El fotógrafo Tomás Brito y su pareja lograban, con algunas dificultades de por medio, llegar a fin de mes, por causa de los aumentos del Gobierno. Los ingresos que les generaba su tienda en la feria artesanal de El Quisco permitían pagar arriendo y alimentar a su hija de seis años. Pero, la pandemia los obligó a cerrar y, desde ahí, no han logrado generar sustento alguno.
De tal modo, durante los últimos 12 meses los miembros de la pareja boletearon tres veces; por $50 mil, $59 mil y $350 mil. Con ese dato acudieron al Registro Social de Hogares (RSH) -sistema manejado por el Ministerio de Desarrollo Social- para poder obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), buscando acreditar su complicada situación socioeconómica.
“Estábamos rechazados. No te miento, nos desesperamos y nos pusimos a llorar”, dice Brito. Para el RSH, ellos cuentan con un ingreso superior a 500 mil pesos, lo que los deja sin poder acceder a los $100 mil correspondientes al IFE. ¿La razón? Su RSH fue modificada de forma automática y unilateral el 25 de mayo a la 1:20 am, sin que se le informara. “Fui a alegar a la municipalidad y me dijeron que por haber hecho boletas yo era un trabajador formal”, comenzó diciendo Tomás.
INTERFERENCIA tuvo acceso a la documentación del Registro Social de Hogares de ocho familias distintas, las que mostraron tanto la ficha que llenaron inicialmente como la modificada automáticamente por el sistema. La comparación de ambos documentos, además de los testimonios de los entrevistados, dan cuenta de que el ingreso familiar formal que se les está asignando automáticamente -y que los imposibilita de acceder al IFE al situarlos sobre el 40% más vulnerable- es notoriamente superior al que reciben efectivamente, si es que reciben alguno.
Los incrementos han sido gigantescos
Ante la pregunta, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, dio la palabra a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. “Respecto al tema del cambio arbitrario de la clasificación socioeconómica, vuelvo a insistir que estamos anclados en un sistema de Estado, no de los gobierno de turno no más. Este sistema tiene ya cinco años, y efectivamente lo que se va incorporando es información de los procesos administrativos», afirmó Candia ante los legisladores, sin referirse a qué «información de los procesos administrativos» se refiere.
«Y si bien la clasificación socioeconómica se alimenta de los registros administrativos, la última palabra siempre la tiene la persona, siempre la tiene la familia. Esto no es producto de la emergencia, por eso si hay personas que les aparece un ingreso que no tienen, la persona puede rectificarlo, siempre puede cambiar su situación y lo cual hoy día se hace aún más pertinente. Podemos revisar el caso a caso, las situaciones, siempre estamos disponibles a conversar los casos con ustedes, en general esto no se hace arbitrariamente”, complementó la autoridad respecto de un trámite que habitualmente tarda entre 30 y 45 días.
La crisis es significativa
“Fue absolutamente insuficiente la respuesta de la subsecretaria, porque claramente el índice de emergencia está actuando como verdadero colador. Está quedando mucha gente afuera. Ellos están hablando de 2.100.000 personas, potenciales beneficiarios, pero de acuerdo de las fichas del registro social de hogar, son 5.200.000 personas, es decir están quedando más de tres millones fuera, que se están haciendo la ilusión de que van a recibir este apoyo y no va a ser así”, destacó el diputado Jaime Naranjo (PS), quien ofició a Contraloría durante la tarde de este martes para que investigara el cambio de los datos del registro social de hogares.
Para Norton Fuentes, empleado de una empresa de aseo que gana alrededor de 500 mil pesos mensuales y que debe hacerse cargo de una hija y su ex pareja, “está claro que los registros fueron manipulados, no tengo necesidad de mentir al respecto”. Según la actualización de su registro, él tendría un ingreso de más de un millón de pesos. “Yo antes sí he recibido beneficios, como el de los bonos. Pero esta vez no, por lo que usted podrá darse cuenta, no soy la única con este problema. Me parece que es un fraude. Este beneficio está truncado. Y los nuevos datos son falsos”, afirma Claudia Celedón, madre de cuatro hijos, dueña de casa, quien vive en Alto Hospicio.
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