Esto, ante la presentación en el Congreso de proyecto de reforma educacional.
Raúl de la Puente sostuvo que el Gobierno "manipuló" las negociaciones.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en voz de su presidente Raúl de la Puente, concreta paro de 48 horas como muestra de rechazo a la última oferta del Gobierno de un 4,2 por ciento de reajuste salarial, en la antesala de su presentación en el Congreso, al cual también se sumó durante la jornada el Colegio de Profesores.
"El Gobierno ha manipulado y demorado las negociaciones. No puede ser posible que La Moneda haya puesto sobre la mesa una cifra menos que la del año pasado y los bonos sean la mitad del año pasado, esa no es la política favorable a los trabajadores", declaró.
Además expresó que "en este minuto tenemos despidos en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en la Presidencia, en Intendencias, Gobernaciones, Sernam, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia de Cooperación Internacional y varios anuncios de despidos se anuncian mañana (miércoles)".
De la Puente expresó que "los ministros no han dado la tranquilidad suficiente. Nosotros estamos defendiendo a los trabajadores bien calificados de acuerdo a las calificaciones que el actual Gobierno ha hecho".
A esta movilización se plegaron la Federación de Profesionales de la Salud (Fenpruss), la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) y la Asociación de Empleados Municipales (Asemuch), alcanzando gran convocatoria en regiones.
"La autoridad ofrece un 3,7 por ciento que es bastante poco a los sueldos que tiene el sector público, que son bastante bajos. En términos reales, en un sueldo de 300.000 pesos estamos hablando de un reajuste de nueve mil pesos, que con el tema previsional, estamos hablando de siete mil pesos y comprenderá que el costo de vida es mucho más alto en regiones que en Santiago", reseñó Nelson Pérez, presidente de la multigremial de funcionarios públicos de Los Lagos.
Como la ANEF rechazó la última propuesta del Gobierno, el proyecto será discutido en el Congreso a partir de la primera oferta realizada, la cual consistía en un reajuste de 3,7 por ciento.
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