Por: Carlos Jara | Publicado: .12.2020
María Cristina Gajardo |Maria Cristina Gajardo, quien fuera abogada del Ministerio del Trabajo durante el primer gobierno de Piñera, e hiciera noticia recientemente por ser uno de los votos claves que le permitieron al gobierno anotarse una victoria en la disputa por los correos del Minsal (por 3 votos contra 2), se encuentra ad portas de ser renovada como abogada integrante de la Corte Suprema (una suerte de magistrados reemplazantes) o ser derechamente nombrada como magistrada permanente del máximo tribunal chileno. No obstante, sus vínculos con el Ejecutivo, que usualmente debe resolver problemáticas ante este tribunal, así como una denuncia por usar su cargo como abogada integrante para generar presiones en un caso, dan cuenta de un complejo perfil para un cargo que ha sido duramente cuestionado por este tipo de situaciones.
Luego de que la Corte Suprema resolviera a favor del gobierno en la polémica por los correos del Minsal, varios pusieron el foco en los magistrados que permitieron esta victoria, subrayando que dos de los tres votos a favor del Ejecutivo fueron emitidos por abogados «integrantes» de la Corte, quienes ejercen como magistrados ante la ausencia de los mismos. En este caso, estos abogados integrantes fueron Jorge Lagos Gatica, muy cercano a la UDI, y María Cristina Gajardo, ex abogada del Ministerio del Trabajo del primer gobierno de Piñera.
Además de estas relaciones previas, la polémica vienen dada porque en muchos casos -como ocurrió en la investigación de los correos del Minsal- los abogados integrantes pueden fallar sobre la misma entidad que luego resolverá si darles un puesto o no: el gobierno.
Por ello, el nombre de María Cristina Gajardo – que ha sido sindicada como una de las probables elecciones del Ejecutivo para el próximo trienio (2021-2023) – causa ruido entre los entendidos del tema, precisamente porque la abogada falló recientemente a favor de las pretensiones del gobierno de Sebastián Piñera.
A propósito de esto, el senador Alejandro Navarro presentó un recurso en su contra el 27 de octubre, antes de que se resolviera la votación, para que no pudiera emitir su preferencia, porque ya se sabía que su acción podía generar un potencial conflicto de interés.
Hoy, en el contexto de la elección de las ternas que la Corte Suprema le presentó, el gobierno debe decidir si renovar su cargo como abogada integrante, o incluso, otorgarle uno como magistrada permanente. Tiene todos los méritos.
Denuncia en su contra
Sumados a estos antecedentes, que ponen en cuestionamiento el cargo en sí, y su llegada al mismo, El Desconcierto accedió a un denuncia que otra abogada presentó en contra de Gajardo, acusándola de utilizar su puesto de integrante de la Corte Suprema como una forma de presionar y alterar el proceso, en una causa en la que Gajardo participó activamente, sin ser la abogada patrocinante de la misma.
La denuncia fue presentada por la abogada Gloria Acuña, quien a través de un «Téngase presente» dirigido a la magistrada del litigio, evidenció actitudes que no se condicen con el respeto mínimo entre abogadas, y menos con lo que se espera de una integrante de la Corte Suprema.
El texto denuncia que Gajardo «ha alterado este procedimiento participando como litigante sin serlo, ha participado en audiencias virtuales sin mostrarse (detrás del abogado patrocinante formal) y se ha jactado de su calidad de abogada integrante de la Corte Suprema en medio de actuaciones decretadas por el Tribunal».
Esto último, habría ocurrido en una reunión celebrada pasado 18 de noviembre, a la que acudieron las dos partes de la causa y la jueza de árbitro -incluyendo a Gajardo a pesar de no ser la abogada patrocinante- donde «la abogada se ufanó de su puesto en el máximo tribunal, afirmando ‘aquí hay dos juristas y una abogada, por decir algo’, lo cual, según la interpretación de la denunciante, sería una forma de denostarla (ya que las juristas serían jueces, y por lo tanto tendrían mayor jerarquía), así como de amedrentar a la jueza de la causa, quien también tendría una jerarquía menor a la suya.
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«Aquel día, la abogada Gajardo llegó al lugar con una actitud absolutamente agresiva, utilizando expresiones inapropiadas, menospreciando mi calidad profesional como abogada, ejerciendo un maltrato de palabra«, agrega la denunciante, afirmando luego que todo esto habría sido «un esfuerzo por generar un escenario de presión, tanto a nosotros como parte, como a la juez árbitro», de parte de Gajardo.
Para sustentar esta tesis, la abogada denunciante agrega que esta ha sido una «conducta reiterada» por parte de Gajardo. «Desde el principio, de manera impúdica, la abogada Gajardo ha dejado en claro que está a cargo de la causa y que es abogada integrante de la Corte Suprema ¿Por qué es tan necesario que su presencia sea tan explícita de manera informal y tan subrepticia en términos formales? ¿Qué misterio guarda el hecho de que gritos y alegatos altisonantes en terreno sean acompañados de ausencia de firmas en los documentos y distancia formal?«, se cuestiona Acuña en su escrito.
