Bancada Republicana Consejo | Bancada Republicana ConsejoCon las enmiendas ya presentadas e ingresadas, el Consejo Constitucional comenzó su etapa de discusión. No obstante, una de ellas se ha llevado todas las luces: Se trata de la propuesta que busca dar el beneficio de arresto domiciliario a los presos mayores de 75 años, lo que iría en directo beneficio de los presos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, tensionando los ánimos al interior del ex Congreso Nacional.
Una tensa sesión tuvo lugar hoy en el Consejo Constitucional, luego de que se presentaran en la Comisión de Principios los impulsores de la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que pretende trasladar a arresto domiciliario a las personas mayores de 75 años encarceladas. Esta situación beneficiaria directamente a los ex militares presos en Punta Peuco, situación que generó un acalorado debate al interior de la instancia.
La primera en levantar las alertas fue la Comisionada Experta, Catalina Lagos (PS), quien comentó que Miguel Krassnoff, exmilitar chileno condenado por más de 1.000 años por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se vería beneficiado con los alcances de la IPN. Además, de exponer el caso de Krassnoff, Lagos expuso una serie de nombres que se verían beneficiados si esta norma pasara a forma parte de la nueva Constitución.
De inmediato, la presidente de la Comisión, María de Los Angeles (PR) salió al pase de las declaraciones de Catalina Lagos y emplazó a la Comisionada a «no atacar a los expositores» y llamó al respeto señalando que en la norma no hay referencia a las personas que ella señaló.
Un tema polémico
Al termino de la sesión, el impulsor de la IPN Enrique Cordovez, defendió su postura y expuso que esta la norma vendrá en apoyo a «las personas vulnerables al interior de las carceles que registran un 44% de sobrepoblación. La gente de tercera edad tienen enfermedades dificiles de tratar, tienen problemas físicos y siquicos, por lo que es necesarios atenderlos en un lugar en el que se puedan dar esos cuidados».
Consultado acerca de la alta probabilidad de que esta iniciativa beneficie a los presos de Punta Peuco, Cordovez apunto a que «hay que diferenciar la naturaleza del delito del lugar de reclusión, la iniciativa no es un perdonazo ni una amnistia, no preescriben los delitos ni los condona. Lo que dice esta iniciativa es que por razones humanitarias, al igual como ocurre con los jóvenes que son mandados a reclusión especial, las personas de la tercera edad también tengan esta opción. Si hay alguna persona con cadena perpetua la tendrá que cumplir con arresto domiciliario, no afecta por ningún motivo lo que dicen los tribunales, es una consideración humanitaria».
Sumado a esto, Enrique Cordovez reconoció que tiene personas «conocidas» en Punta Peuco, pero que la norma no es especifica ni un traje hecho a la medida y que puede beneficiar a más de 3 mil personas mayores de 75 años que actualmente están detenidas.
Las reacciones de los Consejeros
Esta situación, de inmediato generó reacciones de los Consejeros tanto del oficialismo como de oposición. El jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Alejandro Kholer rechazó tajantemente la iniciativa e instó al PR a transparentar sus intenciones «nosotros somos muy firmes en decir que aquí debemos respetar los estándares internacionales respecto a estas materias y en ningún caso actuar irresponsablemente, especialmente con personas presas, condenadas por delitos de lesa humanidad. Y en ese sentido entonces, si Republicanos está pensando en un perdonazo a quienes han cometido graves crímenes en contra de las personas, nosotros obviamente eso lo rechazamos absolutamente», comentó.
También indicó que esto dificulta los diálogos de cara al futuro «lo que hemos conocido hoy día en propuestas de enmienda, por parte de republicanos especialmente, así como están y si hay intransigencia de parte de ellos, no existe ninguna posibilidad de diálogo y menos de acuerdo, y por lo tanto sería una constitución claramente que va a representar una sola mirada».
En la misma línea la Consejera Karen Araya (PC) apuntó que esto «es disfrazar la impunidad de asesinos de delitos de lesa humanidad a través de una enmienda. Claramente es un perdonazo para quienes hoy cometieron violaciones graves a los derechos humanos y eso creo que no le hace bien al diálogo democrático».
Desde la vereda contraria, Antonio Barchiesi (PR) justificó la iniciativa, argumentando que «tenemos un déficit de infraestructura carcelaria, de infraestructura penitenciaria gigantesco. Tenemos las cárceles sobrepobladas. Necesitamos liberar espacios carcelarios para disponibilizarlos para el cumplimiento de penas de personas que hoy día están aterrorizando a los chilenos», dijo.
En ChileVamos en tanto, mostró su disconformidad con la IPN presentada. La Consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) expuso que «yo creo que tenemos que sacar a los delitos que tengan que ver con delitos sexuales o delitos de lesa humanidad. Entonces son cosas que tenemos que hablar cuando se va a hacer una excepción efectivamente para aquellos que están condenados y que tienen sobre 75 años, que sean delitos que no sean delitos graves ni de lesa humanidad ni delitos sexuales».
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