Este miércoles la Sala del Senado procederá a votar el proyecto de ley que entregaría indultos a las personas detenidas durante el Estallido Social, que permanecen en prisión preventiva y en espera de un juicio. De ser rechazada por falta de aprobación, esta se archivaría por un año.
El proyecto pasó a tabla por el accionar de los comités de Chile Vamos, los cuales lo impulsaron como una manera de presionar al presidente y a sus legisladores a tomar una posición concreta sobre el proyecto, esto a pocas semanas del plebiscito de salida del proceso constituyente.
Por su parte, el oficialismo votó en contra de la idea de abordar el tema en el hemiciclo, con la aspiración de que el debate, el cual está en cuarto lugar de prioridad para el miércoles, se postergue hasta tener mínimo un consenso mayor entre el socialismo democrático y el Apruebo Dignidad.
La iniciativa, ingresada en diciembre de 2020 por parlamentarios oficialistas, necesita de un total de 26 votos para su aprobación, y cuenta con el apoyo del gobierno, aun así, existe la duda sobre si esta lograra conseguir el consenso en base a la reticencia que genera en algunos legisladores del sector.
Perspectivas políticas.
De momento no existe un acuerdo en la centroizquierda sobre la materia, con senadores a favor como Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla – ambos del DC – que han incluso participado en la redacción de la iniciativa; y en contra como Ximena Rincón y Matías Walker – También DC – los cuales promueven distintas propuestas para el tema.
Walker, por su parte, comentó al respecto que “nosotros tenemos una propuesta distinta a la del Gobierno (…) Nosotros creemos que la alternativa del indulto o la amnistía no es una buena alternativa, porque borra el delito y el reproche penal a la violencia. En el caso de los condenados, el presidente puede aplicar indultos y estudiar caso a caso, y en base al caso a caso, determinar un indulto particular”.
Por parte del PS, el senador Alfonso De Urresti, señaló que la iniciativa “la hemos respaldado como senadores del PS, creemos que es importante avanzar en la medida. Incluso hicimos una indicación en la comisión de la Constitución”.
“Lo importante es que se tomen todas las medidas necesarias, que exista una política integral para resolver de una vez por todas, los daños y ayudar a las víctimas del estallido (…) Yo creo que es labor del Gobierno ordenar y conseguir una mayoría” agregó el senador.
Táctica política
Juan Ignacio Latorre, senador, presidente de Revolución Democrática y uno de los autores del proyecto, comentó que la acción de presentar el proyecto para su nueva revisión a pocas semanas de la votación del nuevo plebiscito es simplemente una táctica para hacer un punto político de parte de la oposición.
“Más que interesarle el problema de fondo de los presos de la revuelta lo que les interesa es hacer un punto político electoral de cara al plebiscito. El gobierno ya había dicho que están redactando una alternativa a un proyecto que pueda tener más beneficios (…) y que al mismo tiempo tenga más consenso social”, dijo el parlamentario.
De parte de la oposición, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) defendió que el proyecto se esté discutiendo, ya que, a su parecer, es positivo que “se transparente qué es lo que se piensa respecto a acciones de esa naturaleza”.
Según Coloma “hoy día son más complejos, que son los que alteran el orden público y la seguridad de las personas (…) De alguna manera da una lógica de impunidad. Generan precedentes que son muy complejos cuando uno habla de tener una visión más justa respecto de aquellas cosas que tanto nos están afectando a los chilenos”.
Boric y la iniciativa.
El presidente de la república, Gabriel Boric, tras asumir el mando rápidamente aplicó urgencia al proyecto para su aprobación, pero luego de constatar que no existía un apoyo unánime por este, decidió retirar la urgencia hasta que se lograra tener un mayor acuerdo.
Es necesario recordar que, durante su carrera por la presidencia, Boric se mostraba a favor de entregar amnistía, llegando incluso a visitar a distintos presos políticos. De hecho, su jefe de campaña, Giorgio Jackson, afirmaba durante esta que “Las querellas van a ser retiradas en el minuto que Gabriel asuma como presidente. Eso es un compromiso”.
A pesar de esto, el presidente comentó posteriormente que “no era correcto indultar a personas que hayan quemado iglesias, Pymes o saqueado supermercados”. Esto fue incluso presentado en su programa de gobierno cuando incluyó que existía una necesidad de un proyecto “de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad”.
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