Por: Matías Vallejos | Publicado: 10.12.2020
|Ningún esfuerzo en materia de reparación tiene coherencia, y es inoportuno, si no se inicia por el reconocimiento estatal rotundo de lo que ha sido la brutal respuesta del Estado a las legítimas movilizaciones ocurridas desde el 18 de octubre del 2019 y los crímenes de lesa humanidad, ocurridos tanto en dictadura como en democracia. Sólo así podemos reconstruir una sociedad en paz.
Vivimos un nuevo 10 de diciembre, conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con la muerte de Augusto Pinochet, el violador de derechos humanos más grande de nuestra historia.
Al analizar el tema, es claro que Chile está cautivo de su herencia dictatorial y que el compromiso del país por los derechos humanos es restringido y limitado. Nuestro Estado, mediante y gracias al proceso constituyente, tiene la posibilidad histórica de rechazar toda la institucionalidad impuesta a sangre y fuego durante el periodo más oscuro de nuestra historia reciente. Institucionalidad que ha posibilitado el mantenimiento del arco de vulneraciones a los derechos humanos en el cual nos encontramos.
Nuestro país tiene deudas y compromisos históricos e internacionales en esta materia, que se han ignorado en la historia pasada y reciente, situación que no puede seguir ocurriendo. Por ello, es necesario que se consagre en el centro del quehacer estatal, y de todas las instituciones de la república, el respeto, protección, promoción, satisfacción y garantía de los derechos humanos.
Para ello, se deben incorporar a la nueva Constitución los tratados internacionales ratificados en la materia, posicionándose con rango y jerarquía constitucional. Subordinado de forma categórica al derecho constitucional y sus posibles interpretaciones, al desarrollo y vigencia internacional de los derechos humanos. Es decir, ninguna norma legal interna deberá estar sobre los consensos que hemos logrado.
Por consiguiente, ningún esfuerzo en materia de reparación tiene coherencia, y es inoportuno, si no se inicia por el reconocimiento estatal rotundo de lo que ha sido la brutal respuesta del Estado a las legítimas movilizaciones ocurridas desde el 18 de octubre del 2019 y los crímenes de lesa humanidad, ocurridos tanto en dictadura como en democracia. Sólo así podemos reconstruir una sociedad en paz.
Este acto de honestidad y de reconocimiento posibilitará que se inicie un proceso integral de reparación, no sólo para las víctimas individuales y sus familias, sino también para la sociedad completa.
Las aspiraciones de libertad, verdad, justicia, memoria, reparación integral y garantías de no repetición, debieran estar consagradas y protegidas por el nuevo marco constitucional. Evidenciamos, lamentablemente, que en una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Chile se siguen vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Es por esto que, como Fundación Los Ojos de Chile, nos hemos comprometido a contribuir –desde nuestra vereda– para que el nuevo proceso constitucional ponga fin a toda la herencia dictatorial y así, cómo sociedad, podamos caminar hacia un nuevo Chile, en donde el Estado esté al servicio de garantizar y satisfacer las necesidades, demandas y derechos de su población. En donde tenga la obligación de investigar con diligencia y exhaustividad todos los hechos de violencia; en especial cuando son realizados por sus agentes. En donde haya claros límites al uso legítimo de la fuerza impidiendo su uso excesivo y arbitrario.
Nuestro país ha generado un consenso de término a la actual Carta Fundamental, tras el abrumador triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional, en lo que es la votación más grande de nuestra historia, terminando así el momento destituyente en el que nos encontrábamos y dando paso a un inédito proceso constituyente. Este es el momento para que pongamos las bases del respeto a los derechos de las personas. Esto es lo que necesitamos para ser el país que soñamos. Tenemos un proceso constituyente en curso. No lo desperdiciemos. Es el primero en la historia chilena con participación ciudadana y elección democrática, y el primero en la historia en ser paritario.
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