El Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago ha emitido una sentencia histórica condenando al fisco a pagar una indemnización total de $310.000.000 por daño moral a cuatro ciudadanos: Nelson Ricardo Viveros Lagos, Silvia Gioconda Pavez Rivera, Jaime Andrés Malagueño Hormazábal y Luis Alberto Ramírez Martínez. Estas personas fueron víctimas de detenciones y torturas perpetradas por agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante los meses de abril y mayo de 1975.
La magistrada Jacqueline Dunlop Echevarría, encargada de la causa (rol 29.845-2019), desestimó las excepciones presentadas por el fisco, al establecer que los demandantes sufrieron crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles tanto en el ámbito penal como civil.
En su fallo, la jueza destacó el sufrimiento padecido por los demandantes, quienes en el momento de su detención y tortura se encontraban forjando proyectos de vida tanto familiares como profesionales. Algunos de ellos eran padres y jefes de familia, estudiantes, profesionales y trabajadores. La resolución del tribunal señaló que los actores fueron ilegalmente privados de su libertad y sometidos a tormentos y tratos inhumanos y degradantes por parte de la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet, conocida como DINA, y militares del Ejército de Chile, durante el periodo entre 1973 y 1977.
La jueza también resaltó las consecuencias devastadoras que estas acciones tuvieron en la salud física y psicológica de las víctimas, quienes vivieron en constante angustia y temor durante años. Algunos de ellos tuvieron que enfrentar proyectos de vida y laborales conculcados, vivir en el exilio y ser separados de sus seres queridos. Estas experiencias traumáticas dejaron secuelas que persistieron a lo largo del tiempo.
En consecuencia, el tribunal ordenó que el fisco indemnice a los demandantes por el daño moral sufrido. Las sumas de indemnización asignadas son las siguientes:
- Nelson Ricardo Viveros Lagos: $80.000.000 (ochenta millones de pesos).
- Silvia Gioconda Pavez Rivera: $70.000.000 (setenta millones de pesos).
- Jaime Andrés Malagueño Hormazábal: $80.000.000 (ochenta millones de pesos).
- Luis Alberto Ramírez Martínez: $80.000.000 (ochenta millones de pesos).
Además, la jueza ordenó que las sumas de dinero sean debidamente reajustadas de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la sentencia y la del pago, y que se añadan intereses corrientes para operaciones reajustables.
Esta sentencia representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile. El fallo demuestra el compromiso del sistema judicial con el reconocimiento de las atrocidades cometidas en el pasado y con la reparación de quienes sufrieron las consecuencias de estos actos abominables
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