/ Foto de Agencia UnoLa renovación del Estado de Excepción otorga atribuciones extraordinarias a las Fuerzas Armadas para, entre otras, establecer condiciones de celebración de reuniones, impartir instrucciones a los funcionarios del Estado y dictar instructivos para el mantenimiento del orden. Sin embargo, lo que mucha gente se pregunta es: ¿qué hacen los militares en la calle?, ¿combaten el Covid con fusiles?, ¿le piden en terreno al virus que se vaya de Chile como hizo Piñera por televisión?
Esta historia tiene dos hilos: Chile y Colombia.
En el primer caso la situación es más o menos así: militares en la calle, restricción de libre paso, controles de identidad y cordones sanitarios que parecen controles selectivos que varían de intensidad según el uniforme. También, la represión a determinadas manifestaciones, incluyendo al personal técnico de enfermería que exige ser incorporado al estatuto de salud, a la romería del 11 de septiembre y algunas concentraciones en favor del Apruebo. Y en la otra vereda, con el descaro de quienes se saben impunes, facilitan el bloqueo de carreteras a los camioneros y escoltan a las marchas del rechazo.
Lo anterior sucede durante la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en el marco de la pandemia, y que a la fecha presenta un balance de más de 1.400 manifestaciones en todo Chile. Este estado de excepción comenzó el 18 de marzo y se acaba de prolongar por 90 días más hasta diciembre. Es decir, el plebiscito se llevará a cabo bajo esta figura. Durante el estallido de 2019 también se recurrió a la excepción en los primeros días, así como al toque de queda que sigue vigente en cuarentena, cuyo incumplimiento se sanciona con 3 a 5 años de cárcel.
Ahora bien, si ampliamos el periodo hasta octubre del año pasado, la situación es más compleja, y se agregan heridas oculares, violaciones a los derechos humanos reconocidas a nivel internacional, detenciones arbitrarias, centros de tortura, entre otras. Si enfocamos la situación en la Araucanía, la situación es muchísimo más grave y se observa la militarización permanente, persecución a comunidades, desplazamiento forzado, asesinato de líderes y suicidios producidos por terceros.
Con el Estado de Excepción, Piñera tiene la potestad de restringir la circulación y limitar otras condiciones según se necesite para establecer la normalidad. Pero en su gobierno se observan más errores que estrategias que apunten a lo anterior, ya que no han sido capaces de controlar la propagación, y a regañadientes han tomado medidas para ayudar a la población.
Más bien, lo que se observa es la promoción del robustecimiento de las fuerzas de orden y los sistemas de Inteligencia, además del uso de las facultades extraordinarias para reprimir las expresiones de un descontento social que jamás estuvieron ni cerca de satisfacer con medidas en democracia. De hecho, a casi un año del estallido sigue sin haber reforma alguna al respecto, lo cual es evidencia de la mentira que plantea el Rechazo, cuya derrota pareciera ser la única voluntad del gobierno para hacer algún cambio, aunque desde Chile Vamos ya promueven un decálogo de continuidad de la Constitución actual a defender en la redacción de la nueva.
Pero, además, el Estado de Excepción otorga atribuciones extraordinarias a las Fuerzas Armadas para, entre otras, establecer condiciones de celebración de reuniones, impartir instrucciones a los funcionarios del Estado y dictar instructivos para el mantenimiento del orden. Sin embargo, lo que mucha gente se pregunta es: ¿qué hacen los militares en la calle?, ¿combaten el Covid con fusiles?, ¿le piden en terreno al virus que se vaya de Chile como hizo Piñera por televisión?
El segundo caso es Colombia. Lo último, y que tiene a la gente protestando, fue el asesinato de un abogado en Bogotá por parte de la policía. Un grupo de personas se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública, lo cual está restringido y por tanto llegaron efectivos quienes con descargas eléctricas redujeron a Javier Ordóñez. Ante la repetición de las descargas, el abogado suplicó varias veces que se detuvieran, pero no: fue trasladado a un Comando de Atención Inmediata (CAI, puesto policial ubicado en cada barrio), donde fue duramente golpeado, lo que causó graves lesiones que produjeron su muerte.
Bogotá se convirtió en furia. La gente se volcó a las calles y en señal de protesta convirtió a los CAI en centros culturales.
