|Las dos jóvenes son imputadas por los delitos de desórdenes públicos y daños a monumentos nacionales en el contexto del estallido social. Estuvieron con arresto domiciliario por un año hasta que su defensa logró modificar la medida cautelar hace pocos días. Sus abogados acusan total desproporción en la decisión de los tribunales y que no existen pruebas claras que las vinculen a un rayado específico. Los informes hechos por Carabineros, a su vez, destacan su participación en Modatima y en organizaciones feministas, línea que la defensa de las mujeres rechazan: “Es lo que denominamos una prisión política por el hecho de pertenecer a una organización social», aseguran.
A Camila Vera Sandoval (32) e Isabella Baeza Raffanel (23) las detuvieron juntas en el centro de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019. Era un lunes frío y lluvioso, en el que cientos de personas se tomaron las calles por el despertar social que movilizaba al país. La respuesta ya era conocida: Carabineros se apresuraba en dispersar a los manifestantes lanzándoles agua y volviendo el ambiente irrespirable por los gases lacrimógenos.
A penas vieron que el carro policial se acercaba, avanzaron unas cuadras junto a otros manifestantes para estar protegidas. Entre la multitud, vieron a un grupo de carabineros acercarse directo hacia a ellas hasta rodearlas y arrinconarlas. Camila recuerda tres carros policiales, dos funcionarios motorizados y dos autos de civil. Quedó shockeada.
“Fue tremendo aparataje policial para dos mujeres. A mí me agarraron dos personas de civil que venían corriendo conmigo, eran infiltrados en la manifestación”, cuenta al teléfono. A unos metros de ella estaba Isabella, también paralizada contra la reja: “Nos tenían esposadas en una reja, mientras nos sostenían con una mano. No nos podíamos ni mover”, detalla.
Camila Vera Sandoval
Después de ese despliegue excesivo, las trasladaron al gimnasio GOPE, un espacio que habilitaron especialmente para el estallido social. Ahí no tuvieron posibilidad de cambiarse la ropa, todavía húmeda por la lluvia del día. Incluso, sus familiares les llevaron una muda, pero no les permitieron su ingreso. Pasaron horas, hasta que ya de madrugada las llevaron hasta la comisaría donde debieron entregar todas sus pertenencias.
“Nos pidieron el celular y, como amenazándonos, nos dijeron que si no cooperábamos nos iba a ir súper mal, que ellos ya tenían claridad de todo, que el Intendente ya estaba al tanto y que se iban a querellar”, relata Camila. Fue un momento de mucha incertidumbre, expresa.
Al día siguiente, en el control de detención, a ambas las acusaron de desórdenes públicos y daños calificados a monumentos nacionales por haber rayado el frontis de la Intendencia Regional, un edificio que se emplaza en la zona de resguardo patrimonial. La Fiscalía pide una pena de dos años por el primer delito y tres años por los daños al inmueble. Les dictaron arresto domiciliario, y esa medida se extendió por más de un año.
Desde ahí, sus vidas dieron un giro, limitándolas a vivir en el encierro.
Isabella Baeza Raffanel
Las pruebas de Carabineros
Dentro de sus intereses y actividades habituales, tanto Camila como Isabella mantenían participación en organizaciones sociales de las cuáles compartían con otros integrantes de la misma ciudad. También tenían sus propios proyectos: Camila buscaba rearmar su taller de joyería e Isabella seguir estudiando danza. Ambas son feministas y desde ahí han impulsado iniciativas entre mujeres de la zona.
Su perfil ligado al activismo, sin embargo, ha sido uno de los elementos que más les ha llamado la atención de las diligencias hechas por Carabineros. De sus celulares extrajeron pantallazos de conversaciones que mantuvieron entre ellas y otras personas y, además, destacan sus vínculos con estas organizaciones. “El diálogo que muestran los interlocutores, este grupo comparten y coordinan reuniones, respecto a su organización (Modatima= Movimiento de por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), asimismo comparten imágenes de convocatorias a marchas”, señalan, a la vez que muestran afiches que se han compartido de convocatorias a manifestaciones», se lee en uno de los documentos de la carpeta de investigación.
