OPINIÓN

Un Sistema de Inteligencia para el siglo XXI

por Óscar Aranda Mora 3 diciembre, 2020

En la mayoría de estos casos, el Estado ha sido incapaz de contener la violencia. Peor aún, como la violencia muchas veces actúa infiltrando demandas legítimas, la reacción estatal –carente de informaciones– puede atropellar torpemente los derechos de quienes ejercen el de disentir. Así, poseer inteligencia adecuada no solo permite salvaguardar el Estado de derecho, contribuyendo a mantener el orden público, sino que además avala la libre expresión de quienes activa, legítima y pacíficamente se manifiestan, distinguiéndolos de aquellos que se aprovechan del disenso para ejercer la violencia.

Sendas publicaciones de prensa periódicamente reabren la discusión sobre el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Particularmente, en el último tiempo por los trascendidos y desaciertos –y también desacuerdos– entre agencias, varios de ellos referidos a las causas del estallido social del 18-O. Esto refleja las falencias del diseño del SIN, que lesionan su eficacia y eficiencia, y desalientan la cooperación entre sus componentes.

Paradójicamente, el actual Gobierno, que en su proposición programática planteó la necesidad de modernizar el SIN, es al que más le ha afectado carecer de informaciones para diseñar soluciones sobre problemas álgidos como los brotes de violencia social. Esta, de manera creciente, se vive en las calles, a veces disfrazada de demanda política; en La Araucanía, vinculada a reivindicaciones mapuche, a veces con visos de insurgencia; y en las poblaciones y estadios, donde el narcolumpen adquiere cada día más poder ante la mirada atónita y atemorizada de ciudadanos y autoridades comunales.

En la mayoría de estos casos, el Estado ha sido incapaz de contener la violencia. Peor aún, como la violencia muchas veces actúa infiltrando demandas legítimas, la reacción estatal –carente de informaciones– puede atropellar torpemente los derechos de quienes ejercen el de disentir. Así, poseer inteligencia adecuada no solo permite salvaguardar el Estado de derecho, contribuyendo a mantener el orden público, sino que además avala la libre expresión de quienes activa, legítima y pacíficamente se manifiestan, distinguiéndolos de aquellos que se aprovechan del disenso para ejercer la violencia.

Internacionalmente es habitual que las agencias están diseñadas sobre la base de su función, lo que en Chile no ocurre. Prácticamente en todos los países desarrollados hay una agencia de inteligencia, otra de contrainteligencia y –muchas veces– una tercera, de inteligencia técnica, incluyendo las ciberoperaciones. Además de la especialización que esto produce, así se establece un sistema con balances de poder y control entre organizaciones: checks and balances, como dicen los sajones. En Chile poseemos 7 agencias que –en teoría– podrían efectuar todo tipo de actividades. ¿Es lógico, por ejemplo, que 5 agencias chilenas puedan –según la ley– enviar agentes al extranjero y realizar ciberoperaciones?

Actualmente se tramita una reforma al SIN, que fortalece el rol de la ANI y también la coordinación de las agencias de inteligencia. Sin duda este proyecto es beneficioso, pero difícilmente constituye una respuesta óptima a la necesidad de informaciones del Estado. La organización de nuestro actual sistema de inteligencia es una herencia de lo que existía, de facto, a inicios de los 90, sin responder a una asignación racional de recursos y de áreas de responsabilidad que propenda a la eficacia, evite interferencias y estimule la cooperación.

¿Cuáles son las características principales de los sistemas de inteligencia de los países más avanzados en esta materia y a los que Chile debiera parecerse?

Internacionalmente es habitual que las agencias están diseñadas sobre la base de su función, lo que en Chile no ocurre. Prácticamente en todos los países desarrollados hay una agencia de inteligencia, otra de contrainteligencia y –muchas veces– una tercera, de inteligencia técnica, incluyendo las ciberoperaciones. Además de la especialización que esto produce, así se establece un sistema con balances de poder y control entre organizaciones: checks and balances, como dicen los sajones. En Chile poseemos 7 agencias que –en teoría– podrían efectuar todo tipo de actividades. ¿Es lógico, por ejemplo, que 5 agencias chilenas puedan –según la ley– enviar agentes al extranjero y realizar ciberoperaciones?

Otro aspecto generalizado es la existencia de mecanismos efectivos de control democrático, que además de fiscalizar el correcto empleo de los recursos y el respeto de las garantías individuales por parte de los servicios de inteligencia, también participan en la definición de la aceptabilidad de las operaciones. En el Reino Unido, por ejemplo, la luz verde para la realización de las operaciones más sensibles y que podrían comprometer la seguridad nacional, la otorga el Primer Ministro, algo de lo que en Chile estamos a años luz.

Además, no existe aún consenso respecto del rol y funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia. Algunos piensan que solo debiera producir inteligencia de Estado y coordinar el funcionamiento del sistema de inteligencia, mientras que otros postulan que la ANI debiera asemejarse a los servicios de inteligencia de los países desarrollados y realizar operaciones. Esto último exigiría profesionalizar su planta, dotándola de personal de carrera y establecer mecanismos internos de control de confiabilidad, elementos actualmente inexistentes.

Además, cabe preguntarse si la ANI es una organización de inteligencia, de contrainteligencia, o de ciber. Si es operativa, de análisis, de coordinación o de investigación criminal. Etcétera. Me temo que hoy la respuesta sería algo así como “todas las anteriores”, lo que constituye un despropósito, ya que en ninguna parte del mundo existe una organización eficaz con ese alcance de funciones y con los menguados recursos de nuestra ANI.

Como puede verse, es mucho aún lo nos resta para superar la brecha del presente en inteligencia. El actual proyecto de ley no resuelve cabalmente el problema, principalmente porque aún no hay consenso respecto del sistema de inteligencia que el país requiere. Nuestro SIN debiera avanzar hacia un conjunto de organizaciones especializadas por función, sometidas a un control democrático eficaz y bajo la coordinación de un director nacional de inteligencia, designado políticamente, pero sin compartir responsabilidades respecto de la ejecución de operaciones. Falta también un consejo nacional de inteligencia, distinto de las agencias, y que junto al director nacional asesore al Presidente y a los ministros del Interior, de Defensa y de RR.EE.

Zanjar esta discusión sin prejuicios y arribar a acuerdos respecto de nuestro SIN es prioritario para construir soluciones reales en este tema indispensable para Chile. De otra manera, la sociedad continuará viendo con impotencia cómo grupos organizados emplean la violencia para conseguir sus fines frente a un Estado incapaz de garantizar la seguridad de los chilenos. Tal como ha venido siéndolo, lamentablemente.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.