Por: Rubén Escobar Salinas | Publicado: 13.10.2022
Un juzgado civil citó a declarar al general Javier Iturriaga, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército, en el contexto de una demanda por más de US $4 millones en contra del Fisco. La causa la comenzó C&M, una empresa ligada a Virgilio Cartoni, el proveedor investigado por sus operaciones durante la comandancia de Juan Miguel Fuente-Alba.
– “Comparezca el absolvente don Javier Iturriaga del Campo”.
La orden la dio la semana pasada el 11° Juzgado Civil de Santiago y, con eso, el Comandante en Jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, deberá prestar declaración ante ese tribunal. Todo esto, en el marco de una demanda civil en contra del Fisco que entabló la empresa C&M World Enterprises Corp (C&M), la firma ligada a Virgilio Cartoni, uno de los proveedores investigados por contratos durante la comandancia de Juan Miguel Fuente-Alba.
Pero la trama comenzó antes, en 2018, con un informe de la Contraloría General de la República que apuntó a que el Ejército pagó US $8.6 millones en sobreprecios por la compra de dos aeronaves y que también cuestionó una serie de servicios y compras de repuestos por la misma razón. Entre las empresas que aparecieron en la fiscalización estaban Eurocopter y Airbus Helicopters, ligadas a C&M.
Es una de las aristas de ese informe, en relación a operaciones ocurridas en 2015, por las que C&M demandó al Fisco. La empresa, representada por el abogado Samuel Donoso, busca que el Estado le pague un millonario monto por compras que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público y que engrosan las carpetas de la Fiscalía vinculadas a los casos de fraude en el Ejército.
Empresa ligada a Cartoni pide 4,1 millones de dólares
La demanda que C&M interpuso a principios de 2021 busca que el Fisco les pague US $4.153.214,60. El abultado monto tiene su raíz en 33 operaciones de bienes y servicios que la empresa ligada a Cartoni prestó a la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) en el año 2015. De acuerdo al escrito.
Los servicios a los que C&M hizo referencia tienen su origen en un contrato marco de adquisición, suministro y prestación de servicios, celebrado entre el Ejército y Eurocopter Cono Sur S.A. (luego Airbus Helicopter Cono Sur S.A., parte del Grupo Airbus Helicopters).
El beneficiario final era la BAVE, donde Eurocopter se obligó a la venta de repuestos; a la reparación y/u overhaul (mantenimiento preventivo) de componentes, equipos y conjuntos dinámicos; al standard exchange, o permutación de componentes; y a las inspecciones mayores.
En conjunto con la celebración de ese contrato –y aquí es donde entra la empresa ligada a Virgilio Cartoni-, Eurocopter (Airbus) firmó un contrato de comisión mercantil con C&M, “para efectos de cumplir con la demanda de bienes y servicios referidos en el contrato marco”.
Eurocopter dejó en claro al Ejército que C&M “mantiene vigente un contrato de agente y de representación exclusiva de Airbus Helicopters Cono Sur S.A. con poder ante el Ejército de Chile y dentro del territorio de Chile, para la oferta y contratación de los servicios descritos…”. Es decir, C&M actuaba como intermediario de la empresa de helicópteros, pero, según argumentan, a nombre propio para contratar los servicios y repuestos para helicópteros. Aunque, si actuaba o no a nombre propio, es algo controvertido aún.
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Así, la firma vinculada a Cartoni busca que se le paguen esos millones de dólares por los servicios y productos de 2015, que el Ejército nunca abonó. Pero, el problema para C&M es que una serie de sumarios internos, así como la ya mencionada fiscalización de la Contraloría en 2018, pusieron en la mira a dichas operaciones y apuntaron a un posible sobreprecio pagado por las mismas.
Si bien el informe de Contraloría es reservado, una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en septiembre de 2021 da luces sobre su contenido.
El informe, según el escrito del CDE, da cuenta de adquisiciones sin órdenes de compra. Además, cuestionó que las operaciones se hayan realizado con C&M y no directamente con Eurocopter (Airbus), lo que hubiese sido posible según el mismo convenio firmado.
El CDE citó el informe del ente fiscalizador y sostuvo que “la Contraloría determinó qué adquisiciones de repuestos efectuadas por la BAVE a C&M en los años 2014 y 2015 por USD$4.191.525,81 se encontraban pendientes de pago, no habiéndose emitido tanto las órdenes de compra por parte de la Brigada ni la facturación correspondiente por el proveedor”.
