/La criminalización de la protesta identifica el actuar del gobierno de Sebastián Piñera: así decidió hacer frente al estallido social, acompañado todo por la militarización de los territorios desde que aplicó, en la madrugada del 19 de octubre, el Estado de Emergencia por alteraciones al orden público.
No cayó: lo empujó un agente del Estado. Mientras caía al río desde el Puente Pío Nono, el Piquete 21 observa el cuerpo tendido boca abajo del menor. Raudo corren otros jóvenes y rescatistas a socorrer al joven puentealtino. El entorno gaseado impide la acción; a pesar de esto, Carabineros de Chile no hace nada para facilitarlo, y deciden retirarse. La imagen recorre el país.
Al día siguiente (hoy), antes del mediodía, al igual que en otras ocasiones desde el inicio del estallido social, un sinnúmero de personas se agolpa en la Clínica Santa María. No es primera vez y nadie puede asegurar que esto no volverá a suceder, incluso me atrevo a decir que se reiterará cuantas veces el general Mario Rozas asegure impunidad, con la complacencia del ministro del Interior y del Presidente. La conmoción de la gente está dada por la pausa que sufrió la revuelta debido a la pandemia, pues las acciones de Carabineros de Chile, ante las amplias movilizaciones de octubre en adelante, han sido sistemáticas en la violación de derechos humanos: es el “Nunca más” que tampoco llegó.
En 2019, cuatro informes internacionales fueron categóricos en torno a la situación de nuestro país: las Fuerzas Armadas y de Orden, principalmente Carabineros, han cometido graves violaciones de derechos humanos, que no son hechos aislados o excesos individuales. Amnistía Internacional informa que son conductas “generalizadas” o masivas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que son de carácter “repetitivo”, Human Rights Watch emplaza a que tales acciones involucran a “miles de personas” y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone que “son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”. Así, los agentes del Estado con absoluto beneplácito han identificado a miles de enemigos, aquellos que el Presidente de la Republica les declaró la guerra, y han actuado con fuerza y rapidez desde la Plaza de la Dignidad a distintos territorios esparciendo muertes, mutilaciones y torturas.
La criminalización de la protesta identifica el actuar del gobierno de Sebastián Piñera: así decidió hacer frente al estallido social, acompañado todo por la militarización de los territorios desde que aplicó, en la madrugada del 19 de octubre, el Estado de Emergencia por alteraciones al orden público. Chile era un país con una democracia representativa en donde no existía la presencia ni amenaza de los sectores populares, en donde, para los tecnócratas del Estado, el neoliberalismo había realizado un verdadero sueño: una sociedad dominada por el mercado y con suficiente gobernabilidad, herencia de los cerrojos de Jaime Guzmán. La democracia evidenció sus límites para los sectores movilizados, que decididamente hacen frente a la desigualdad estructural y la acumulación de abusos y alzas. La respuesta es clara: no hay espacio para un nuevo Chile. Como clama la consigna: “Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad”.
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