La semana pasada el Congreso concluyó la tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El despacho se produjo luego de que el Senado aprobara -de modo unánime- el informe de una comisión mixta que resolvió diferencias con la Cámara de Diputados. No obstante, el gobierno se ha comprometido a presentar un veto aditivo, que precise las atribuciones del órgano en materia de violaciones de derechos humanos en cuadros de genocidio, guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto significa, en la práctica, facultades para el futuro. El problema de la acción penal ha producido un desafortunado quiebre entre el Ejecutivo y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y amenazó en su momento la ratificación del instituto en la cámara baja. Es en estas circunstancias que la administración de la Presidenta Bachelet decidió aclarar las dudas de los congresistas por el procedimiento del veto.
No es evidente, sin embargo, que haya votos suficientes en el Parlamento para validar las normas del mecanismo aditivo, debido a que la derecha no ha definido qué actitud adoptará. Tampoco es claro si se reconstituirá el apoyo de las organizaciones de DDHH, aunque dentro de éstas hay dirigentes que sí evalúan como un importante avance en la institucionalidad democrática la creación del instituto, habida cuenta de que los avances en justicia y castigo a los culpables se han encauzado por vías independientes y anteriores al nuevo ente. De hecho, en el análisis senatorial se insistió en que se trata de una dependencia permanente del Estado, orientada al largo plazo, con autonomía de los gobiernos de turno, por su dirección transversal, y que por tanto supera los dramáticos y dolorosos hechos de la dictadura.
Desde este punto de vista conviene subrayar la disposición transitoria que reinstala en una sola instancia y durante seis meses las comisiones Rettig y Valech, para recalificar casos de desapariciones, muertes y torturas que no hayan sido incluidos en sus respectivos períodos de funcionamiento. Debido a que antes se tiene que resolver el asunto del veto, se estima que la estructura operará a partir de noviembre y que a mediados de 2010 comiencen a entregarse los respectivos beneficios.
La reapertura de las comisiones acoge una extendida demanda del mundo político y social para incorporar situaciones que por distintas razones no se presentaron o donde no se formó convicción en su momento. En este contexto es significativo el respaldo de la derecha a la medida.
La constitución del instituto, además, completa la agenda de la Presidenta en materia de derechos humanos, ya que se articula con la adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI) y la ratificación de diversas convenciones de protección de las garantías fundamentales. Tales avances legislativos consolidan los símbolos de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura.
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