En estos documentos, remarcan su participación en una organización feminista.
Manuela Royo, una de las abogadas defensoras del caso, lo interpreta derechamente como una «criminalización» por activismo político. «Hay una imputación a ellas relacionada dentro de su participación del movimiento feminista y es el primer caso que veo tan patente. Existe una desproporción en la persecución y estamos hablando de un rayado, están diciendo que casi son las autoras de todos los rayados de Punta Arenas y, además, las ligan a esta participación», dice.
A su vez, José Luis Correa, también abogado defensor, asegura que respondería a la baja calidad de las pruebas disponibles para acreditar el hecho porque aclara que, si bien hay varias imágenes de rayados adjuntas dentro de la carpeta, uno que alude a la renuncia de Piñera, otros con demandas sociales y otros de corte feminista, no hay ninguno específico atribuido a ellas. “No hay ninguna indicación directa en el sentido que se rayó esta palabra o esta frase. Es tan ambigua la situación que no sabemos respecto de qué rayado tenemos que defendernos”, explica.
Más aún, Correa aclara que los elementos que las involucran son mínimos: una grabación y una declaración de alguien que vio el registro donde se les vincula por las zapatillas. «Vamos a sostener la absolución porque entendemos que no hay participación de ellas en este delito. Este video tampoco ha sido analizado, en algunas ocasiones se realizan estudios por características morfológicas de las personas para poder individualizarlas en cuanto a contextura, altura, de alguna manera que lo haga coincidir con la persona que aparece en las imágenes”, especifica.
El contenido registrado en el celular, agrega el abogado, tampoco fue suficiente para inculparlas por otro tipo de delito. “A mí me parece que la Fiscalía cae en una paranoia en la causa de ellas, porque este delito está siendo analizado por la sección de Alta Complejidad de la Fiscalía y estamos hablando de un rayado. Cuando se investiga en esta área se tratan de delitos graves que se deben cumplir privadas de libertad y aquí no se cumple con ninguno de esos requisitos”, remarca.
A esto, Camila también advierte sobre otro elemento que cree influir en el contexto de su caso. «Vivo en una casa donde su sostenedora es dirigente social, que es mi madre. Es presidenta de la Anef [Agrupación Nacional de Empleados Fiscales] regional y ha sido dirigente por muchos años. Además de su trabajo, ha mantenido una actividad social bien importante. Al día siguiente que nos tomaran detenidas salió eso en los diarios locales: Camila, hija de Doris, que es dirigenta de la Anef, con esa connotación. Y Punta Arenas es chico, los fiscales y los jueces saben quién es ella”, cuenta.
Captura diario regional El Pinguino
El encierro domiciliario
El lunes 14 de diciembre a ambas jóvenes le cambiaron la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a firma quincenal y arraigo regional. Eso también hizo que se sintieran más tranquilas, tan solo con dejar de escuchar la patrulla de Carabineros que cada noche llegaba de manera abrupta hasta la puerta de su casa. Muchas veces solo prendían las luces y tenían que estar atentas, o se iban sin esperar que firmaran.
Eso les fue generando un desgaste a nivel familiar, en el caso de Camila, conformado por su hija de 10 años, su mamá y su hermana que también tiene una hija de meses y, de Isabella, con su pareja y su familia. “Nos ha dejado una sensación de desprotección y transgresión enorme. Personalmente me sentí hostigada, tenemos habitaciones que dan a la calle y siempre estuvimos alertas, a las tocadas de las puertas, a las luces. Generamos una vigilia constante y nos ha dejado secuelas”, cuenta Camila. “Llegó un momento en que logramos acostumbrarnos a generar una dinámica de apoyo familiar”, agrega.
