PAÍSCréditos: Agencia UNO (archivo).La sentencia establece que cinco agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia -Miguel Krassnoff, César Manríquez y Pedro Espinoza- fueron condenados a 15 años de presidio efectivo en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado. En tanto, como coautores, Alejandro Astudillo y Pedro Araneda obtuvieron la condena de 10 años y un día de presidio. Las condenas descritas se enmarcan en el fallo por los delitos en contra de Manuel Cartes y José Flores, dirigentes que fueron sustraídos de sus domicilios en 1974, y de quienes a la fecha no hay rastro.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó durante la tarde de este viernes la condena para cinco exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su participación en el secuestro de dos dirigentes vecinales durante la dictadura.
Según establece el fallo unánime de la Segunda Sala del Tribunal de alzada, el obrero Manuel Cartes y el peluquero José Flores, ambos militantes del Partido Comunista y “representantes vecinales de la actual zona de Peñalolén, fueron detenidos (…) el 23 de agosto de 1974 desde sus respectivos domicilios a raíz de un operativo que se realizó en el sector por parte de la DINA asistidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden”, de acuerdo a lo señalado por la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González.
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Según testimonios de otras personas que fueron detenidas, Cartes y Flores fueron vistos en centros de tortura como Cuatro Álamos y la Villa Grimaldi. Sin embargo, desde entonces no se ha podido establecer el paradero de ambos.
Por esto, se sentenció a los agentes de la DINA, Miguel Krassnoff, César Manríquez y a Pedro Espinoza a 15 años de presidio efectivo en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado; mientras que Alejandro Astudillo y Pedro Araneda obtuvieron la condena de 10 años y un día de presidio en calidad de coautores.
Sobre Krassnoff, cabe destacar que esta resolución se suma a los más de 1000 años de condenas que el exmilitar acumula por causas de violaciones a los derechos humanos.
El fallo también estableció que el fisco deberá indenmizar a la esposa e hijo de Flores una indemnización reparatoria de 75 millones de pesos por daño moral, tras una demanda que estos interpusieron.
Lo anterior, ya que “es deber de todos los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por consiguiente, el derecho a la reparación integral reclamado debe acogerse”, establece el escrito.
En la misma línea, se apunta que “la pretensión de los actores se sustenta en hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, acreditados y sancionados penalmente en este fallo, una vez que estos han sido así declarados, corresponde reparar a las víctimas, sean directas o indirectas”.
Asimismo, el fallo expresa que se ha de “garantizar su no repetición, por cuanto para ello se debe estar a los estándares internacionales sobre reparación integral, presupuestos que se satisfacen en el caso de autos”.
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