Dentro de las acusaciones del CDE en esa querella, está que “funcionarios públicos militares, en concierto con particulares, resolvieron efectuar la compra de los repuestos por intermedio de la empresa C&M, aumentando ficticiamente su valor y, de este modo, defraudando al Fisco-Ejército de Chile, con pleno conocimiento del perjuicio que ello significaba para el patrimonio fiscal”.
Pero en sede civil, la posición de C&M es que el no pago de los servicios por parte del Fisco, se debería a una “estrategia bien urdida para no pagar por bienes y servicios efectivamente incorporados a su patrimonio”. Donoso aludió a “responsabilidades administrativas que nada tienen que ver con el crédito de mi representada”.
Para la empresa, que exista una investigación penal por presunto pago de sobreprecios en las operaciones se trata de un “proceso judicial que por sí mismo no genera ningún efecto en sede de responsabilidad contractual y que sigue en etapa de investigación”. Bajo esos argumentos, buscaron la declaración de Iturriaga, intentando confrontar su posición con las del timonel del Ejército.
La citación al general Iturriaga
En agosto de este año y en el marco de la demanda civil mencionada, el abogado Samuel Donoso presentó un escrito para que se llame al general Javier Iturriaga a “absolver posiciones”, es decir, a responder a sus preguntas en una audiencia ante el tribunal.
El abogado solicitó que el uniformado concurra “personalmente”, como representante de la institución castrense, a responder “sobre hechos propios y no propios”.
El jueves de la semana pasada, la jueza Ximena Sumonte accedió a la solicitud de Donoso y resolvió que comparezca «don Javier Iturriaga del Campo en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército o al representante legal para estos efectos del Ejército de Chile con facultades suficientes en representación de la demandada”.
Iturriaga deberá entonces entregar la versión oficial del Ejército ante las preguntas que la empresa ligada Cartoni le formuló. Ese listado de consultas, como es común en este tipo de procedimientos, se encuentra en un sobre cerrado y ya está en custodia del tribunal.
Consultados sobre la resolución del tribunal, el Ejército aseguró a El Desconcierto que, a la fecha, «no cuenta con antecedentes respecto a la citación que realizó el 11° Juzgado Civil de Santiago al Comandante en Jefe del Ejército».
Cartoni y Fuente-Alba
El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y Virgilio Cartoni figuran en una misma causa como imputados por el delito de fraude al Fisco a raíz de diversos contratos del Ejército que involucraron a C&M. Incluyendo el presunto pago de más de un millón de dólares en sobreprecio del pago de un avión.
Ciper indagó también en las relaciones de amistad y comerciales de ambos. De acuerdo a dicho medio, Fuente-Alba y Cartoni mantendrían una antigua amistad, e incluso sus hijos estrecharon lazos. También, en 2010 Cartoni le habría comprado un automóvil marca Audi al exuniformado.
Además, uno de los socios de Cartoni habría sido nombrado por Fuente-Alba como auditor dentro de la institución. De igual forma, la publicación asegura que a la plana ejecutiva de C&M han llegado varios altos oficiales a su salida del Ejército.
En la causa penal, la defensa de Cartoni -también en manos de Samuel Donoso- solicitó su sobreseimiento definitivo, lo que será revisado en las próximas semanas. Sin embargo, ya fue rechazada una solicitud similar en una audiencia de pasado junio y recién en agosto el CDE amplió los cargos contra Cartoni.
La arista penal y una querella frustrada
El resultado del informe reservado de Contraloría llevó a la apertura de una investigación del Ministerio Público. La causa la tomó el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz.
El Estado se hizo parte del proceso a través de la mencionada querella de septiembre de 2021. La fiscal Ximena Chong, jefa de la fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, notificó su acumulación con la investigación que ya se había iniciado.
En paralelo, en julio de 2020, Donoso, en representación de C&M, intentó una querella en contra de Rodrigo Urrutia Oyarzún, en su calidad de General de División y Comandante de Apoyo a la Fuerza del Ejército de Chile, y en contra de todos quienes resulten responsables, por el delito de “denegación de pago”. En su momento, la prensa habló del “quiebre de un vínculo histórico”, dado el historial de Cartoni con los uniformados.
Pero la jugada no resultó. La fiscal Chong argumentó que los hechos no eran constitutivos de delito y solicitó el sobreseimiento definitivo de Urrutia. El tribunal accedió a la petición y luego la Corte de Apelaciones confirmó la decisión.
Actualmente, la arista penal sigue abierta y en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El Desconcierto se comunicó con el abogado Samuel Donoso, quien declinó hacer comentarios en virtud del secreto profesional con su cliente.
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