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lunes, 31 de julio de 2017

ESCÁNDALO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LAS FF.AA

Diputado Leonardo Soto: “La derecha quería dejar fuera de la investigación a la familia militar”

A propósito de las cuestionadas pensiones de invalidez en las Fuerzas Armadas ¿Usted no sólo habló de frescura sino de fraude al sistema? 
Los antecedentes que se tienen es que se han entregado pensiones millonarias, de las más altas que entrega el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que corresponden a la categoría de pensiones de invalidez. Estas pensiones son un 50% y hasta un 100% superiores a los sueldos que tienen los mismos funcionarios en servicio activo, es decir, se gana el doble como pensionado por esta causa que lo que ganan los funcionarios del mismo grado equivalente a servicio activo, lo que sin duda es una anomalía inaceptable del sistema. Lo que parece injustificable es que quienes gozan este tipo de pensiones, sobre todo las más altas, los vimos en televisión bastante sanos.
¿Cree que este beneficio ha favorecido a los violadores de derechos humanos? ¿Una suerte de premio a la discreción?
Esa es una tesis que han sostenido los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Tiene sentido en la medida que estos violadores de derechos humanos, por el hecho de haber participado en estos hechos deleznables, les permitieron acogerse con bastante liviandad a una pensión de invalidez, recibiendo un 50% adicional de las pensiones que habrían obtenido si no hubieran estado involucrados en estos crímenes. Estos hechos aparecen, entonces, como un premio, un galardón absolutamente injusto e inmerecido, sobre todo para aquellos que fueron víctimas de estos personajes.
Hay cosas difíciles de justificar. ¿Cómo se explica que el excomandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, haya prácticamente duplicado su pensión luego de su retiro?
Ahí queda en evidencia la manera como se puede obtener un beneficio económico importante utilizando este sistema previsional. El general Ríos pasó a retiro luego de un cuestionamiento durante el gobierno de Ricardo Lagos y, a los pocos años de estar gozando una pensión por causal de retiro, invocó una enfermedad que nadie conoce hasta el día de hoy. La aprobación de la comisión de salud, posterior a su retiro, fue la que le permitió cambiar de categoría de pensionado. Es un abuso inmoral, antiético y que sin duda tiene que ser investigado.
Otra anomalía que más bien parece bluff: ¿Por qué luego de una invalidez declarada estos mismos funcionarios continúan trabajando sin aparentes problemas físicos? 
Ese es el escándalo que hoy en día golpea a la opinión pública ¿Cómo personas que invocaron una condición de discapacidad, declaran después que se encuentran completamente sanos desde el punto de vista físico e intelectual? Son personas que han ingresado a la cárcel u otras que han sobrellevado exigencias laborales mucho más intensas que cuando supuestamente estaban sanos al interior de la institución. Ese es el nudo gordiano de estos abusos y es lo que hay que investigar a fondo.
Esto sí que parece un despropósito: ¿Cómo una persona puede solicitar una pensión después de diez años de su retiro?
Es otro de los beneficios de este sistema diseñado en la dictadura que permite que un funcionario pueda retirarse por antigüedad, y luego de 10 años de su retiro, transformar su pensión por años de servicio en una pensión por invalidez. Y en el caso de lograr hacerlo, puede aumentar su pensión hasta en un 100%. Este privilegio se ha mantenido, desde mi punto de vista, solamente por la complacencia injustificable de todos estos años. Ya es hora que esta democracia tenga la robustez necesaria para enfrentar este sistema de abusos y establecer una reforma profunda e integral.
¿Cómo se atacan estos privilegios de la casta militar?
Hoy en día todo el sistema previsional y de beneficios de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros está en una crisis estructural. Es cosa de analizar los tres episodios de corrupción generalizada del último tiempo. El denominado milicogate, un fraude que parecía ocasional y de un pequeño grupo de militares muy audaces que lograron beneficios indebidos. Luego viene el pacogate, que hoy día está en pleno desarrollo y que tiene una envergadura jamás vista en ningún servicio público chileno. Y este último caso que demuestra una deficiencia estructural en materia previsional en las tres ramas de las fuerzas armadas. Estos tres casos dejan en evidencia la necesidad de realizar una reforma profunda.
¿Qué medidas propone?
Una de las que tiene mayor interés es, sin duda, aquella que implica traspasar todo lo que concierne al otorgamiento, los criterios de asignación y los porcentajes de invalidez en materia de pensiones de las Fuerzas Armadas al mundo civil, es decir, a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) que es el sistema que ocupa el 99% de los chilenos que adolecen de alguna enfermedad invalidante. Lo que es bueno para todos los chilenos, no tiene porqué ser malo para los uniformados. Otra propuesta tiene que ver con que para el cálculo de la pensión de invalidez, no se agreguen las asignaciones ocasionales que reciben los uniformados que abultan la pensión a casi el doble. No se justifica que existan bases de cálculo distintas. Deberían calcularse a base de un sueldo y con un límite donde ninguna pensión por invalidez sea mayor que el sueldo de un funcionario en servicio activo con un nivel jerárquico equivalente.
¿Es cierto que la derecha se opuso a que la investigación se ampliara desde Gendarmería a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas?
En un inicio estas comisiones se iniciaron para responder a la denuncia pública que se hizo en torno a la pensión de la señora Miriam Olate y que dejó de manifiesto los problemas que había en el sistema previsional de Gendarmería. La bancada del partido socialista pidió una comisión investigadora con un objetivo más amplio que el que inicialmente quería la derecha, que era investigar a la señora Olate y los dos últimos años de pensiones otorgadas en Gendarmería. Nosotros presentamos una solicitud incluyendo esa petición, pero ampliándola a 10 años atrás y también incluyendo el sistema de Capredena de las Fuerzas Armadas.
O sea, no querían que se tocara a los militares…
Así es… ellos querían dejar fuera de la investigación a lo que ellos han denominado siempre como la familia militar. Sus razones eran que el sistema previsional de las fuerzas armadas no estaba en tela de juicio ante la opinión pública sino que era Gendarmería. Nosotros argumentamos que en el sistema Capredena existían los mismos espacios para la vulneración del sistema, que también había una falla que incentivaba al abuso. Si había que fiscalizar, había que hacerlo en todo el sistema
Claudio Pizarro 30 Julio, 2017

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