De acuerdo a la inforamción de La Tercera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, presentarán indicaciones para revertir la indicación que ingresó la diputada Carmen Hertz (PC) en la Comisión de DD.HH., que preside.

La enmienda, aprobada por la instancia, sanciona como delito a quien apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

Asimismo, el Ejecutivo intentará suprimir la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes promuevan la denostación, menosprecio o el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad o situación socioeconómica, entre otras, presentada por la diputada Pamela Jiles (PH).

Ambas indicaciones de la oposición fueron aprobadas en la Comisión en diciembre pasado, en el marco del primer trámite constitucional del proyecto, truncando las intenciones del Gobierno de impulsar sus modificaciones.

"El proyecto de ley de incitación al uso de la violencia física fue ampliamente modificado en su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, de modo que desde el Ejecutivo estamos analizando qué fórmulas propondremos al Congreso para rescatar el origen del proyecto", dijo Recabarren al matutino.

La subsecretaria agregó que "el Gobierno tiene la convicción de que el derecho a la libertad de expresión no puede ser limitado sino en casos muy excepcionales y debidamente regulados, y mucho menos restringido con penas privativas de libertad, salvo en casos de particular gravedad".