En un histórico acontecimiento, el pasado Jueves 27 de Julio de 2023, se llevó a cabo la audiencia final en la sala penal de la Corte Suprema, marcando el cierre de un juicio que se prolongó por más de dos décadas. Este juicio se centró en el secuestro de los últimos integrantes de lo que alguna vez fue la Primera Dirección Clandestina del Socialismo chileno, cuyos terribles hechos ocurrieron hace 48 años, en el año 1975.
A lo largo de estos casi cincuenta años, muchas de las personas afectadas por estos crímenes de lesa humanidad han fallecido sin poder ver la verdad y la justicia que tanto anhelaban. Además, varios de los perpetradores responsables de estos actos atroces también han muerto sin enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Es fundamental que la justicia actúe con contundencia y aplique condenas proporcionales a la magnitud de los crímenes cometidos en contra de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es necesario esclarecer judicialmente estos hechos y garantizar una reparación adecuada para los familiares de las víctimas, como parte fundamental de evitar que estos trágicos episodios se repitan en el futuro.
La esperanza radica en que cualquier agente del estado, sin importar cuánto tiempo haya pasado, comprenda que los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por miembros de organismos represivos como la DINA y la CNI, tanto en dictadura como en la post dictadura, serán llevados ante la justicia y juzgados según el derecho internacional de los derechos humanos. Los tribunales en Chile están obligados a aplicar justicia en estos casos.
El impacto devastador de la dictadura chilena sobre el movimiento popular y, en particular, el Socialismo, aún se siente profundamente. La desaparición y posterior exterminio de la Primera Dirección Clandestina, encabezada por Exequiel Ponce, Ricardo Lagos Salinas y el ex diputado Carlos Lorca, junto con sus enlaces, las compañeras Carolina Wiff, Michelle Peña, Mireya Rodríguez, Sara Donoso y Rosa Soliz, dejó un vacío irremplazable. Sus ejemplos de lealtad militante y consecuencia revolucionaria continúan siendo una inspiración para las futuras generaciones. Estos verdaderos héroes y heroínas del pueblo son recordados por su valiente lucha, y su legado político sigue siendo un faro para quienes desean conquistar en Chile una democracia efectiva, incompatible con el neoliberalismo impuesto durante la dictadura y que aún perdura hasta nuestros días.
Ahora, en un momento crucial, se aguarda el fallo final. El Centro de Formación Memoria y Futuro, junto con otras organizaciones comprometidas con la justicia y los derechos humanos, confía en que la larga espera no ha sido en vano y que finalmente, la justicia se aplicará en su plenitud. Este caso representa una oportunidad para dar un paso significativo hacia la reconciliación y sanación de las heridas abiertas por aquel oscuro periodo de la historia chilena.
En honor a las víctimas y en búsqueda de una sociedad más justa y democrática, es imprescindible que no olvidemos el pasado y aprendamos de los errores cometidos. La memoria histórica debe ser el cimiento que nos impulse hacia un futuro en el que prevalezcan los valores de verdad, justicia y respeto por los derechos humanos.
La lucha por la justicia y la memoria no debe detenerse aquí. Que este proceso judicial sea un recordatorio contundente de que la búsqueda de la verdad y la garantía de los derechos humanos deben permanecer siempre como pilares fundamentales de una sociedad que aspira a una democracia plena y duradera.
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