La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos se tomaron las dependencias del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, ya que acusan desidia del Gobierno en dicha materia.
Sostienen que desde que la derecha llegó a La Moneda, el ministro Rodrigo Hinzpeter se ha negado a firmar una decena de querellas que los abogados del organismo tienen listo para presentar en tribunales, además de solicitar en más de cinco oportunidades reunirse con él, sin obtener resultados.
"Nosotros le exigimos al ministro que se haga presente o más bien delegue con una respuesta concreta, nosotros nos vamos a quedar acá porque es inaceptable que se preocupen y hablen de injusticia en un crimen común como el de Jaime Guzmán y para aquellas víctimas de terrorismo de Estado se les ha negado toda posibilidad de saber porqué los mataron y de justicia", indicó su presidenta Alicia Lira.
Por su parte, la directora del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, sostuvo que el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, está en condiciones de recibir a las manifestantes en La Moneda, a cambio de que dejen la toma.
En tanto, la abogada Karina Cerda, tras advertir que probablemente a fines de año serían despedidos los abogados que llevan las causas de las víctimas, declaró que "no se quiere avanzar en las causas".
Según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen hoy penas efectivas. Además de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos, los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
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