escrito por Eduardo Contreras*
*Abogado; artículo publicado en el semanario El Siglo, se reproduce con autorización del autor.
¿Porqué el mando del ejército ha recontratado con sueldos de hasta 2 mil dólares mensuales a torturadores, violadores, falsificadores, criminales todos de la DINA-CNI? ¿Para mantener una estructura represiva secreta, como la que amenaza al periodista Francisco Herreros? ¿Para pagar su silencio y evitar que involucren a otros oficiales?
Los pagos con platas de todos los chilenos que el ejército hace a violadores de derechos humanos mientras miles de sus víctimas, ex presos políticos, exonerados y exiliados, no reciben un centavo, constituye un suceso de la máxima gravedad. Empeorada por la débil reacción del gobierno, cuyos voceros reconocen que ya tenían conocimiento de estos hechos.
Es sospechoso que el ejército respalde y ampare a peligrosos terroristas y la actitud con que La Moneda y el Ministerio de Defensa enfrentan la situación, ponen al país de cara a un muy delicado escenario en materia de seguridad nacional. Lorena Pizarro tiene toda la razón del mundo cuando se pregunta “¿Quién manda aquí, el gobierno o el ejército?” Esta es una canallada, una provocación inaceptable, un desafío a la transición democrática que supone la sujección del poder militar al poder civil surgido de la voluntad popular. No hay tal.
En rigor, la presunción de inocencia que tan sueltos de cuerpo alegan a favor de los delincuentes los ministros Vidal y Viera Gallo y hasta el propio comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, importa una provocación al sentimiento democrático que anida en la inmensa mayoría de la población chilena. Además es falso porque, como se sabe, entre los ex agentes terroristas hay condenados y procesados por la Justicia, pero no es sólo eso. Según se desprende de documentos indubitables, en cuya autoría participó incluso gente de derecha, como el Informe Rettig y como se desprende de modo más concluyente del trabajo investigativo de años de los tribunales y de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, la DINA primero y la CNI después fueron organizaciones terroristas criminales a través de las cuales el Estado de la época ejecutó los crímenes de lesa humanidad que estremecieron al mundo. La sola pertenencia a esas bandas criminales es de por sí presunción grave de culpabilidad. ¿De qué presunción de inocencia hablan?
Las estrechas relaciones y compromisos que ligan al Comandante en Jefe del ejército, Oscar Izurieta con la cúpula de la DINA, develadas por Manuel Contreras, hijo, en recientes cartas, nunca desmentidas, también exigen una aclaración.
Pero la verdad se abrió camino y cuando crecía la indignación por las revelaciones inculpatorias del ejército, el ministro Víctor Montiglio golpeó con su procesamiento a 130 violadores de derechos humanos por los casos de Calle Conferencia, Operación Condor y Operación Colombo. Los hay del ejército, de la armada, de la FACH, de carabineros y de investigaciones. El alto número de procesados resalta el trabajo de tribunales y de la Brigada de DDHH de la PDI que hace posible avanzar en los procesos y capturar a decenas de nuevos delincuentes. Hoy sabemos más de los crímenes de la dictadura de Pinochet. Ahora a luchar por condenas justas.
Por supuesto que entre los nuevos procesados los hay de los contratados por el ejército. Llega la hora de tomarse muy en serio la tarea de democratizar los institutos armados, limitar su excesiva autonomía, terminar con el fraude del 10% del Cobre, depurar sus filas de fascistas y terroristas y reorientar su formación. No hacerlo puede costarle caro a la estabilidad democrática del país y el pueblo chileno no merece que se repitan los crímenes de la derecha y el pinochetismo.
Es sospechoso que el ejército respalde y ampare a peligrosos terroristas y la actitud con que La Moneda y el Ministerio de Defensa enfrentan la situación, ponen al país de cara a un muy delicado escenario en materia de seguridad nacional. Lorena Pizarro tiene toda la razón del mundo cuando se pregunta “¿Quién manda aquí, el gobierno o el ejército?” Esta es una canallada, una provocación inaceptable, un desafío a la transición democrática que supone la sujección del poder militar al poder civil surgido de la voluntad popular. No hay tal.
En rigor, la presunción de inocencia que tan sueltos de cuerpo alegan a favor de los delincuentes los ministros Vidal y Viera Gallo y hasta el propio comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, importa una provocación al sentimiento democrático que anida en la inmensa mayoría de la población chilena. Además es falso porque, como se sabe, entre los ex agentes terroristas hay condenados y procesados por la Justicia, pero no es sólo eso. Según se desprende de documentos indubitables, en cuya autoría participó incluso gente de derecha, como el Informe Rettig y como se desprende de modo más concluyente del trabajo investigativo de años de los tribunales y de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, la DINA primero y la CNI después fueron organizaciones terroristas criminales a través de las cuales el Estado de la época ejecutó los crímenes de lesa humanidad que estremecieron al mundo. La sola pertenencia a esas bandas criminales es de por sí presunción grave de culpabilidad. ¿De qué presunción de inocencia hablan?
Las estrechas relaciones y compromisos que ligan al Comandante en Jefe del ejército, Oscar Izurieta con la cúpula de la DINA, develadas por Manuel Contreras, hijo, en recientes cartas, nunca desmentidas, también exigen una aclaración.
Pero la verdad se abrió camino y cuando crecía la indignación por las revelaciones inculpatorias del ejército, el ministro Víctor Montiglio golpeó con su procesamiento a 130 violadores de derechos humanos por los casos de Calle Conferencia, Operación Condor y Operación Colombo. Los hay del ejército, de la armada, de la FACH, de carabineros y de investigaciones. El alto número de procesados resalta el trabajo de tribunales y de la Brigada de DDHH de la PDI que hace posible avanzar en los procesos y capturar a decenas de nuevos delincuentes. Hoy sabemos más de los crímenes de la dictadura de Pinochet. Ahora a luchar por condenas justas.
Por supuesto que entre los nuevos procesados los hay de los contratados por el ejército. Llega la hora de tomarse muy en serio la tarea de democratizar los institutos armados, limitar su excesiva autonomía, terminar con el fraude del 10% del Cobre, depurar sus filas de fascistas y terroristas y reorientar su formación. No hacerlo puede costarle caro a la estabilidad democrática del país y el pueblo chileno no merece que se repitan los crímenes de la derecha y el pinochetismo.
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