Administrador público, Magíster en gobierno y gerencia pública. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile
Por Diego Durán Toledo
Durante las últimas semana en Chile, en el contexto de una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre 1973, se han realizado una multiplicidad de actos y homenajes efectuados por la ciudadanía, con la intención de mantener viva la historia de un país que conoce de los errores y horrores de su pasado y con el objetivo de intentar no repetir la historia y honrar a la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
Pero también por otra parte, algunos sectores minoritarios de la población se han manifestado no solo reivindicando las acciones ejercidas por la dictadura militar en materia de represión que afectó miles de compatriotas a lo largo de su gobierno, sino que inclusive, se han registrado atentados contra memoriales en recuerdo de víctimas de la violencia de Estado, como es el caso de lo ocurrido en la ciudad de Temuco el 11 de septiembre pasado, donde grupos de desconocidos vandalizaron un memorial de detenidos desaparecidos, con consignas en favor del gobierno de Pinochet y a la opción rechazo en el próximo plebiscito constitucional.
Ahora bien, lo anterior no es un hecho aislado, durante los últimos meses, ciertos grupos han ejercido no solo han vandalizado una serie de memoriales de víctimas del régimen pinochetista, sino que también amparado por algunos sectores políticos, han propugnado un discurso de odio y por sobre todo de justificación de un sistema de terror que asolo a los chilenos durante casi dos décadas.
Lo anterior, no solo representa un desconocimiento de la verdad jurídica establecida en múltiples ocasiones por los tribunales de justicia y una falta de respeto para las víctimas y/o sus familiares de los vejámenes sufridos durante el régimen militar, sino que también establece la existencia de un discurso profundamente antidemocrático, que puede afectar la existencia de esta forma de gobierno a nivel nacional, ante la no consecución de los intereses propuestos en distintas materias de Estado por algunos sectores políticos y que validarían entonces el quiebre institucional para resguardar sus objetivos.
En este sentido, es labor del Estado de Chile mediante sus instituciones garantizar que los discursos de apología a la dictadura militar y el negacionismo a las violaciones de los derechos humanos que intentan sostenidamente a través del discurso o la acción directa, instaurar dichos grupos, no se consideren como una forma válida de concepción política dentro de un sistema democrático de gobierno y por ende, se debe actuar mediante el establecimiento de sanciones severas a este tipo de prácticas, no en base a una censura de ciertas ideologías políticas como han querido hacer ver un número no menor de parlamentarios de la actual coalición de gobierno, sino en base a la protección de los derechos fundamentales de las inmensas mayorías.
Actualmente el proyecto que condena los delitos de incitación a la violencia y al odio, el cual efectivamente contempla sanciones penales a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos que consten en informes oficiales como los elaborados por las comisiones Rettig, Valech y las que puedan ser constituidas en el futuro, se encuentra en la comisión de derechos humanos del parlamento, sin mayores avances desde enero de 2020 a la fecha.
En este contexto, es el ejecutivo el cual se ha visto ampliamente cuestionado en materia de respeto a los DD. HH debido a los hechos acaecidos posterior al 18 de octubre del año pasado, quien debería dar una señal en la materia, tanto a la ciudadanía como al mundo político, solicitando las urgencias correspondientes para la discusión a la brevedad en sala de dicho proyecto de ley.
A su vez, la coalición de partidos gobernantes debería acabar con sus ambigüedades en la materia y establecer una posición como bloque político en la materia, de lo contrario difícilmente podrán alguna vez despegarse de la estrecha vinculación que aún sostienen con el legado dictatorial, y deberían situarse del lado de la democracia y su estabilidad institucional.
La sanción del negacionismo como delito, no representa como señalan ciertos sector un elemento que coarta la libertad de expresión que efectivamente es la base del sistema democrático, sino que por el contrario el establecimiento de sanciones asociadas a este tipo de actos, tiene por fin de garantizar a futuro que todos los ciudadanos puedan expresar en forma libre y sin el miedo de vivir en una sociedad donde existan discursos que hagan apología a hechos y/o a sistemas de gobierno que precisamente no solamente añoren, sino que también establezcan acciones concretas para reinstalar en el poder a un régimen de facto.
Así lo han entendido, países tales como: Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein, Noruega y Letonia, que por el contrario a lo indicado en el párrafo anterior por cierto sectores, se destacan por sus altos niveles en distintos índices vinculados a la libertad democrática.
En síntesis, este el momento en que el Estado y sus diferentes poderes, deben hacer una elección a favor de la democracia y para esto el ejecutivo debe presentar las urgencias pertinentes para el proyecto en trámite en la materia, con la finalidad de que este país no solamente se intente poner a la par de las democracias del siglo XXI, sino para también para establecer un precedente en relación al respeto y preservación de la memoria histórica de los hechos acaecidos en el paso, y por último, como una forma de garantizar el nunca más no solamente quede en un discurso, sino que también en acciones concretas por parte del Estado.
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