La Corte Suprema ha emitido un fallo trascendental al acoger el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa y, en sentencia de reemplazo, condenar al fisco a pagar una indemnización de $60.000.000 por concepto de daño moral a Marcelo Andrés Ormeño Novoa. Este caso remonta a 1987, cuando Marcelo, con tan solo 14 años de edad, fue detenido y torturado por agentes del Estado en la comuna de Concepción.
El fallo unánime (causa rol 19.680-2023) fue emitido por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por el ministro Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Mario Gómez, el abogado (i) Diego Munita y la abogada (i) Leonor Etcheberry. En él, se establece un error de derecho en la sentencia anterior, emitida por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió la excepción de prescripción deducida por el fisco en una causa por violaciones a los derechos humanos, consideradas imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
El fallo destaca la importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyas disposiciones son vinculantes para el Estado chileno según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. En base a estas normativas internacionales, la Corte Suprema determinó que el derecho de las víctimas a recibir compensación por los daños ocasionados por violaciones a los derechos humanos es inalienable y no puede ser eludido por normas internas sobre prescripción.
Según el máximo tribunal, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es objetiva, lo que significa que se produce al momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, independientemente de la falta o culpa por parte de los agentes involucrados. En este contexto, el Estado está sujeto a la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares por los daños ocasionados.
La Corte Suprema resalta que la indemnización del daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos es una obligación que pesa sobre el Estado, y que está consagrada tanto en el derecho interno, en el artículo 3º de la Ley Nº 18.575, como en las normativas internacionales.
Este fallo sienta un importante precedente y reafirma el compromiso del Estado de Chile en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, destaca la importancia de que el sistema de justicia promueva la reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que incluye el pago de indemnizaciones justas y adecuadas por daño moral y otros perjuicios.
Marcelo Andrés Ormeño Novoa, la víctima en este caso, recibirá la indemnización de $60.000.000 por concepto de daño moral, lo que representa un reconocimiento del Estado a las violaciones sufridas y un paso hacia la justicia y la reparación.
Este fallo resalta la importancia de que el Estado continúe trabajando para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, y que las instituciones judiciales continúen aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus decisiones, para asegurar que las víctimas obtengan la justicia y reparación que merecen.
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