| Miguel Moya / AGENCIA UNOLa sociedad chilena no puede volver a abandonar a los presos políticos, tal como lo hizo durante la transición y debe asumir que los logros del levantamiento social y el mismo proceso constituyente no hubieran sido posible sin la acción comprometida y desinteresada de quienes desarrollaron, al igual que muchxs otrxs, diferentes formas de resistencia y fueron encarceladxs por sus luchas e ideales.
En contextos de alta politización, como lo fue a fines de los 80 y como ha sido tras el levantamiento social del 18 de octubre, es frecuente que la intensidad de la lucha social y política conlleve la radicalización de algunos sectores movilizados, quienes desarrollan acciones de resistencia, violentas o no violentas, que resultan fuertemente transgresoras del orden social y que son objeto de represión y persecución policial y judicial. Pero, como muestra la evidencia nacional e internacional, el encarcelamiento de activistas políticxs y manifestantes es menos un recurso de defensa del orden público que un intento de criminalización y neutralización de la protesta social.
En el contexto chileno de fines de los 80 y comienzos de los 90, mientras se gestaban los acuerdos y procesos institucionales que culminarían en la transición a la democracia, diversas organizaciones revolucionarias mantuvieron acciones armadas, por lo cual fueron perseguidas tanto por la dictadura como por los gobiernos post dictatoriales bajo una lógica común de procedimientos policiales y judiciales ilegales y violaciones a los derechos humanos. Todo lo cual fue apoyado, e incluso incentivado, por los partidos políticos y los medios de comunicación. El resultado de este proceso de persecución, que el historiador Pedro Rosas llamó “la pacificación de los movimientos subversivos”, consistió en el asesinato de varias decenas de militantes de estos grupos y el encarcelamiento de cientos de otrxs.
En ese periodo no hubo mayor reflexión sobre las razones sociopolíticas que favorecieron la emergencia y continuidad de estos grupos, ni sobre los mecanismos de persecución utilizados, en franca transgresión a los derechos humanos y los acuerdos internacionales establecidos sobre el tema. De hecho, les fue negada sistemáticamente la nominación de presxs políticxs, de modo de intentar equipar el accionar de estos grupos con la delincuencia común. Por todo lo anterior es que se puede considerar a estxs presxs como los grandes abandonadxs y excluidxs de la transición a la democracia. En buena parte, porque eran demasiado incómodos para una sociedad manipulada por los partidos políticos y los medios de comunicación, quienes promovían sistemáticamente la despolitización y la criminalización de cualquier disidencia al pacto transicional, y una izquierda demasiado entusiasmada en transar lo que fuera necesario para poder administrar el sistema sociopolítico que heredó de la dictadura.
En el contexto del levantamiento social del 18 de octubre, vuelve a aparecer la problemática de los presxs políticxs, que ya estuvo presente también durante las dos primeras décadas del 2000, afectando principalmente a anarquistas y a mapuches, contra quienes se usaron mecanismos de “pacificación” similares a los ya comentados, además de montajes sistemáticos como mecanismo principal de persecución policial.
En esta ocasión la situación es masiva y afecta sobre todo a jóvenes. Se estima que 2.500 personas han sido encarceladas a lo largo del país en el contexto del levantamiento social, incluidas varias decenas de menores de edad. Una vez más, los sectores movilizados no solamente son objeto de represión, sino también de encarcelamiento, donde los montajes, la tortura y otras violaciones a los derechos humanos (como la suspensión de visitas y condiciones de encierro indignas) son la norma. Al 16 de marzo de 2020, a nivel nacional había 267 adolescentes presos en dependencias del Sename por participar en las manifestaciones tras el 18-O. Hablamos de menores de 17 años. Y desde el inicio de la contingencia sanitaria y hasta la primera semana de abril, se habían solicitado 157 revisiones de internaciones provisorias, de cuales se habían efectuado 151 audiencias y se habían acogido sólo 84 casos, según consigna informe solicitado vía transparencia a la Defensoría de la Niñez en mayo pasado.
Una cifra invisible en los medios, pero que las organizaciones de familiares, amistades y diferentes movimientos sociales, estudiantiles y territoriales han tratado de mantener en el tapete, con un trabajo sistemático de apoyo y difusión en redes, de la realidad en la que se encuentran estos jóvenes.
De hecho, la demanda por la libertad de los presxs políticxs en los territorios se evidencia en cada jornada de protesta y en las actividades culturales, anticarcelarias y antirrepresivas que se organizan y donde se levantan puntos de acopio para ellxs y se realiza propaganda en pro de su libertad.
Esta labor se ha visto reforzada con posterioridad al plebiscito del 25 de octubre pasado, en la medida que resulta inconcebible e intolerable avanzar en el proceso constituyente, mientras las personas encarceladas no sean liberadas. En este sentido, la sociedad chilena no puede volver a abandonar a lxs presxs políticxs tal como lo hizo durante la transición y debe asumir que los logros del levantamiento social y el mismo proceso constituyente no hubieran sido posible sin la acción comprometida y desinteresada de quienes desarrollaron, al igual que muchxs otrxs, diferentes formas de resistencia y fueron encarceladxs por sus luchas e ideales.
Por lo anterior, es imprescindible y urgente que las organizaciones sociales y políticas y la ciudadanía en su conjunto exija su liberación inmediata, a través de una amnistía o cualquier mecanismo que asegure que su liberación se haga efectiva a la brevedad y que incluya absolutamente a todxs los presxs. Dicha solución debiera hacerse extensiva a los presxs políticxs mapuches, quienes también han padecido montajes, procedimientos ilegales, violaciones a los derechos humanos, torturas y asesinatos.
No es posible elaborar una nueva Constitución sin que la justicia y la defensa del derecho a manifestarse sean elementos fundamentales de la misma, por lo que la existencia de presxs políticxs resulta absolutamente inaceptable.
La lucha por su liberación y la crítica al sistema carcelario levanta una discusión relevante para el conjunto de la sociedad: ¿para quién realmente son las prisiones?, ¿para los delincuentes o para quienes luchan contra este sistema? Lo que nos ha dicho hasta ahora el Estado es que cuando los que delinquen pertenecen a la élite, en vez de ir a prisión, reciben sanciones insignificantes e incluso irrisorias, como clases de ética. Cuando quienes delinquen son violadores a los derechos humanos y criminales de lesa humanidad, la amnistía o la libertad vigilada es la respuesta del sistema judicial en gran parte de los casos. Pero cuanto se trata de los presxs políticxs de la revuelta social reciente nos encontramos con adolescentes y jóvenes encarcelados bajo prisión preventiva, muchos sin juicio por más de un año, en absoluta precariedad médica y sanitaria, negación al derecho a visitas o a los cuidados básicos que requiere cualquier ser humano. Y cuando hay condenas, estas son tan descabelladas, como 7 años de prisión por incendiar la banca de una iglesia.
Esta es una problemática grave y urgente, que debe ser solucionada en el más breve plazo y que requiere el mayor apoyo ciudadano posible. Porque, aunque el gobierno lo niegue, así como en dictadura y durante la transición, los presxs políticxs en el Chile de hoy existen y piden justicia.
Roberto Fernández es sicólogo, integrante del Programa Sicología Social de la Memoria, Universidad de Chile, y del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Martín Fernández es estudiante de Enseñanza Media, miembro de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
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