«La participación de la abogada Gajardo, en el procedimiento ha sido del todo fáctica lo cual nos llama profundamente la atención, atendida justamente su condición de abogado integrante del máximo tribunal», finaliza el texto, que pone en cuestionamiento a la abogada.
Abogados integrantes
Desde hace años que la figura de los abogados integrantes, que en todo Chile constituyen unos 107 cargos, viene siendo fuertemente cuestionada sin que hasta ahora haya podido reformarse.
En 2015, el entonces senador de la UDI y hoy ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmaba que «los abogados integrantes no necesariamente deben formar parte de nuestros tribunales. Particularmente graves son los casos de las cortes de apelaciones en las regiones, en donde la situación es muchísimo más compleja por tratarse de un ámbito más pequeño y por las relaciones con los colegas de la plaza, lo que hace que los fallos sean muy cuestionados».
Por esos días, Larraín además solicitó al Senado oficiar a la ex presidenta Michelle Bachelet «para pedir el término de los abogados integrantes», y el oficio fue acordado por los 42 senadores presentes en sala.
Como aquel, entre el Congreso y el Ejecutivo suman un total de 14 intentos por reformar esta instancia, que se creó en 1824 para solucionar los problemas de escasez de jueces, pero que hoy se erige como una de las figuras más arcaicas del sistema de justicia chileno.
Pero ellos no han sido los únicos, porque incluso los mismos magistrados han expresado posturas contrarias a este cargo. Así, en 2011, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) elaboró un informe en el que concluyó que esta figura «atenta contra la independencia e imparcialidad de la judicatura» y «vulnera el derecho de los ciudadanos de ser juzgados por jueces independientes e imparciales«.
A su vez, dicho informe agregó que se abría mucho el espacio para conflictos de interés, que se «dan por el hecho de formar parte de un tribunal y no existir impedimento legal para el ejercicio de la profesión de abogado, ni siquiera ante la misma corte, lo que igualmente atenta contra la transparencia en el ejercicio de la jurisdicción«.
Se trata de una «figura que no debiera existir ya que produce una inestabilidad y una distorsión en la imparcialidad del juez natural que exige la ley», opinaba en 2019 la entonces presidenta de la ANM, Soledad Piñeiro.
Críticas que también han sido expuestas en la revista del Colegio de Abogados, donde abogados de larga trayectoria, incluso provenientes de los sectores más conservadores de la sociedad, han expuesto su rechazo al cargo.
Es el caso del abogado Pablo Rodríguez Grez, abogado histórico de Augusto Pinochet, quien escribió que «admitir la intervención de jueces designados anualmente por la propia Administración -en las Cortes de Apelaciones- y cada tres años -en la Corte Suprema-, constituye una aberración que atenta contra el debido proceso«.
Asimismo, el sistema de elección, permite que sean los propios magistrados los que diseñen las ternas que le serán presentadas al Ejecutivo, situación que les otorga un poder excesivo sobre la elección de los abogados integrantes y de los futuros magistrados, y distorsiona el sistema.
Esto porque según denunciaron abogados que prefirieron no dar sus nombres, se utilizan técnicas como elegir una terna con abogados con poca trayectoria, para así forzar la elección de otro grupo, o por el contrario, se posiciona a una persona que no se quiere que salga electa, en una terna con pocas posibilidades.
En esa línea, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el profesor Cristian Riego, explicó que desde su perspectiva,»los abogados integrantes son una institución del pasado, que se ha mantenido demasiado tiempo, y que hoy día resulta completamente anacrónica y contraria a los valores básicos del sistema judicial«.
«Son personas designadas en parte por el gobierno, y por lo tanto si esta persona no favorece al gobierno en sus decisiones puede el día de mañana no volver elegirlo«, explicó Riego, detallando además que esta forma de elección de magistrados no está normanda en la Constitución, por lo que es, en la práctica, inconstitucional.
«Son personas que no están investidas de las condiciones que la propia Constitución ha establecido como mínimas para tener un juez que podemos considerar independiente e imparcial. Esta práctica es totalmente institucional y contraria a los derechos fundamentales de las personas», afirmó el docente en ese sentido, agregando que por ello, se producen usualmente situaciones de «tráfico de influencias, de personas que producto de esta posición de abogados integrantes, pueden hacer gestiones a favor de sus propios casos, o a favor de sus estudios, porque ellos están vinculados a la vida profesional de un modo que no lo están los jueces».
El Desconcierto se comunicó con María Cristina Gajardo para conocer su postura respecto al tema, no obstante, la abogada rehusó referirse al tema.
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