OPINIÓN

 

Mano dura para proteger el orden político

por Eduardo Vergara B. 18 diciembre, 2020

El Senado tiene hoy en sus manos la responsabilidad de actuar de manera ética, respetar los tratados internacionales y, por sobre todo, aprovechar esta oportunidad para relevar su compromiso con los Derechos Humanos. En consecuencia, este proyecto debe ser rechazado y abre la oportunidad de exigir el fin de la escalada totalitaria y de control que el Presidente Piñera sigue empujando, con leyes de populismo penal que nos acercan cada día más a un estado de permanente guerra, donde las instituciones del Estado se transforman en suprapoderes y guardias de su orden político.

Esta semana se puso en tabla en la Comisión de Seguridad Pública del Senado un proyecto, impulsado por el Gobierno, que dice buscar mayor protección de las fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería. Con las modificaciones presentadas, este busca, entre otras cosas, eximir de responsabilidad penal a policías y gendarmes que hagan uso de sus armas de fuego en defensa propia o de terceros e incluso frente a fugas o desobediencia. La que pudiese parecer una medida impulsada en un país totalitario, ha sido presentada en Chile.

Esta modificación o más bien señal política, permitirá que tanto policías como gendarmes sean eximidos de responsabilidades penales y se incentive que terminen con la proporcionalidad del uso de la fuerza, pudiendo usar armas letales como primer recurso. En paralelo, es una forma de normalizar y escalar la violencia estatal. Las consecuencias serán desastrosas a medida que el país se alinea con estados donde la protección del orden político está sobre los DDHH y los crímenes de lesa humanidad se han transformado en parte del diario vivir.

Esta es además una señal política dirigida a dos públicos. El primero es a Carabineros, institución que hace ya meses viene demandando apoyo por parte del Gobierno. El segundo público es su sector político. Su base electoral más dura viene argumentando desde el inicio, junto con hacer vista gorda a la brutalidad policial, que las policías no cuentan con las herramientas, recursos y protección legal suficientes para hacer su trabajo.

Como si fuera poco, el contexto en el que se presenta este proyecto habla de un país que lleva más de un año gobernado bajo la excepcionalidad y que ha normalizado ya la presencia de militares y toques de queda. Si bien esta “nueva normalidad” nace con la incapacidad que el Ejecutivo demostró para gobernar la seguridad durante el estallido social, esta se perpetuó con la llegada de la pandemia del COVID-19, transformándose en un tanque de oxígeno para gobernar. Es altamente probable, además, que Sebastián Piñera necesite extender este estado de excepcionalidad constitucional hasta el final de su mandato, como único salvavidas para poder terminar con su periodo administrativo. La crisis de gobernabilidad es tan profunda que, en condiciones normales, el Gobierno simplemente no resistiría.

Parte de este contexto tiene que ver principalmente con el estallido social, uno de los periodos más esperanzadores, pero a la vez más tristes que ha vivido el país desde el retorno de la democracia. En paralelo a los miles de denuncias de abuso y brutalidad en el contexto del estallido, ya van cinco informes nacionales e internacionales que responsabilizan a Carabineros de graves abusos y violaciones a derechos humanos en este periodo. El segundo Gobierno de Sebastián Piñera no solo pasará a la historia como uno de los peores, sino que además dejará las páginas de la historia manchadas con las más grandes y brutales violaciones a los derechos humanos desde el fin de la dictadura.  Sin embargo, con acciones como esta pareciera que el Gobierno está sordo y quiere seguir profundizando las posibilidades de abuso en manos de las policías por un bien político superior a la dignidad humana.

En consecuencia, el Presidente Piñera ha optado por transformar al país en un campo de batalla. Con la creación de enemigos internos, la profundización del otro como amenaza y la declaración explicita de reiteradas guerras contra enemigos efímeros, ha volcado el terror como arma para proteger el orden político. En este proceso y ahora particularmente con este proyecto, pretende darles a las policías impunidad total, para incluso matar, a costa de proteger ese orden.

Esta es además una señal política dirigida a dos públicos. El primero es a Carabineros, institución que hace ya meses viene demandando apoyo por parte del Gobierno. La señal es fundamentalmente de respaldo a sus demandas. El segundo público es su sector político. Su base electoral más dura viene argumentando desde el inicio, junto con hacer vista gorda a la brutalidad policial, que las policías no cuentan con las herramientas, recursos y protección legal suficientes para hacer su trabajo. Ambos piden más para mayor y mejor control.

El orden político que busca proteger el Gobierno es principalmente para resguardar la base de su apoyo político. Por esto mismo, ha intentado de forma reiterada que las policías sean funcionales a ese propósito. Esto ya lo vimos en el trato desigual que recibieron los camioneros que paralizaron Chile en plena pandemia versus los manifestantes, o el que recibieron los simpatizantes del Rechazo versus los del Apruebo. No hay pudor alguno en tratar con dureza y hacer caer todo el peso de la ley sobre sus opositores y hacer vista gorda sobre sus simpatizantes.

Con todo, el Senado tiene hoy en sus manos la responsabilidad de actuar de manera ética, respetar los tratados internacionales y, por sobre todo, de aprovechar esta oportunidad para relevar su compromiso con los Derechos Humanos.

En consecuencia, este proyecto debe ser rechazado y abre la oportunidad de exigir el fin de la escalada totalitaria y de control que el Presidente Piñera sigue empujando, con leyes de populismo penal que nos acercan cada día más a un estado de permanente guerra, donde las instituciones del Estado se transforman en suprapoderes y guardias de su orden político.

Por último, el Gobierno debe entender que tiene en sus manos el futuro de Carabineros de Chile. Preocupa que, a más de un año desde que el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, diera nacimiento a la Comisión para la Reforma, sigamos sin ver una propuesta de reforma. Incluso, en otro episodio comunicacional, el 9 de octubre de este año, el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, dio un plazo de 60 días para que la Unidad de la Reforma a Carabineros entregara una propuesta de implementación para la reforma a la institución. Lamentablemente, el plazo se cumplió y, tal como sucedió con la comisión, el anuncio quedó en una mera pauta de prensa.

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