CARTA PÚBLICA.

Carmen Soria
Esta es una carta que hoy entregué a la Presidenta, Ministro de Justicia,Ministro de Interior y Subsecretaria de Derechos Humanos, llámese  Lorena Fries, por la dedicación, perseverancia y respeto con el que hacen los acuerdos, les solicito hacerla correr, Gracias¡¡¡

Santiago, 24 de julio de 2017

Señora Verónica Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República de Chile
Presente.

De mi consideración:

Con estupor, indignación y desagrado he tomado conocimiento de una situación que, dada su relevancia y entidad, he dicidido poner directamente en su conocimiento, reclamando, desde ya, una explicación fundada acerca de lo ocurrido.

Como Usted sabe, mi Padre, don Carmelo Soria Espinoza, de doble nacionalidad española y chilena, funcionario internacional de las Naciones Unidas, asignado a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fue víctima de un crimen llevado a cabo por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en el mes de julio de 1976, en la ciudad Santiago.

Mi Padre fue reconocido como víctima de violación a sus derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, según consta en el respectivo informe elaborado por tal comisión.

Además, debo señalar que la causa criminal en la que se investiga el crimen de mi Padre es tramitada actualmente por el Ministro de Fuero Señor Lamberto Cisternas Rocha. Desde que se produjo el crimen en su contra en 1976 y hasta la actualidad, han transcurrido 41 años en que, como familia, múltiples injusticias de este Estado hemos tenido que vivenciar. Una de ellas, es que aún no existe sanción para los criminales.

El año 1997, ante la denegación de Justicia que hemos sufrido y seguimos viviendo, presenté una petición en contra de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha Comisión, el año 1999, dictó un informe categórico en contra del Estado.

El año 2003, quien suscribe y el Estado de Chile convenimos un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión, por la cual, entre otros aspectos, expresa que uno de los elementos de la propuesta de cumplimiento es el siguiente: “f) El Gobierno de Chile presentará ante los Tribunales de Justicia de Chile una solicitud para reabrir el proceso criminal incoado para perseguir la responsabilidad de quienes dieron muerte a don Carmelo Soria Espinoza”. En el referido acuerdo, se agrega: “Las propuestas presentadas por el Gobierno de Chile para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen como objeto poner fin a la controversia que actualmente existe entre el Estado chileno y la familia de don Carmelo Soria Espinoza, expresada en el caso Nº 11.725”.

Por su parte, en lo que se refiere al compromiso que personalmente suscribí y que fue dirigido a la Comisión, informé que tomaba conocimiento de la propuesta de cumplimiento de las recomendaciones del informe 133/99, presentada por el Gobierno de Chile a la Comisión, reconociendo que uno de sus elementos textualmente expresados era el siguiente: “f) El Gobierno de Chile presentará ante los Tribunales de Justicia de Chile una solicitud para reabrir el proceso criminal incoado para perseguir la responsabilidad de quienes dieron muerte a don Carmelo Soria Espinoza”. La propuesta, íntegramente, fue aceptada por mi, pues cumplía con las recomendaciones del informe 133/99, de la Comisión.

A modo de conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de solución amistosa del caso, reconoció la voluntad del Estado chileno de resolver el caso sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través del cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe 133/99, incluyendo el enjuiciamiento y castigo de los responsables de la muerte de mi Padre. Finalmente, la Comisión instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes.

Catorce años ya han transcurrido desde ese acuerdo y el Estado no ha dado cumplimiento a lo que, a mi juicio, es lo más importante: JUSTICIA. Como ya señalé, la causa sigue vigente en los tribunales. Pero también, en tal causa, el Poder Ejecutivo había asumido un rol importantísimo. Porque, precisamente, la forma en que el Gobierno de Chile intervino en los procesos seguidos por la muerte de mi Padre, fue mediante la participación en ellos del Programa de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior. Con todas las dificultades existentes desde esa época y hasta el 31 de diciembre de 2016, pese a esa ausencia de JUSTICIA, dicha institución fue un apoyo en la tramitación de las causas que, desde el año 2015, son una, puesto que la Corte Suprema ordenó la acumulación de ambas.

Hace poco, tomé conocimiento que el Programa de Derechos Humanos antes mencionado fue traspasado desde el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente, a la recientemente creada Subsecretaría de Derechos Humanos. Y la causa de mi Padre, que debía seguir en el Programa de Derechos Humanos, fue remitida al Ministerio del Interior, sin que nadie me informase de tal hecho, ni tampoco me dieron a conocer los motivos de ello, lo cual es una enorme falta de respeto hacia mi familia y a quien escribe por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries Monleon. Reitero, por si alguien lo olvidó, que mi Padre es una víctima reconocida por la Comisión Rettig. Basta con revisar el Informe respectivo.

Hace pocos días, me informó, con cierto asombro, que Luis Correa Bluas, Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, había asumido el caso el 8 de febrero pasado, en representación del Ministro de la cartera, presentado después una acusación particular.

Pero mi mayor sorpresa se produce cuando me entero que el 13 de junio, la Subsecretaria de Derechos Humanos presentó un escrito por el cual solicita hacerse parte en el caso de mi Padre, a lo cual el Ministro Lamberto Cisternas le dice que no, señalando, como fundamentos de su decisión, que ha tenido especialmente presente el estado actual de tramitación de estos antecedentes, que se encuentran en estado de plenario y, por lo tanto, ya determinadas las partes que intervienen en él. Lo anterior, unido al hecho de que son parte activa en esta causa tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La decisión del Ministro no fue impugnada.

Mis cuestionamientos y reproches sobre las actuaciones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos y por el Ministerio del Interior son graves, Presidenta. ¿Por qué no se me informa desde la Subsecretaría mencionada del paso de la causa de mi Padre al Ministerio del Interior? ¿Por qué se ordena el paso de la causa de mi Padre a dicho Ministerio? ¿Quién dispuso que el Programa de Derechos Humanos, organismo especializado en estas temáticas y que fuera un apoyo relevante en la tramitación de los procesos que hoy son uno, se desentendiera de participar en este? ¿Por qué, desde el Ministerio del Interior, nadie toma contacto conmigo para informarme que han asumido el caso? ¿Por qué la Subsecretaria de Derechos Humanos intentó hacerse parte nuevamente en el caso de mi Padre? ¿Por qué, ante la decisión del Ministro, ella no apeló? Creo que merezco las explicaciones del caso, en mi calidad de hija de Carmelo Soria Espinoza.

Agradeciendo su consideración ante esta reclamación y esperando una pronta y fundada respuesta, le saluda cordialmente,

CARMEN SORIA GONZÁLEZ-VERA

Distribución: - Señor Mario Fernández , Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Palacio de la Moneda s/n, , comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana;
- Señor Jaime Campos Quiroga, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Calle Morandé Nº 107, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y,
- Señora Julia Lorena Fries Monleon, Subsecretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Calle Morandé Nº 107, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.
-Medios de prensa varios.