la tiene. Chile y su sistema de justicia es débil en la aplicación de las leyes, no alcanza a detener a todos los que tiene que capturar, andan delincuentes con orden de detención por las calles. Chile tampoco posee un Estado que tenga una fuerza policial para responder a todos los llamados de los ciudadanos cuando hay un crimen en curso o ya ha sucedido un crimen. La Fiscalía no tiene los recursos para indagar sobre todos los robos, las denuncias. Los fiscales la llaman a uno (a mí me ha pasado) preguntando si uno tiene antecedentes al respecto, si no, se cierra el caso. Los tribunales no dan abasto para todas las causas. El Estado es débil, muy débil.
Las cárceles no están hechas con la seguridad necesaria para que los delincuentes no continúen dirigiendo crímenes desde ellas.
Luego viene la lucha contra el narcotráfico: ¿existe la lucha contra el narcotráfico como política de Estado? ¿Dónde está ese ítem en el presupuesto de la nación? Sin presupuesto no hay lucha.
Los delincuentes profesionales son otra categoría en sí misma. Son los que el sistema de justicia detiene y devuelve a la calle. Algunos con cientos de detenciones, también son devueltos. Eso lleva a la justicia ciudadana informal. Los ladrones devueltos a la calle que son apaleados, y brutalmente maltratados por quienes han sido asaltados, especialmente en el campo, se van a delinquir a otro lugar y todo comienza de nuevo.
Ello, por mencionar algunas de las debilidades del Estado que algunos quieren solucionar con un carabinero con derecho a disparar a discreción. No se puede empezar a describir lo infantil que parece.
El carabinero tiene el derecho a que el Estado lo mande a la calle a combatir el crimen con los instrumentos adecuados para hacerlo. No desnudo. ¿El asesinato a sangre fría de una mujer carabinera, acaso no iba ella desnuda, desprovista de lo necesario para enfrentar esa ráfaga de balas? ¿Autos blindados necesita la policía que va a combatir el crimen, o no?
No, la justicia a veces pareciera que trabaja para tener mala imagen. Algunos muy bien conectados logran no tener juicio y llegar a un procedimiento corto para quedar con una multa o arresto domiciliario, etc., etc., etc. Y luego, en otros casos, deja pasar el tiempo como si diera lo mismo. En ninguna de las dos circunstancias da la sensación de justicia.
Porque las percepciones son realidades, y el 90% de los chilenos no siente que la justicia llegue a ellos, quieren hacer UNA ley corta para arreglar el problema del Estado chileno. ¿O una docena de leyes?
Hay muchas soluciones posibles, todas requieren más financiamiento, tiempo, entrenamiento, equipamiento, fuerzas especializadas en crimen organizado, en narcotráfico, en delincuentes profesionales, con cuerpos diferenciados a los que controlan el tránsito, etc.
En este país no se juzga a todos los que hay que juzgar, no se persiguen todos los crímenes que hay que perseguir. Esa tara histórica es la que está saliendo a la luz y se está tratando de abordar. Lo aterrador es que salen a la luz todos los dictadorzuelos que quieren solucionarlo unilateralmente sin resguardar los derechos de uno. Mi derecho, el del carabinero, la senadora Campillai, el delincuente acribillado, el político acusado de corrupción, son iguales. El Estado tiene la obligación de tratarlos como iguales.
Por todo lo anterior, al cumplirse los 50 años del golpe de Estado, una de las cosas sobre las cuales hay menos consenso es: ¿qué es lo justo?
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