El abuso policial en la capital es permanente, no sólo en las marchas, y ha aumentado desde el paro de noviembre del año pasado, recrudecido durante la pandemia. Y sucede lo mismo que en Chile: controles de identidad selectivos, represión de manifestaciones, potestades excepcionales por el contexto, toques de queda y otros que se enmarcan dentro de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país.
No sólo fue la capital la que se manifestó. En todo el país hubo expresión del agotamiento ante la persecución, masacres, corrupción y abusos de la autoridad. Durante la pandemia han continuado los asesinatos de liderazgos sociales y los desplazamientos forzados. Se han presentado reformas que precarizan la condición laboral y medioambiental, se observa la inacción del gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz, la rapidez en las ayudas empresariales y la renuencia a las ayudas a la población, entre otras. Para más, un acto de reconciliación promovido por la alcaldía de Bogotá, a la que el presidente Iván Duque no asistió, terminó con la policía persiguiendo manifestantes.
Y por si fuera poco, el ex presidente Álvaro Uribe, hoy en reclusión domiciliaria preventiva por manipulación de testigos en un caso que probaría ante la justicia sus vínculos con el paramilitarismo, hizo un llamado a la militarización y a recrudecer la represión. Cuando fue detenido, hubo marchas mínimas a nivel nacional, resguardadas por la policía.
Pero eso tampoco es todo. Durante el Paro Nacional, la policía disparó contra los manifestantes, y entre estos tiros asesinaron a Dilan Cruz, pero la justicia determinó que fue un acto de servicio y por lo tanto se juzgará bajo la ley militar. Además, se licitó la compra de un sistema de inteligencia artificial para el perfilamiento y geolocalización de usuarios en redes sociales, bajo el supuesto combate al cibercrimen, lo que se suma a un escándalo por el perfilamiento que realiza el Ejército y que fue expuesto en la investigación por corrupción.
Así, y después de haber alcanzado un Acuerdo de Paz con la principal guerrilla, pareciera no haber paz para la gente ni los territorios.
Si bien podríamos abundar más sobre ambos casos o incorporar lo que pasa en otros países de la región, las similitudes de los dos primeros nos permite tender algunos puentes analíticos.
Lo primero, es la evidencia en cuanto a que las medidas adelantadas por los gobiernos han sido inútiles para el control de la pandemia, mostrando una predilección por el despliegue de fuerza en las calles y territorios como expresión de una desconfianza con la gente e imprimir miedo en la población, más que trabajar en la prevención y controlar la propagación
Lo segundo, es el desgobierno de las fuerzas de orden. En ambos países las policías parecen entes acéfalos, operando al borde de la violación a los derechos humanos. Más que fuerzas de orden, en la práctica actúan de mediadores sesgados entre el descontento social y la élite político-económica, la que en rigor es la gran beneficiada del sistema y cuenta con los recursos e influencias para controlar las policías.
Lo anterior nos lleva a una serie de preguntas: ¿de qué sirven efectivos armados en la vía pública?, ¿para qué el control de redes sociales?, ¿por qué se reprime unas protestas y las otras se escoltan?, ¿qué pasa si la pandemia sigue y la vacuna se atrasa?, ¿seguiremos bajo estados de excepción? y finalmente, ¿para qué continuar la supresión de la democracia mediante estados de excepción, si en rigor ni con ello fueron capaces de controlar la pandemia?
La prolongación de la excepción se asemeja demasiado a una dictadura, y Chile ya vivió una, mientras que Colombia también pasó por algo similar: entre 1949 y 1991 sumó 30 de 42 años bajo Estado de Excepción, 17 de los cuales fueron desde 1970.
Pareciera haber una naturalización del uso de la violencia en manos de fuerzas de orden, las que se ven avaladas de seguir operando erráticamente como han venido haciendo. Se observa que los gobernantes se estuvieran habituando de a poco a las nuevas potestades, evidenciándose una naturalización de prácticas dictatoriales que, junto a lo anterior, atentan contra la democracia, llevándola al límite bajo el argumento de defender a la población de un enemigo poderoso. La duda que queda es si este enemigo es el coronavirus o nosotros, los descontentos.
Ingeniero, magíster en Políticas Públicas. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (GIDETEPP-UNAL).
No hay comentarios:
Publicar un comentario