Mantenerse por meses encerradas en sus casas con un proceso judicial en curso les ha traído repercusiones, más que cualquier otra situación, a nivel psicológico. Las dos han tenido que adaptar sus rutinas y ver reducidos sus ingresos económicos. “Si bien al principio no quería mucho hablar sobre la prisión domiciliaria porque consideraba que los primeros meses había personas que vivían situaciones más fuertes en centros penitenciarios, con los meses pude irme viendo como esto ha trasgredido a mi familia completa”, admite Camila.
“Sigue siendo como una prisión porque estás todo el rato pensando en la hora, en que van a venir. Es potente de todas maneras”, dice Isabella. También cree que es una medida que las pone a un nivel de alguien que roba en una casa o que viola. “Es un actuar que están teniendo porque sí imaginan que somos parte de una organización política o algo así”, destaca.
El juicio
El margen que les ha dado el cambio de medida cautelar, ha hecho que Camila e Isabella proyecten con mayor libertad algunas actividades que tenían suspendidas. Podrían volver a trabajar como garzonas, como lo hacía Camilia, o eventualmente por la temporada de verano en el Parque Nacional Torres del Paine, como espera hacerlo Isabella.
La siguiente audiencia será la de preparación de juicio oral, fijada para el 31 de marzo próximo. Aunque, el abogado José Luis Correa cuestiona llegar a esa instancia por la tozudez que, bajo su mirada, ha demostrado la Fiscalía para resolver el caso. “Esta causa no tiene por qué ir a juicio, debió haber terminado hace mucho tiempo atrás. Hay un tema desde la desprotección desde el punto de vista de la supuesta afectación con la sanción, porque un rayado costaría lo que cuesta una lata de pintura y mover todo el aparato judicial para eso es completamente desproporcionado”, explica.
El fiscal a cargo de este caso es Felipe Aguirre, el que también ha llevado el caso de Marcelo Mandujano. Él fue detenido en contexto del estallido en la misma ciudad que estuvo con prisión preventiva durante un año hasta el 1 de diciembre pasado, cuando le dictaron libertad vigilada intensiva por cinco años. “Cuando conversé con el fiscal para llegar a un acuerdo reparatorio y no ir a juicio, que sería lo que pasaría en cualquier parte del país, él me dice que es una situación muy grave que no se puede repetir y que no están de acuerdo con una salida alternativa”, explica Correa.
A meses de que se inicie este juicio, las agrupaciones de familiares de presos en contexto de estallido social de Punta Arenas han insistido en la necesidad de aprobar una ley de indulto para todos aquellos que fueron detenidos en contexto de las protestas. Hace algunos días llevaron adelante un ayuno para visibilizar el tema.
Lo mismo ha ocurrido a nivel nacional y, en términos generales, Jaime fuentes, abogado de la Agrupación de Familiares de presos políticos de Santiago 1, asegura que esto ha provocado un daño hacia la integridad psicológica por parte del Estado por la falta de prolijidad de la Fiscalía y de los tribunales. “Así como ellas, existen muchos casos a nivel nacional donde se han decretado medidas cautelares demasiado gravosas para los delitos que se están imputando y, sobre todo, sabiendo que las pruebas no son contundentes y que al final del juicio terminan saliendo libres porque no cometieron estos delitos o no tienen para acreditarlo. Tenemos el caso de quienes fueron acusados de quemar el metro Pedrero en el que salieron absueltos porque las únicas declaraciones en su contra son las de Carabineros o supuestos videos en los cuales no se logra identificar la persona que cometen los hechos”, sostiene.
“Es lo que denominamos una prisión política por el hecho de pertenecer a una organización social o a un movimiento que se manifestó en contra de este sistema que precarizó a esta sociedad, que se generaliza como futuros terroristas y se le persigue penalmente”, concluye el abogado.
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